Junts Pel Sí y la CUP piden cambiar el orden del día del pleno para aprobar la ley del referendo catalán

La presidenta del Parlament ha pedido la recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por su «falta de imparcialidad» y para «garantizar» su derecho de defensa

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Barcelona

Junts Pel Sí (JxSí) y la CUP han pedido una alteración del orden del día del pleno del Parlament para que se debata y vote hoy la ley del referendo catalán (para convocar, organizar y celebrar esta votación el 1 de octubre), con solo dos horas de margen para que los grupos presenten enmiendas, una solicitud que han realizado esgrimiendo el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara.

La encargada de pedirlo ha sido la portavoz de JxSí en el Parlament, Marta Rovira, que ha pedido la palabra justo al abrirse el pleno a las 10.15. Rovira ha defendido que el derecho de autodeterminación es un derecho que le pertenece a Cataluña como «nación», y ha considerado que el Estado de respetar y proteger este derecho. Además, ha invocado el artículo 81.3 del reglamento de la Cámara, que permite a los partidos independentistas cambiar el orden del día del pleno ya que tienen la mayoría absoluta para hacerlo. 

La Mesa del Parlamento catalán ha admitido hoy a trámite la ley del referendo con los votos de la mayoría independentista de Junts pel Sí (JxSí), el apoyo de CSQEP y el rechazo de Ciudadanos y del PSC. En una reunión extraordinaria celebrada antes del inicio del pleno del Parlamento, la Mesa ha dado así luz verde a la tramitación de la proposición de ley del referendo de Junts pel Sí y la CUP que, previsiblemente, será aprobada hoy y que pretende dar amparo legal a la consulta prevista para el 1 de octubre.

Ciudadanos y el PSC, por su parte, han solicitado a la Mesa que reconsidere su decisión. Además, lo socialistas catalanes ha registrado también una solicitud de informe al Consejo de Garantías Estatutarias para que se pronuncie sobre la adecuación del contenido de la Ley del Referendo a la Constitución y al Estatut, ya que los socialistas entienden que esta norma escapa al marco competencial de la Generalitat.

Con esta petición de reconsideración, Ciudadanos y PSC quieren que haya un receso en el pleno para poder volver a debatir la tramitación de la Ley del referendo, aunque previsiblemente si se reúne de nuevo la Mesa será rechazada la solicitud de estos dos grupos como ha sucedido anteriormente con otras iniciativas soberanistas.

Los dos grupos independentistas presentaron la solicitud, que solo hace referencia a la ley del referendo y no a la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, poco antes de que la Mesa se reuniera de forma extraordinaria antes de que arrancara el pleno del Parlament. Según fuentes parlamentarias de Junts pel Sí, lo hicieronpara «asumir la responsabilidad política» de la admisión a trámite de esta ley.

En su escrito, Junts pel Sí y la CUP solicitan que, de acuerdo al artículo 37 del reglamento de la cámara catalana, se proceda a «cualificar y admitir a trámite» la proposición de ley del referendo de autodeterminación en «trámite de urgencia extraordinaria».  Si bien en esta solicitud no aparece la ley de «desconexión» con el Estado, las mismas fuentes aseguran que ello «no descarta» que no se pueda aprobar en el pleno de esta semana o en el convocado de forma extraordinaria para el próximo viernes, 8 de septiembre: «paso a paso», señalan.

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido hoy la recusación de los doce miembros del Tribunal Constitucional por su «falta de imparcialidad» y para «garantizar» su derecho de defensa, una iniciativa que pretende paralizar todo procedimiento de «excepción» hacia ella o la cámara. Fuentes del Constitucional han confirmado la recepción de la recusación, que están analizando. Minutos antes de que se iniciara el pleno, Forcadell hizo pública su decisión a través de Twitter.

Se sabe que la Generalitat tiene la determinación de celebrar la consulta y que el Gobierno la tiene para impedirlo, pero al margen de estos dos grandes planteamientos poco más se sabe acerca del cómo se va a hacer.

Es un juego táctico entre los cuatro protagonistas, que saben que cualquier paso en falso puede desmoronar una estrategia diseñada hasta el último detalle durante meses en el Palau de la Generalitat y la Moncloa. El Ejecutivo de Puigdemont lleva la iniciativa porque quiere llegar al referendo del 1 de octubre. El Gobierno de Mariano Rajoy se mueve a rebufo de los pasos que dan los soberanistas. Todo en secreto. El Parlamento de Cataluña: La Mesa de la Cámara catalana rehusó hoy por cuarta vez aprobar la tramitación de la ley del referendo registrada el pasado 31 de julio por Junts pel Sí y la CUP. Esta elusión impide que el Constitucional suspenda su debate, pero también evita que el asunto esté en el orden del día del pleno de mañana.

Será una ausencia momentánea porque con que dos grupos lo pidan en cualquier momento del pleno, que lo harán, se incorporaría. Aquí entraría en juego la reforma del reglamento del Parlament, anulada por la corte constitucional, que permite la tramitación exprés de la proposición de ley. De esa manera, la norma que regulará la consulta del 1 de octubre se aprobaría en una sola jornada. Aunque en Junts pel Sí dan por hecho que todo se cocinará hoy, la seguridad no es absoluta porque cabe la posibilidad de que el debate de la ley del referendo se deje para el jueves. 

Todos esconden sus cartas ante el día D

Ramón Gorriarán
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Los secesionistas ocultan el momento, que será esta semana, en que aprobarán la ley del referendo y convocarán la consulta ilegal, para entorpecer la respuesta del Gobierno y del Constitucional

El Gobierno catalán, el Parlamento autonómico, el Ejecutivo central y el Tribunal Constitucional juegan una partida de póquer político en la que esconden con celo sus cartas. El proceso soberanista de Cataluña va a entrar hoy en ebullición con la probable, que no segura, aprobación de la ley del referendo, pero todo es oscuridad sobre los detalles. Se sabe que la Generalitat tiene la determinación de intentar celebrar la consulta y que el Gobierno la tiene de impedirlo, pero al margen de estos dos grandes planteamientos poco más se sabe acerca del cómo se va a hacer, tanto lo uno como lo otro.

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