El Gobierno garantiza que el referendo anunciado por Puigdemont para el 1 de octubre no se celebrará

Solo moverá ficha cuando se pase «de las palabras a los hechos»

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Madrid / La Voz

El Gobierno hizo ayer un ejercicio de contención para responder con la mayor frialdad y apariencia de normalidad al desafío lanzado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que anunció la convocatoria de un referendo independentista para el próximo 1 de octubre. Aunque el Ejecutivo sigue sin desvelar cómo impedirá que esa consulta se lleve a cabo, garantizó que esta no tendrá lugar en ningún caso. «Puedo decir lo que no va a pasar, no se va a celebrar un referendo ilegal que va contra la Constitución», señaló tras el Consejo de Ministros el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, una vez que el líder catalán desveló, además de la fecha, la pregunta que pretende someter a plebiscito: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». 

Los pensamientos no delinquen

El Gobierno considera que el acto celebrado ayer en Barcelona y el anuncio de la consulta son una «escenificación» que por ahora no tiene ninguna trascendencia jurídica, más allá de considerarla un grave error político. Y, por ello, guarda sus cartas a la espera de que la Generalitat o el Parlamento catalán den un paso que obligue a responder política y jurídicamente, ya que «los anuncios y pensamientos no delinquen». «Cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional», añadió, sin embargo, el portavoz, quien se limitó a descalificar el acto de ayer, tanto por el contenido del discurso de Puigdemont como por el marco elegido, la sede de un Gobierno autonómico que representa a todos los catalanes, incluidos los que rechazan el referendo.

En la defensa de esa propuesta ya solo están, a juicio del Gobierno, «los más radicales, que han fracasado en sus intentos de buscar nuevos aliados». Horas antes, el presidente de la Generalitat y el vicepresidente, Oriol Junqueras, consumaron su órdago en un marco de gran solemnidad, pero con argumentos bastante menos épicos. Junqueras llegó a citar como motivos para la celebración del referendo el fracaso del proyecto Castor, la falta de inversiones en el corredor mediterráneo o la deuda de la Seguridad Social.

Aunque el Ejecutivo elude adelantar acontecimientos, lanzó ayer una primera advertencia a la Generalitat recordando que su obligación es «preservar la neutralidad de los funcionarios catalanes», que no tienen por qué «verse forzados a asumir la responsabilidad en la que otros incurren manteniendo un desafío al Estado de derecho». La actuación de los funcionarios en Cataluña es una de las claves que maneja el Ejecutivo, que confía en que estos no den el paso de involucrarse en la organización de una consulta ilegal que podría acarrearles serias consecuencias jurídicas y profesionales.

El anuncio de Puigdemont y Junqueras no obtuvo el apoyo explícito de ninguno de los cuatro grandes partidos de ámbito nacional, aunque hubo diferentes matices en la respuesta. El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, explicó que los socialistas han venido reiterando «la posición de desacuerdo» con el referendo. «No aceptamos ese desafío, defendemos el Estado de derecho y el límite nuestro es la legalidad», indicó, aunque el PSOE espera que «se abran fórmulas dentro de la legalidad y Cataluña se sienta cómoda dentro de España» antes del 1 de octubre, fecha prevista para la consulta. Al igual que el Gobierno, el PSOE emplazó de nuevo a Puigdemont a defender sus propuestas en el Congreso, «dentro de la mayor normalidad posible». 

Podemos lo ve «legítimo»

Más duro aún se mostró el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien tildó de «perfomance» el anuncio hecho ayer por el líder catalán. «Es la misma historia que el 9N para tapar la corrupción del 3 %; el anuncio de una no consulta, ya que hasta Puigdemont y Junqueras saben que el referendo no se va a celebrar», señaló. Rivera consideró que el paso dado por el presidente catalán es el preludio de unas elecciones anticipadas que «pongan fin al procés» y animó al Gobierno a que «haga su trabajo» y utilice todos los mecanismos legales a su alcance para «hacer cumplir la Constitución».

Algo más ambigua fue la respuesta de Podemos, cuyo secretario de análisis estratégico, Íñigo Errejón, afirmó que el referendo unilateral que anuncia Puigdemont es «legítimo», pero puso en duda su validez y consideró que no será «efectivo». Precisó que la posición de Podemos no supone un «rechazo explícito» a la consulta, aunque no lo considera un «referendo», porque para ello tendría que contar con reconocimiento internacional y ser fruto de un acuerdo entre el Gobierno catalán y el central para consultar a los catalanes. «Tengo dudas sobre si va a solucionar en algo el problema de Cataluña», añadió. «¿Es legítimo? Sí. ¿Condenable? No. Pero efectivo, tampoco», concluyó, en un intento de aclarar la posición.

