El Pacto por la Educación, la primera asignatura para los políticos en el inicio de curso educativo

El curso escolar 2017-2018 arranca esta semana en varias comunidades autónomas, en medio de la incertidumbre acerca de si se alcanzará o no en los próximos meses el Pacto Social y Político por la Educación que los grupos parlamentarios negocian en el Congreso de los Diputados desde hace más de ocho meses. La «vuelta al cole», que será escalonada por autonomías y etapas educativas, no lo será solo para los más de 8 millones de alumnos y los casi 700.000 profesores que vuelven a las clases: también los políticos se incorporan a sus escaños para dar cumplimiento al compromiso adquirido con la sociedad española de lograr el consenso en materia de educación.

Representantes de la comunidad educativa, que han vertido sus propuestas en más de ochenta comparecencias en la Comisión de Educación, están ahora a la espera de ver qué hacen con ellas los grupos del Congreso. Además, los consejeros de Educación autonómicos tienen que hacer sus aportaciones este mes de septiembre en el Senado. Cuando finalicen las comparecencias, los diputados de la Subcomisión parlamentaria tienen el cometido de redactar un documento de mínimos para enviárselo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo responsable, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido a tomarlo como base para la redacción de una nueva ley educativa, la octava de la democracia, con la diferencia de que esta sería, en principio, el resultado de un consenso previo social y político.

El Artículo 27

Los seis primeros meses de comparecencias de expertos y representantes de organizaciones educativas --patronales, padres, profesores, sindicatos, alumnos-- han servido a los portavoces parlamentarios para manifestar su opinión sobre determinados temas.

El que más debate ha suscitado, y sobre el que parece que hay una gran divergencia de posturas, se centra en la interpretación del artículo 27 de la Constitución Española sobre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y cómo se aplica este principio en la defensa o no de la red concertada. Mientras para el PP el artículo 27 es su principal «línea roja» en las negociaciones, y señala que la existencia de la concertada responde a este derecho constitucional porque la demandan las familias, Podemos y PSOE acusan a los «populares» de hacer una lectura sesgada de la Carta Magna. Ambas formaciones quieren reducir la oferta de conciertos y, en concreto, Podemos quiere su desaparición. Para Ciudadanos, el debate no es tal y defiende la coexistencia de la red pública y la concertada, pero le parece que lo que hay que abordar es el modelo de financiación de esta última.

Antes de que el Congreso fije el calendario de trabajo de la Subcomisión para el Pacto, el PSOE ha salido de forma anticipada a escena para anunciar un «otoño calentito» con varias iniciativas legislativas, sin esperar a debatirlas en el foro que esta formación política junto con PP y Ciudadanos se han dado para reformar el sistema educativo. Los socialistas creen que sus proposiciones de ley, relativas a limitar los conciertos o quitar el carácter evaluable a la asignatura de Religión, entre otras, son compatibles con los trabajos para el Pacto, y han defendido que son temas que requieren de cierta urgencia para evitar los «efectos devastadores» de la LOMCE. Este anuncio ha sido duramente contestado por Cs que ha acusado al PSOE de «irresponsable» y le ha pedido «lealtad».

Otra de las polémicas del nuevo curso se centrará en la Comunidad Valenciana, con motivo de la suspensión cautelar del «decreto de plurilingüismo» aprobado por el Ejecutivo de Ximo Puig (PSOE-Compomís) y recurrido por la Diputación de Alicante (PP), y la aprobación el pasado viernes 1 de septiembre de un nuevo decreto ley, que esquiva la decisión judicial, y que va a afectar sólo a los alumnos de tres años.

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