El soberanismo declarará la secesión en 48 horas si hay referendo y lo gana
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Puigdemont afirma que el 1-O no habrá choque de trenes: «Uno quedará en vía muerta»
05 jul 2017 . Actualizado a las 10:36 h.Cinco años después de poner en marcha el denominado procés, y a menos de tres meses del 1 de octubre, fecha anunciada para celebrar un referendo unilateral de independencia declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, Junts pel Sí y la CUP presentaron en el Parlamento catalán la ley de referendo.
Una redacción que no solo vulnera de forma flagrante las leyes y la Constitución españolas, sino que plantea además la aprobación, previsiblemente a finales de agosto, de una llamada «ley suprema» que prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica española que pueda contradecirla. Con esa artimaña política pretenden garantizar la seguridad legal de todos los cargos públicos que colaboren en la celebración de la consulta.
«No habrá ningún choque de trenes», afirmó el presidente catalán, Carles Puigdemont, porque «un tren del statu quo quedará en vía muerta y el otro continuará la marcha». «No podrán actuar contra las personas», clamó, y llamó a los catalanes a no «desertar de la democracia», porque «rendirnos o resignarnos llevará a pagar un precio más alto en las generaciones futuras».
Según los planes secesionistas, la aprobación de esa «ley suprema» establecerá un «régimen jurídico excepcional» que permitirá celebrar un «referendo vinculante» que, en caso de obtener el voto mayoritario a favor de la secesión, daría lugar a la proclamación inmediata de la independencia y la república catalana en un máximo de 48 horas, abriéndose a continuación un proceso constituyente. Los redactores de la norma no especifican qué porcentaje de participación mínimo en el referendo sería necesario para considerar que fuera vinculante. Y, para superar la contradicción de que una ley aprobada por el Parlamento autonómico, y que por tanto forma parte del ordenamiento jurídico español, prevalezca sobre la Constitución española se invoca el derecho de autodeterminación reconocido por la ONU -aunque solo se contemple para casos coloniales-, la legislación del Tribunal de la Haya y hasta la opinión de la Corte Suprema de Canadá, pese a que los responsables de Junts pel Sí y la CUP admitieron que se trata de un acto de «desobediencia».
La ley de referendo fue presentada en el Parlamento catalán de viva voz para impedir que un texto escrito pudiera ser anulado de inmediato por el Tribunal Constitucional. Toda la oposición, a excepción de tres diputados de Podemos y uno de EUiA, decidió no acudir a ese acto, al rechazar un referendo ilegal.
El censo para celebrar esa consulta lo elaborará el Gobierno catalán y será ratificado por la Sindicatura Electoral de Cataluña, que se creará como órgano independiente y estará formado por cinco juristas o politólogos. Lo cierto es que, al plantearse la elección de sus miembros por mayoría absoluta del Parlamento catalán, bastarán los votos de Junts pel Sí y de la CUP para designarlos. Los miembros de las mesas electorales se escogerán por sorteo y su presencia el día de la votación será «obligatoria», aunque no se especifica qué les ocurrirá a quienes se nieguen a colaborar. En los municipios que no cedan locales para la consulta, la Generalitat habilitará otros alternativos.
Los puntos destacados
El texto cuenta con una exposición de motivos o preámbulo, 34 artículos distribuidos en seis títulos, una disposición adicional y dos disposiciones finales.
Soberanía
La soberanía es del pueblo catalán. Esta «prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto» y todos aquellos que participan de su organización quedan «amparados» por el principio soberano.
La pregunta
«¿Queréis que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?»
Resultado
La victoria del sí supondría la declaración inmediata de independencia por parte del Parlamento, mientras que el triunfo del no «implicará la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas».
Mesas electorales
Se establece que las integren tres miembros, un presidente y dos vocales, «cargos obligatorios» que serán designados por sorteo público.
El censo electoral
Lo elaborará el Gobierno de la Generalitat y no la Oficina del Censo Electoral, encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del Gobierno central.
El papel de los ayuntamientos
En cualquier elección es inimaginable que los ayuntamientos no cedan locales, pero la ley catalana del referendo sí prevé ese escenario. En esos casos, que es previsible que se den en distintas zonas de Cataluña no nacionalistas, la Generalitat habilitará locales alternativos distintos de los municipales.
