Crece el desafío interno a Puigdemont e Iglesias desautoriza a su dirección catalana
08 jul 2017 . Actualizado a las 00:10 h.La cercanía del 1 de octubre, fecha anunciada por los independentistas catalanes para la celebración del referendo secesionista, está provocando fuertes disensiones no solo en el PDECat, en donde el sector más moderado de la formación está desafiando abiertamente el órdago del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sino también en Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias, desautorizó a la dirección del partido en Cataluña por llamar a la participación en una consulta en la que la consigna de la cúpula nacional de la formación es la abstención, al considerar que se trataría de un referendo sin garantías suficientes para ejercer el derecho a decidir.
Tras la destitución del consejero catalán de Empresa Jordi Baiget, fulminado por poner en duda que pueda llegar a realizarse la consulta, el viernes fue la presidenta del Consell Nacional del PDECat y alcaldesa de Sant Cugat (Barcelona), Mercè Conesa, la que se desmarcó de los planes de Puigdemont y consideró «muy difícil» que el presidente catalán lleve adelante el referendo. «Nos podríamos llegar a encontrar con un callejón sin salida», explicó la también presidenta de la Diputación de Barcelona, porque «no sabemos en este momento adónde llegaremos».
Conesa salió en defensa del consejero destituido, al que trasladó todo su apoyo, y aseguró que Baiget, destacado miembro del PDECat, «no expresa nada que no se hayan planteado muchas personas». «Estamos en una situación de altísima complejidad y es absolutamente legítimo que haya personas que se planteen dudas», señaló.
Iglesias: «Yo no votaría»
Aún más clara es la fractura entre la cúpula nacional de Podemos y su dirección en Cataluña, que ha anunciado que participará «activamente en la convocatoria» al entender que se trata de una «movilización políticamente legítima», aunque no se considere vinculante, según consta en un documento aprobado por el Consejo Ciudadano de Podemos en Cataluña. Esa posición choca abiertamente con la posición fijada por Pablo Iglesias, cuya consigna es que los votantes de Podemos no participen en el referendo. «Si yo fuera catalán no participaría en la consulta de Puigdemont», aseguró el líder del partido morado tras conocer la posición de la dirección catalana de Podemos. El secretario de Organización, Pablo Echenique, había utilizado también esa misma fórmula, la de asegurar que si él fuera catalán no votaría, para fijar la posición oficial del partido. «Tenemos que respetar las decisiones de los órganos, pero nuestra posición es clara. Nosotros estamos con Xavi Domènech y Ada Colau, que han planteado lo sensato: el 1 de octubre puede ser una movilización legítima pero eso no es el ejercicio del derecho a decidir mediante un referendo con garantías y eficacia jurídica», explicó Iglesias para tratar de evidenciar que hay destacados dirigentes del partido y de sus confluencias en Cataluña que secundan su postura.
El secretario general de Podemos en Cataluña, Dante Fachin, explicó sin embargo que Podemos hará una campaña activa llamando «a la participación masiva» en el referendo, aunque no se posicionará en favor del sí o del no. «No somos un partido independentista», señaló Fachin, que apeló al espíritu del 15M para presentar la consulta como un «elemento de protesta ciudadana contra el inmovilismo y el autoritarismo» del Gobierno de Rajoy.
El Gobierno recuerda que quien no dialoga es la Generalitat
G. B.
Mariano Rajoy está satisfecho con el resultado de su entrevista con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero no tanto con la interpretación de la misma que hizo la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, que advirtió tras el encuentro que si el jefe del Ejecutivo no abre un diálogo con el presidente catalán, Carles Puigdemont, será Sánchez quien tome la iniciativa legislativa en el Congreso para desbloquear la situación. El Gobierno trató de sacudirse esa imagen de inmovilismo y falta de diálogo y, por boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, cargó la responsabilidad en Puigdemont porque «supedita todo el diálogo a que se celebre un referendo» y en ese escenario es «muy difícil llegar a ningún tipo de acuerdo». «Para bailar el tango hacen falta dos. Si la otra parte no quiere es muy difícil dialogar aunque una parte tenga absoluta predisposición», explicó el portavoz, que reveló también que Sánchez no aclaró ante Rajoy ninguna posible medida legislativa que pueda impulsar el PSOE. Aseguró que el Gobierno está dispuesto a «escucharlas», pero recomendó al PSOE y al resto de partidos «no hablar en abstracto» sobre soluciones al problema catalán. Llamó a la «racionalidad» a Puigdemont y le acusó de querer someter a la mayoría de los catalanes «a los dictados de una minoría que ha perdido el sentido de las cosas» y «ni siquiera escucha» a sus propias instituciones.
Tampoco ha gustado en Moncloa que Robles pusiera énfasis en que el PSOE no aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un tema que no se trató en la reunión. «No voy a entrar en qué medidas tomará el Gobierno porque las medidas se corresponderán con lo que lleven a cabo los secesionistas», señaló Méndez de Vigo, que rehusó hablar de «futuribles». El propio portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, matizó a Robles y aseguró que están en este asunto del lado de Rajoy porque el presidente «no es partidario» de aplicar el artículo 155 de la Constitución para forzar a las autoridades catalanas al cumplimiento de la ley. Puente precisó que «todos» están de acuerdo en que sería la «solución más extrema» que prevé la Constitución, pero «lo más deseable sería no tener que aplicarla».
Puigdemont advierte de que la hacienda catalana ya está lista
c. r.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó que la agencia tributaria catalana está «a punto» para asumir, «cuando sea necesario, los impuestos que todavía pasan por la hacienda española». Puigdemont, tras firmar un convenio con las diputaciones catalanas en materia fiscal, dio por terminada la primera fase de «construcción de la nueva hacienda catalana», según la cual la Generalitat pasará a gestionar el 100 % de los impuestos sobre los que tiene competencias autonómicas, que en estos momentos se sitúan en torno al 10 % del total.
Se da la circunstancia, de que mientras el Gobierno catalán pide la plena soberanía fiscal, en la actualidad ni siquiera asume el conjunto de funciones fiscales que tiene asignadas en materia de tributos en virtud de sus competencias autonómicas. Por ejemplo, mantiene externalizados a los registradores de la propiedad -que dependen del Ministerio de Justicia- la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el de sucesiones y donaciones. Una contradicción para un Gobierno que advierte de que la independencia está a la vuelta de la esquina y con la que quiere acabar el titular de Economía, Oriol Junqueras, que en las últimas semanas ha presentado un nuevo sistema informático y ha ampliado el personal de la agencia tributaria catalana, con el objetivo de que a partir del 1 de septiembre Cataluña gestione todos los impuestos que tiene cedidos y se sitúe, según dijo ayer el presidente de la Generalitat, en el «camino» hacia «una Hacienda catalana completa».
La Generalitat reclama desde el año 2012 la plena soberanía fiscal, pacto fiscal, según la denominó Artur Mas, y entre los objetivos de la presente legislatura se encuentra la creación de una Hacienda catalana.
Vulnera el estado de derecho
Mientras, un día después de que el Consejo de Garantías Estatutarias, el Constitucional catalán, cuestionara el procedimiento que quieren seguir los independentistas para aprobar la ley del referendo de manera urgente, al «vulnerar» la Constitución y el Estatuto catalán, Puigdemont afirmó que este organismo «nos marca una guía de conducta, que siempre buscamos la manera de cumplir». El presidente de la Generalitat también reprochó al Gobierno central que «se apoye en las cloacas del Estado para vulnerar el Estado de derecho».