La Generalitat les da 48 horas para que decidan si colaboran, el Gobierno les advierte que sería ilegal y Ada Colau aún duda si cederá locales para la consulta ilegal
08 sep 2017 . Actualizado a las 09:20 h.Una vez convocado el referendo ilegal del 1-O, y ante la disposición de los independentistas a desobedecer las suspensiones que dicte el Tribunal Constitucional, el siguiente paso en el pulso que mantienen el Gobierno y la Generalitat será el de la colaboración de los 947 ayuntamientos en la infraestructura necesaria para la celebración de la consulta. Por ello, uno de los primeros actos del Gobierno de Puigdemont fue escribir a todas las corporaciones municipales para que les indiquen, en un plazo de 48 horas, qué locales están dispuestos a ceder para convertirlos en colegios electorales. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar.
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, envió una carta a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes en la que los insta a desatender la petición de la Generalitat. Les recuerda que el Tribunal Superior de Cataluña ya ha prohibido «expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referendo». Al tratarse de un proceso «inconstitucional e ilegal», les advierte de que, ante la petición de locales hecha por la Generalitat, están obligados «a desatender dicha exigencia por atentar precisamente contra esa legalidad y los dictados del alto tribunal». Por esta razón, el Gobierno ha pedido al Tribunal Constitucional, en su recurso contra el decreto de convocatoria del referendo ilegal, que comunique su resolución a todos los ayuntamientos catalanes. De esta manera, aquellos que participen en la consulta podrían ser incluidos en una posterior acción por desobediencia al tribunal, lo que les podría acarrear sanciones administrativas e incluso penales.
El ultimátum de la Generalitat ya ha sido rechazado de entrada por los alcaldes de Tarragona y Lérida, ambos del PSC. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que hace unos días se mostró dispuesta a colaborar con la consulta ilegal si no afecta a los funcionarios, dijo ayer que está a la espera del auto del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Gobierno y a la decisión de los servicios jurídicos municipales para responder a la petición de la Generalitat. Sí ha aceptado ya colaborar la regidora de la tercera ciudad en población de Cataluña, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú, formación respaldada por Podemos. Como ella, varios alcaldes catalanes, la mayoría del PDECat, ERC y la CUP, confirmaron su respaldo. Según sus datos, unos 400 regidores han mostrado su respaldo a la consulta.
En su intento de estrangular la posibilidad de la consulta, el Gobierno intenta evitar que los independentistas dispongan de las urnas y el material de votación. La Guardia Civil sospecha que en la imprenta Indugraf Offset de la localidad tarraconense de Constatí se ha confeccionado parte del material. En particular, fuentes del instituto armado apuntaron a que, entre otros documentos, se imprimieron las actas de escrutinio en las que los presidentes de las mesas deberían plasmar los resultados de manera oficial. Por ello, la Fiscalía de Tarragona ha pedido al juez de instrucción número 13 de Barcelona, encargado de investigar los preparativos de la consulta, el registro de las instalaciones. Por el momento, la Guardia Civil, que desde la tarde del miércoles controla todos los vehículos que salen de Indugraf, no ha encontrado ni rastro del material del referendo.