El proceso catalán, un desafío ilegal y antidemocrático

Enrique Clemente Navarro
enrique clemente MADRID / LA VOZ

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La opinión de los catalanes

Los soberanistas pretenden que el Parlamento catalán declare la independencia en un acto que ataca el ordenamiento jurídico y se desentiende de la opinión de la mayoría social

31 may 2017 . Actualizado a las 13:42 h.

Los secesionistas están dispuestos a llegar hasta el final en su huida hacia adelante. Conscientes de que su apuesta por el referendo es inviable jurídicamente, preparan un declaración unilateral exprés de independencia por el Parlamento catalán.

¿Sería legal y viable la secesión que pretenden los independentistas?

Los independentistas pretenden crear un Estado independiente a través de un referendo o, en caso de que el Gobierno impida que se celebre, mediante una declaración inmediata del Parlamento catalán. Ambas iniciativas son manifiestamente ilegales. Ni existe el derecho a decidir de los catalanes, ya que corresponde a todos los españoles, ni a la autodeterminación, que la ONU solo reconoce en situaciones de tipo colonial. Por tanto, la independencia es jurídicamente inviable porque atenta contra el artículo 1.2 de la Constitución, que señala que la soberanía reside en el pueblo español, y el 2, que establece la «indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles». La Constitución establece, pues, «la prohibición de la secesión de una parte del territorio nacional», según concluye de forma tajante Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Constitucional de la Universidad de Santiago. Según algunos constitucionalistas, para que un referendo como el que quieren imponer los secesionistas fuera legal tendría que cambiarse de forma sustancial la Constitución, aunque otros expertos tan reputados como Santiago Muñoz Machado consideran que ni siquiera sería posible una reforma para abrir la vía de la escisión, «ya que cualquier decisión que afecte a la unidad y la integridad territorial del Estado supone renunciar al Estado mismo, es el suicidio del Estado. Cegada la vía legal y constitucional solo quedaría la secesión de hecho, tipo Kosovo. Es decir, que la Cataluña independiente nacería sin cobertura legal, como un acto de fuerza.

¿La declaración unilateral tendría respaldo político?

Los que quieren romper con España de forma ilegal están a años luz de tener un respaldo político suficiente para declarar la independencia. Los partidos que la respaldan -la antigua Convergència y ERC, coaligados en Junts pel Sí, y los antisistema de la CUP- tienen la mayoría parlamentaria (72 escaños) frente a la oposición (63), pero se quedaron más de dos puntos por debajo del 50 % de los votos en las últimas elecciones. «La actual mayoría independentista no alcanza el 48 %, y el resto de los ciudadanos se verían arrastrados a las consecuencias que una mayoría parlamentaria habría decidido», explica Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Y concluye: «Una base muy inestable para sostener la independencia declarada». Sin ni siquiera superar esa barrera, acometer tamaño desafío al Estado, romper una historia común de siglos, es no solo una ilegalidad manifiesta sino algo insostenible políticamente y manifiestamente antidemocrático, ridículo si no fuera por la inestabilidad y la división que está generando en la propia Cataluña.

Además, la mayoría secesionista ha impuesto una reforma del reglamento del Parlamento catalán que permitirá la aprobación exprés de la secesión en solo 48 horas y sin que la oposición tenga capacidad de reaccionar. Si es así, afirma Arbós, «sería un desatino» y recuerda que «una decisión de menor alcance, como es la de iniciar una reforma del Estatuto de autonomía, requiere una mayoría de dos tercios». Esa declaración a toda velocidad sería una a burla a las normas básicas de la democracia y del parlamentarismo.

¿Tiene respaldo de la mayoría social?

Claramente no. Sus partidarios no llegaron al 50 % de los votos. Pero las encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, el equivalente al CIS, evidencian que en los últimos meses el apoyo de los catalanes a la independencia está bajando. El último barómetro muestra que los que rechazan la independencia superan en más de cuatro puntos a los partidarios. Y revela también que menos de la cuarta parte de los encuestados se consideran solo catalanes frente a más del 64% que se declararan españoles y catalanes.

La trampa de hacer comparaciones con la vía escocesa

Los independentistas ponen el referendo escocés como ejemplo de lo que debería ser el catalán, pactado con el Estado. Pero obvian interesadamente que los casos catalán y escocés son muy diferentes. En el Reino Unido no hay una Constitución escrita, por lo que el Gobierno, como hizo el de David Cameron, tenía plena capacidad para acordarlo. En España no es posible, porque existe una Carta Magna que no lo permite. Pero, además, en los referendos que se han celebrado en el mundo desde comienzos del siglo XX la independencia se ha aprobado casi siempre con un amplio apoyo. En el 80 % de ellos, la independencia fue refrendada con más del 90 % de los votos y altas participaciones. En la consulta del 9N en Cataluña fue de solo el 34,7 % del censo no oficial de 6.160.522 personas. El 80,7 % de los votantes (1.861.753) lo hicieron a favor de la independencia, solo el 30,2% del censo. Según la ley de ruptura que quieren aplicar, el referendo sería válido con una mayoría simple de los votos, sin ningún porcentaje mínimo de participación. «En un referendo, que siempre debería ser pactado, sería razonable establecer un porcentaje mínimo de participación, que no debería ser más alto que la máxima de la convocatoria electoral precedente ni tan bajo como la participación mínima», señala Arbós. Añade que debería exigirse una «mayoría clara», que estima en la mitad más uno de los votantes, aunque otros especialistas sostienen que tendría que ser al menos del 50% del censo, al ser una decisión trascendental.

Una insurrección que tendría que ser revertida

Para que la independencia ilegal de Cataluña se plasmara de hecho tendría que dejar de aplicarse en Cataluña el ordenamiento jurídico español, incluida la Constitución, lo que supondría que el Estado no pudiera hacer valer su autoridad y las nuevas autoridades fueran las que se impusieran. Esto supondría una insurrección de la Generalitat, que tendría que ser respondido por el Estado para recuperar la legalidad.