Desde Cataluña, el líder del PSC, Miquel Iceta, afirmó que ningún cargo electo socialista apoyará un referendo unilateral y advirtió a la Generalitat de que «situar a las instituciones fuera de la ley es una irresponsabilidad gravísima». Y el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, reclamó a Puigdemont que «ponga las urnas», pero no para celebrar un referendo sino para convocar de forma urgente unas elecciones autonómicas. «No han tomado ninguna decisión porque no se atreven, porque saben que la decisión que quieren tomar es ilegal y tiene consecuencias; pero sí quieren dar apariencia de que la han tomado», señaló sobre el anuncio realizado ayer. 

Los funcionarios piden protección

Empleados públicos de Cataluña han trasladado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) su preocupación por el referendo y han reclamado protección ante la posibilidad de recibir órdenes de sus superiores de legalidad cuestionable. La organización va a divulgar un protocolo para que los funcionarios pidan por escrito los mandatos y dejen constancia de sus dudas. El Gobierno también recordó a la Generalitat su obligación de preservar «la neutralidad» de este colectivo.

El fiscal general argumenta que los meros «deseos» no son suficientes para actuar

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, destacó ayer que los «deseos» no bastan para que la Fiscalía actúe en contra de la convocatoria de referendo de independencia anunciado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, para el día 1 del próximo mes de octubre porque, de momento, solo ha sido un anuncio.

Maza señaló que la institución que dirige no se pronuncia sobre «propósitos, declaraciones y manifestaciones». En este sentido, explicó que las «meras opiniones que se viertan por ahí o deseos» no son suficientes para que el ministerio público denuncie esta situación, ya que, según precisó, «de momento solo ha sido un anuncio». Pero recalcó que si «llegado el momento» se encuentra «algo valorable» que el ministerio público deba poner en conocimiento de los tribunales, entonces actuará «con toda energía y en defensa de la legalidad». «Esperemos a ver qué pasa», concluyó.

Feijoo califica la convocatoria de «anticonstitucional y producto de un delirio político»

Para Alberto Núñez Feijoo, la convocatoria del referendo sobre la independencia de Cataluña para el domingo 1 de octubre es una decisión «clara y contundentemente anticonstitucional» y «producto de un delirio político» en el que «los políticos catalanes están sumergiendo a la sociedad catalana». El presidente de la Xunta señaló que «del mismo modo que el Tribunal Constitucional le acaba de decir al Gobierno constitucional español que no puede utilizar un real decreto ley para cuestiones tributarias, ese mismo tribunal actuará con independencia para recordar que nadie está por encima de la Constitución».

«Estoy convencido de que los ciudadanos de Cataluña serán los primeros en darse de cuenta de que el delirio político de los actuales dirigentes de la Generalitat no puede perjudicarlos todavía más convocando algo que no se va a realizar, que va en contra de la convivencia y del Estado de derecho», manifestó. Según Feijoo, «cuando los políticos son los primeros que incumplen las leyes» el pueblo debe «poder votar» y «reflejar en las urnas la indignación que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña tienen en este momento». «Decir que, en este momento, un político en su sano juicio puede plantear una república dentro de una comunidad autónoma es simplemente provocar sonrisas en todas las capitales europeas y también en el resto de España», concluyó.

El BNG mostró su apoyo al referendo, porque considera que «a posibilidade de expresar e materializar as distintas opinións políticas é un principio fundamental e imprescindíbel en calquera sociedade democrática». 

Fernández Vara pide gestos

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, aseguró que, ante la situación actual, «España debe tener algún gesto», que a su juicio «pasa como mínimo» por «devolverle a Cataluña el Estatuto que fue anulado por el Tribunal Constitucional».

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, hizo un llamamiento a los andaluces para que defiendan el Estado de derecho frente a los que pretenden «saltarse la ley y romper la convivencia». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó que el Gobierno pondrá en marcha los mecanismos que le dan el Estado de derecho y la Constitución para evitar el «desafío» independentista en Cataluña.

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