Rajoy y Sánchez respaldan y felicitan a los alcaldes que rechazan el referendo

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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BENITO ORDOÑEZ

El presidente pide a los independentistas que rectifiquen para evitar «males mayores»

10 sep 2017 . Actualizado a las 18:32 h.

A tres semanas de la fecha anunciada para el ilegal referendo en Cataluña, una de las claves para hacer descarrilar el proceso independentista, quizá la más importante, pasa por impedir que los ayuntamientos catalanes se pongan al servicio de la causa secesionista el 1 de octubre. De ahí que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se volcaran ayer a la hora de ofrecer garantías a todos los alcaldes que, en cumplimiento de lo que les ha exigido el Tribunal Constitucional, rechacen participar en ese referendo ilegal o colaborar en su puesta en marcha. Después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, animara personalmente a todos los ciudadanos a presionar a aquellos regidores catalanes que se nieguen a colaborar con la consulta ilegal, Rajoy les garantizó ayer a todos que tienen «detrás al Estado» y que será precisamente el «cumplir con su obligación» lo que les dará «tranquilidad» a ellos y a «la inmensa mayoría de los vecinos».

«Queremos que sientan nuestro apoyo todos esos alcaldes de Cataluña a los que el señor Puigdemont pide que interpelen los vecinos por la calle si no se ponen a las órdenes de quienes están promoviendo un referendo ilegal», señaló el líder del PP durante el discurso de cierre de la reunión intermunicipal del partido en Zaragoza, en la que pidió a las autoridades catalanas que den marcha atrás en su proyecto de ruptura porque «así se evitarían males mayores».

Sánchez: No es hora de siglas

Un mensaje similar lanzó el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que expresó su apoyo a los alcaldes socialistas de Cataluña que han anunciado ya su decisión de no colaborar con el referendo pese a las presiones recibidas por parte de quienes los «señalan» para que cedan espacios de cara al referendo inconstitucional. «Les decimos a los alcaldes y alcaldesas socialistas que estamos muy orgullosos de ellos y de ellas», señaló el secretario general del PSOE en un acto celebrado en Badajoz. Según aseguró, esos regidores catalanes que defienden la legalidad y la concordia abren un «nuevo tiempo de esperanza» con su «dignidad, fortaleza y convicciones».

El líder socialista trató de ofrecer una imagen de respaldo al Gobierno. A pesar de las «discrepancias muy profundas» que, según dijo, mantiene con Rajoy, «también en la cuestión catalana», añadió que «este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos». «Este es un momento de defender el Estado de derecho, la democracia, la Constitución española y la integridad territorial de nuestro país, y aquí está el PSOE», proclamó Sánchez, que garantizó que «antes y después del 1 de octubre, Cataluña seguirá siendo España».

El Gobierno tiene claro que la estrategia de los promotores del referendo pasa por diluir su responsabilidad delegando en la capacidad de ese millar de alcaldes para movilizar a la población en favor de la consulta. Y, por ello, ademas de apoyar a los que la rechacen, advierte a quienes piensen colaborar de las consecuencias de sus actos. «Nadie podrá decir que no ha sido advertido de que no se puede colaborar con la realización de un referendo ilegal», señaló ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Hasta el momento, los alcaldes de algunos de los municipios más poblados de Cataluña han rechazado colaborar en el referendo ilegal, incluida la regidora de Barcelona, Ada Colau, aunque los secesionistas están convencidos de que finalmente acabará cediendo a la presión. Por ahora, los que están dispuestos a apoyar la consulta, aunque son más en número, apenas representan al 40 % de los habitantes de Cataluña.

Puigdemont desafía al Tribunal Constitucional y afirma que la ley de referendo «sigue vigente»

Alberto Estévez | efe

Pese al fuerte golpe que han supuesto para la causa independentista la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la ley de referendo y de todos los actos derivados de ella, y la admisión a trámite de querella presentada por la Fiscalía contra todo el Goberno catalán, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, trató ayer de ofrecer una imagen de firmeza y confianza en que la consulta se llevará finalmente a cabo. Ignorando el hecho de que está anulada desde el mismo momento en que el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno, Puigdemont aseguró ayer que la ley de referendo «sigue vigente» porque ampara «derechos de los pueblos como es el de autodeterminación, y este último se ampara en los derechos humanos».

Frente a un Estado autoritario

Durante su intervención ante el consejo nacional del PDeCAT, el presidente catalán aseguró que la norma que aprobó el Parlamento autonómico «no puede ser tumbada» por ningún Tribunal Constitucional «deslegitimado y conchabado con el Gobierno del Estado». «La ley es fruto de un acuerdo vigente del Parlament porque se ampara en los derechos de los pueblos a su autodeterminación, los cuales a su vez se amparan en los derechos humanos, y por encima de estos no puede pasar nadie», insistió.

