Carles Puigdemont: «Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña»

El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han recibido a los más de 700 alcaldes citados por la Fiscalía

Los alcaldes proreferendo se reúnen en el Ayuntamiento de Barcelona Ada Colau les ha agradecido su compromiso por «la defensa de los derechos y libertades más fundamentales»

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han recibido esta mañana en la plaza de Sant Jaume de Barcelona a los más de 700 alcaldes catalanes que han sido citados por la Fiscalía por firmar un decreto de apoyo político al referendo del 1 de octubre. El acto ha sido convocado por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) con el objetivo de rechazar «la persecución judicial de los ediles» que han expresado su apoyo al 1-O, han informado ambas entidades en un comunicado.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha avisado durante el evento al Gobierno central y al conjunto del sistema político español de que el domingo 1 de octubre la ciudadanía catalana votará en referendo: «Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña». «Que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y de plantarse ante un comportamiento antidemocrático», ha insistido.

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Puigdemont ha respondido así a las últimas acciones llevadas a cabo para frenar la celebración del referendo, que han consistido en la incautación de carteles propagandísticos, en el veto de Correos a repartir publicaciones que hablaban sobre el 1-O y a la entrada de la Guardia Civil en imprentas y redacciones.

Ada Colau ha asegurado, por su parte, que «el Estado persigue e intimida» a los alcaldes de Cataluña por apoyar el referendo y ha subrayado que se trata de «una situación inaudita en democracia». 

La regidora ha señalado, dirigiéndose a los alcaldes presentes, a los que les ha expresado su «solidaridad», que el Ayuntamiento de Barcelona «siempre» es su casa y ha dicho que, «por encima de las diferencias», hay puntos en común que les unen como la reivindicación del derecho a decidir, la defensa de «los derechos y libertades fundamentales» y la defensa de «otras formas de hacer política».

Colau ha asegurado que es una «vergüenza» que el Gobierno central sea incapaz, en sus palabras, de escuchar a los catalanes y de dar una respuesta política y dialogar, y ha lamentado que el Ejecutivo del PP se dedique a perseguir e intimidar a alcaldes y medios de comunicación.

Los alcaldes investigados por haber firmado decretos de apoyo al referendo han criticado, por su parte, ser víctimas de «persecución judicial» por haber hecho manifestaciones políticas. Así lo ha asegurado la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y presidenta de la AMI, Neus Lloveras, en su intervención en el acto que ha llenado el Patio de Carruajes y la Galería Gótica de la Generalitat con más de 700 alcaldes comprometidos con la celebración del 1-O. «Es un atentado a la democracia y un ataque al derecho básico de la libertad de expresión», ha lamentado Lloveras, que ha cifrado en unos 750 los consistorios que se han expresado a favor de permitir la votación sobre la independencia de Cataluña.

El presidente de la ACM y alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, ha recordado cómo invitó, en un acto de las entidades municipalistas en julio, a que el Govern se girase de la primera fila y contemplaran a todos los cargos electos que apoyaban su determinación, una imagen que se ha repetido también este sábado, según él: «Todos somos uno». Buch también ha defendido que, aunque los concejales investigados fueran apartados de su posición por apoyar el 1-O, serán reemplazados por nuevos ediles de iguales convicciones: «Detrás tenemos a mucha gente que nos sustituirá cuando haga falta».

Además de Lloveras y Buch, han intervenido en el acto en la Generalitat varios alcaldes de diferentes puntos de la geografía catalana que han relatado su experiencia y su determinación para permitir que el 1 de octubre se vote en sus municipios. Se trata de los alcaldes de Gerona, Marta Madrenas; Llívia (Gerona), Elies Nova; Sant Joan de les Abadesses (Gerona), Ramon Roquer; Berga (Barcelona), Montse Venturós; Corbera d'Ebre (Tarragona), Antoni Álvarez; Torredembarra (Tarragona), Eduard Rovira; Sabadell (Barcelona), Maties Serracant; Albatàrrec (Lleida), Víctor Falguera, y Mollerussa (Lleida), Marc Solsona.

Venturós ha reprochado al Gobierno español «su negativa constante ni tan siquiera a hablar ni comentar nada que se parezca al derecho a la autodeterminación» y ha asegurado que el Estado no tiene argumentos para rebatir ese derecho, por lo que recurre a los tribunales, a los que ya ha anunciado que ella, como otros concejales de la CUP, no irá.

El alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha llamado a la movilización para apoyar las decisiones que tome el Govern en relación con el 1-O y ha señalado al Ejecutivo de Mariano Rajoy por imponer «un Estado de excepción».

Falguera, alcalde del pequeño municipio leridano de Albatàrrec, ha explicado que en los últimos días varios de sus vecinos, de distintas ideologías y posicionamientos sobre la independencia de Catalunya, le han interpelado porque permita votar en su localidad.

Concentración de apoyo

El acto ha discurrido mientras unas 5.000 personas, según fuentes municipales, se han concentrado en la plaza Sant Jaume para apoyar a los ediles, a quienes han ovacionado con aplausos y cánticos reclamando la independencia y poder votar el 1-O.

Los concentrados, que portaban carteles y banderas estelades, han cantado en repetidas ocasiones L'Estaca, del cantautor y ahora diputado de JxSí Lluís Llach, y han recibido a los alcaldes, al Govern y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, con Els Segadors.

La celebración de este encuentro llega después de la carta enviada por Puigdemont, Forcadell, Colau y el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con copia al rey Felipe VI, en la que han pedido diálogo para acordar la celebración del referendo, y que el Gobierno central ha calificado como un sarcasmo y una «añagaza».

Además, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha avisado este viernes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que si su Ayuntamiento facilita la celebración del referéndum, ella será «responsable de sus actos», porque no se puede estar «a medias» con la ley.

El Gobierno deja sin liquidez a la Generalitat

Gonzalo Bareño
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Asume el pago de las nóminas públicas y de los servicios esenciales en Cataluña y da un plazo de 48 horas a Puigdemont para que congele los gastos en todas las demás partidas de sus Presupuestos

Después de la vía jurídica y de la policial, llega la económica. El Gobierno no está dispuesto a dejar ningún cabo suelto en su objetivo de impedir que los independentistas consumen su intento de celebrar un referendo ilegal. Y, por ello, toma medidas para dejar sin liquidez a la Generalitat. La decisión del vicepresidente catalán y consejero de Economía, Oriol Junqueras, de dejar de enviar al Gobierno los informes semanales sobre sus gastos, fue respondida de manera fulminante por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien anunció que a partir de ahora el Ejecutivo se hará cargo de todos los pagos de la Generalitat en lo que afecta a servicios esenciales (sanidad, educación, servicios sociales, ayudas a las familias y nóminas de los empleados públicos), lo que supone que el Estado dejará de transferir unos 1.400 millones de euros mensuales con cargo a la financiación autonómica. Pero, además, paralizará todos los demás pagos que la Generalitat pueda realizar con los 250 millones mensuales que recauda por los impuestos propios o cedidos. Para ello, Montoro dio un plazo de 48 horas al Gobierno catalán para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad en «todas las partidas no vinculadas a servicios públicos».

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