Rajoy se mueve ya para que el Constitucional anule la consulta ilegal convocada anoche por el Gobierno catalán e insta a abrir la vía penal por la tramitación de la ley del referendo
07 sep 2017 . Actualizado a las 07:58 h.El independentismo catalán cruzó ayer la última frontera y consumó su intento de golpe a la Constitución, al Estatuto catalán, al Tribunal Constitucional y al propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña al aprobar con los únicos votos de Junts pel Sí y la CUP la ley de referendo en el Parlamento catalán -en contra del criterio del los letrados de la Cámara, que advirtieron a la Mesa de que tramitar esa norma implicaba desobedecer al Constitucional-, y convocar de inmediato, con la firma de todos los consejeros del Gobierno catalán, la ilegal consulta independentista tras una reunión del Ejecutivo autonómico celebrada en la Cámara regional. Frente a ese atropello a la legalidad, el Gobierno puso en marcha la maquinaria jurídica para impedir que el referendo independentista llegue a celebrarse.
Respuesta del Gobierno
Recurso. Como primera medida, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó a través de la Abogacía del Estado un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional para que ejecute el fallo que emitió en su día contra todas las actuaciones tendentes a facilitar la celebración de la ilegal consulta secesionista y declare «nulos y sin efecto los acuerdos adoptados». El Gobierno reclama además que se actúe penalmente contra la presidenta del Parlamento catalán y expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, y contra otros cuatro componentes de la Mesa de la Cámara que votaron a favor de tramitar la ley de referendo sabiendo que era algo expresamente prohibido por el alto tribunal, por la comisión de dos posibles delitos de prevaricación y desobediencia.
Constitucional
Hoy, reunión decisiva. El Tribunal Constitucional deberá resolver hoy todas estas cuestiones en una sesión convocada a partir de las diez de la mañana, dado que suspendió la que celebró ayer sin abordar ningún asunto referente a Cataluña. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció por la mañana en la Moncloa para explicar las iniciativas del Ejecutivo y avanzó que el Consejo de Ministros se reunirá hoy de manera extraordinaria, dado que para presentar el incidente de ejecución de sentencia no era necesario que lo hiciera ayer. Sí será imprescindible que lo haga hoy para actuar contra la aprobación de la ley de referendo y previsiblemente contra la convocatoria de la consulta, que podría generar acciones legales contra Puigdemont y los consejeros que la firman. Algo que requerirá presentar nuevos recursos al Constitucional y un informe previo del Consejo de Estado, que el Gobierno ya solicitó anoche y que se emitirá hoy en tiempo récord. Una vez que cuente con ese preceptivo informe, Rajoy reunirá a sus ministros y presentará los recursos. «Vamos a defender la Constitución, la democracia y las libertades», afirmó Sáenz de Santamaría, que pidió «tranquilidad» a los catalanes frente a lo que consideró una «patada a la democracia y a la decencia política».
Tensa sesión
Protestas de la oposición. En una tensa, bronca y maratoniana sesión parlamentaria, caótica por momentos, Junts pel Sí y la CUP impusieron primero su mayoría, en contra de las protestas del resto de los grupos, para aprobar tanto la admisión a trámite de la ley de referendo como la exención de los trámites requeridos para sacarla adelante, lo que de facto privaba a la oposición de cualquier opción de frenarla. El propio secretario general del Parlamento autonómico, Xavier Muro, se negó a publicar la proposición de ley del referendo en el boletín oficial de la Cámara catalana (BOPC) y dio órdenes a los letrados de la cámara de que tampoco lo hicieran, advirtiendo de su manifiesta ilegalidad. Pero, dispuesta a que la polémica ley saliera adelante como fuera, Forcadell ignoró el aviso y se encargó de publicarla personalmente desde su ordenador, algo que fue considerado antirreglamentario por la oposición. El PSC anunció incluso que recurrirá ante el Constitucional la vulneración de sus derechos.
La bronca fue en aumento cuando la presidenta de la Cámara anunció que los grupos no podrían solicitar el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), al contrario de lo que ocurre con todas las demás normas, y que tendrían un tiempo de solo dos horas, plazo que luego se amplió, para presentar sus enmiendas al articulado de una ley que acababan de conocer en ese momento. El propio Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, equivalente a un tribunal constitucional autonómico, se reunió ayer en pleno y dio la razón a la oposición en un escrito elaborado en respuesta al requerimiento del PSC y de Ciudadanos en el que advierte de que los partidos tienen derecho a pedir un dictamen sobre la legalidad de cualquier propuesta de ley y de que su informe es «preceptivo» y constituye un «elemento esencial e inexcusable del procedimiento legislativo asegurado por la Constitución y el Estatut». Pero, ignorando de nuevo todas las advertencias, la respuesta de Junts pel Sí, fue decir que el CGE «no tiene competencia para dictar resoluciones que puedan obligar al pleno a realizar lo que consideren» y que la ley de referendo no es recurrible.
Votación
Ciudadanos, PSC y PP se ausentan. Forcadell impuso una votación sobre la admisión a trámite de la ley, que suponía el inicio de un proceso declarado ilegal por el Constitucional, que fue aprobada por 72 votos a favor, 60 en contra y 3 abstenciones de Catalunya Sí que es Pot, en la que se integra Podemos, que evidenciaron la fractura interna de este grupo. Tras un atropellado debate, la ley se aprobó finalmente con 72 votos a favor (Junts pel Sí y la CUP), 11 abstenciones (Catalunya Sí que es Pot) y ninguno en contra, en una votación de la que se ausentaron los diputados de Ciudadanos, PP y PSC, que se negaron a participar en un acto parlamentario que consideraron ilegal. Y luego, ya de noche, el presidente catalán, Carles Puigdemont, reunió a su Gobierno y convocó la ilegal consulta para el 1 de octubre.
Fiscalía
Querella ante el TSJC. Paralelamente a la acción judicial impulsada por el Gobierno, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó una querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que dieron trámite a ley de referendo por los delitos de desobediencia y prevaricación. Dado el carácter de aforados de los querellados, la denuncia se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El fiscal del Estado, José Manuel Maza, ya había advertido de que la Fiscalía actuaría con contundencia si se consumaba el desafío a las leyes por parte de los independentistas catalanes.