Según su argumento, «cuando un pueblo se pone en pie para ejercer su derecho a la autodeterminación, los derechos humanos quedan reforzados». Y en el caso del proceso independentista que él encabeza, eso se ha conseguido a pesar de tener en contra a «un Estado cada vez más autoritario y demofóbico, que ha comprobado que somos un Govern fuerte, determinado a cumplir sus compromisos y que no busca la comodidad de la poltrona».

Ignorando la investigación contra él y contra todo su Gobierno que va a abrir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Puigdemont lanzó un mensaje de solidaridad hacía «el club de los querellados». «Para los que forman parte ahora y los que entrarán en breve», ironizó, llamando a los suyos a «permanecer unidos» para vencer a «la estrategia del miedo». Y, aunque sin citarla, cargó contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, diciendo que algunos políticos catalanes «no cumplen sus promesas».

Los comunes preguntan a las bases sobre la «movilización» del 1-O

Aclaran que solo contemplan esta consulta como una «movilización», y no como un referendo vinculante

JuanJo Martín | efe

El desafío independentista en Cataluña ha quebrado la unidad del grupo de Catalunya Sí que es Pot en el Parlamento catalán, pero está poniendo también en evidencia las profundas contradicciones que se viven en el seno de la formación Catalunya en Comú, en la que se integran ICV, EUiA, Barcelona en Comú, Equo y también Podemos, que a su vez padece una fuerte fractura interna en Cataluña. La cercanía de la fecha del referendo agudiza las dificultades de Catalunya en Comú para buscar un espacio propio entre el independentismo radical que promueve la ruptura con España y las fuerzas de izquierda que, sin respaldar la estrategia del Gobierno, rechazan la imposición de las tesis secesionistas. Después de la rectificación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que primero dio su apoyo a la consulta y luego rechazó ceder locales del Ayuntamiento si no se le ofrecen garantías jurídicas de que no se pone en riesgo a los funcionarios, Catalunya en Comú anunció ayer que celebrará una consulta interna entre sus bases del martes al jueves próximo para decidir si la formación debe participar o no en el referendo ilegal del 1 de octubre. En todo caso, la coordinadora nacional del partido insistió ayer en que solo contemplan esa consulta como una «movilización», y no como un referendo vinculante.

No tomarán partido

La pregunta que se someterá al criterio de los cerca de 10.000 inscritos será la siguiente: «¿Catalunya en Comú tiene que participar en la movilización del 1 de octubre?». Ante ella, solo se podrá responder sí o no. Los resultados de ese referendo interno se darán a conocer el viernes, solo dos semanas antes de la fecha fijada para el referendo.

El líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, admitió ayer que el 1-O «no es el referendo efectivo y con garantías» que promueve su partido, pero sí «un acto de afirmación de los derechos de Cataluña frente al PP». Pero, incluso en el caso de que gane el sí, la formación no tomará partido para decirle a sus inscritos lo que deben votar ni hará campaña a favor del sí o no en el referendo.

La Generalitat insta a imprimir las papeletas para burlar a la Justicia

La Guardia Civil registra por orden judicial un semanario y vuelve a la imprenta a buscar material para la consulta

Cristian Reino

La Guardia Civil continuó ayer con la operación iniciada el viernes en las comarcas de Tarragona para averiguar si el Ejecutivo catalán está imprimiendo material para el referendo ilegal del 1 de octubre. Los agentes irrumpieron en la redacción del semanario El Vallenc, editado en la localidad tarraconense de Valls, y volvieron a registrar, ya lo hicieron el viernes, la imprenta Indugraf Offset, de Constantí, donde esta semana ha montado un retén de vigilancia casi permanente.

El juzgado de guardia de Tarragona abrió el viernes por la noche diligencias después de recibir una denuncia de la Fiscalía por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. En el marco de esa investigación, la jueza instructora acordó que la Guardia Civil hiciera ayer tres entradas y registros en las oficinas de la imprenta y en las dos sedes en Valls de la publicación semanal. Los agentes buscan material relacionado con la organización de la consulta, como podrían ser papeletas, carteles o etiquetas. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que uno de los enlaces entre el semanario y la imprenta podría ser Albert Batet, alcalde de Valls y diputado de Junts pel Sí.

El presidente de la Generalitat, el vicepresidente y la presidenta de la Cámara catalana salieron en defensa de la publicación. «No buscan papeletas, buscan brega», expresaron. Desde el Gobierno catalán pidieron que «nadie busque tres pies al gato», en referencia a los registros de la Guardia Civil, ya que el material oficial sobre el referendo se puede imprimir desde la página web del Diario Oficial de la Generalitat. En un desafío a la Fiscalía y a la Policía, el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, instó a la ciudadanía a imprimir desde su casa el material que se necesita para votar. Donde no ha llegado la orden judicial es las páginas web de la Generalitat. Un día después de que la Fiscalía pidiera el cierre de las web a través de las que se está impulsando la consulta, el Gobierno catalán replicó que la web del referendo es la misma que la del Estatuto. «Los catalanes lo aprovechamos y reciclamos todo», afirmó con ironía Turull.