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La Fiscalía ordena a los Mossos que requisen urnas e impidan el referendo

Turull dice que la prioridad de la policía autonómica es el terrorismo, no la consulta


Barcelona

«Los funcionarios policiales, a fin de evitar la consumación o el agotamiento de los delitos, procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referendo ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referendo ilegal». A 18 días de la fecha anunciada para la consulta independentista, el mayor los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, recibió este martes, al igual que los responsables de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña, las órdenes de la Fiscalía Superior catalana sobre cuál debe ser su actuación para impedir que esta tenga lugar.

El documento entregado a Trapero recuerda que «los Mossos d’Esquadra -al igual que Guardia Civil y Policía Nacional-, como policía judicial, están obligados a seguir las instrucciones que reciban del Fiscal a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes». La Fiscalía ordena a los tres cuerpos policiales que actúen ante cualquier acto ejecutado por «autoridades o funcionarios públicos o por particulares en connivencia con aquellos» que estén dirigidos «a la preparación y celebración del referendo de autodeterminación, en tanto indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación». 

Confianza «absoluta» en Trapero

Como consecuencia, a partir de ahora deberán elaborar atestados ante cualquier acto relacionado con la organización de la consulta y enviarlo a la Fiscalía. El Gobierno catalán, sin embargo, dio a entender que los Mossos no acatarán el 1 de octubre esa orden de requisar las urnas del referendo porque estarán centrados en «la lucha antiterrorista». El portavoz y consejero de Presidencia, Jordi Turull, dijo que la Generalitat tiene una «confianza total y absoluta» en Trapero, pero no aclaró si informarán o no a la policía de dónde está guardado el material para la consulta e insistió en que la prioridad es «la seguridad y la lucha contra el yihadismo». Una misión que, según afirmó, es «mucho más útil» que investigar el referendo.

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La Justicia comunica a Puigdemont que lo investiga por malversación, pero el líder catalán dice que desobedecerá

Los jueces advierten al director de TV3 de que no puede emitir anuncios sobre el 1-O

G. B.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto del miembros del Gobierno catalán conocen ya oficialmente que están siendo investigados por desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les entregó a todos ellos este martes el auto en el que considera que todo el Ejecutivo catalán conocía la ilegalidad de los decretos «que suscribieron todos ellos de su puño y letra en la noche del día 6 de septiembre de 2017» con vistas a la convocatoria y celebración del referendo independentista que ya había prohibido el Tribunal Constitucional. «Han venido unos señores. Hemos firmado y ya está. Estamos notificados», explicó el consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, restando cualquier trascendencia a la notificación de la investigación.

Puigdemont advirtió este martes de que la consulta es imparable y que, aunque le inhabiliten, seguirá en su despacho preparando la consulta. No obstante, abrió una puerta a una negociación e incluso se mostró dispuesto a aplazar el referendo uno o dos años si Mariano Rajoy se aviene a negociar su celebración. «Si Rajoy quiere reunirse conmigo para llegar a un acuerdo, que me llame y nos veremos mañana mismo. Cuando quiera y donde quiera y hasta el último minuto», precisó. «Estamos de acuerdo en negociar las condiciones del referendo: si ha de ser en el 2017 u otra fecha; qué se someterá a votación o con qué mayorías considerarlo válido», dijo Puigdemont. 

Forcadell culpa al Gobierno

El TSJC comunicó también este martes a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de los miembros de la Mesa que votaron a favor de tramitar y aprobar las ley de referendo pese a los informes jurídicos en contra de los letrados de la Cámara, la querella de la Fiscalía por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Sin embargo, el TSJC emitió un auto en el que dice apreciar indicios de «al menos» desobediencia y prevaricación, aunque sin pronunciarse sobre la malversación. Como respuesta, Forcadell, afirmó que lo que pretende la Fiscalía al introducir el delito de malversación es llegar a una pena de prisión y dijo ver detrás la mano del Gobierno central. 

Advertencia a TV3

El TSJC remitió asimismo una comunicación personal al director de la televisión pública catalana TV3, Vicent Sanchis, en la que le informa de la suspensión del decreto de medidas complementarias de la ley del referendo por parte del Tribunal Constitucional. En ese texto, el TSJC recuerda a Sanchis su obligación de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». Y le advierte de las responsabilidades penales en las que incurriría en caso de no atender este requerimiento y «tramitar, informar y / o dictar» cualquier acuerdo o actuación «que permita la preparación y / o celebración del referendo sobre la autodeterminación en Cataluña». TV3 ha venido emitiendo un anuncio de la Generalitat en el que se anima a participar en la consulta. El TSJC advierte ahora a su director de que se abstenga de seguir haciéndolo. 

La Generalitat ignora la orden

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) no ha publicado todavía, sin embargo, la suspensión cautelar de la ley de referendo decretada por el Tribunal Constitucional el pasado jueves. El consejero de Presidencia no supo explicar este martes por qué no se ha cumplido ese trámite. «Llegan muchos anuncios», se limitó a comentar Turull en rueda de prensa, aunque añadió que, en cualquier caso, el Gobierno catalán «obedecerá la publicación de la ley de referendo», y no su suspensión.

Y tampoco está dispuesta la Generalitat a acatar la suspensión de la llamada ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana que el Tribunal Constitucional decretó este martes tras admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno. Turull insistió en que el Gobierno catalán «obedecerá al Parlament» y no al Constitucional. Justificó esa desobediencia al tribunal asegurando que el propio Parlamento «deja en suspensión la ley» de transitoriedad, ya que esta solo entraría en vigor si en el referendo del 1 de octubre gana el sí. «Queda condicionada al veredicto del pueblo», señaló.

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