El escrito apunta como responsables a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural
04 oct 2017 . Actualizado a las 09:25 h.La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia en este tribunal para investigar por sedición los disturbios ocurridos en Cataluña entre el 20 y 21 de septiembre durante la operación policial para evitar la celebración del referendo del 1-0, en la que menciona expresamente a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural.
En su denuncia, que suscribe el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y se pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a sus autores.
Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios «conscientes de que dificultarían la intervención policial», haciendo un cordón frente a la consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil. Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.
Al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixat, también le cita subido junto a Sánchez encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien luego al ver que no podía controlar la concentración pidió a los manifestantes que se disolvieran, destaca la denuncia.
Según el artículo 544 del Código Penal, «son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.
A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis, en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los preparativos del referendo, entre ellas los dos directos colaboradores del responsable de Economía del gobierno catalán -que hoy han quedado en libertad con cargos-, miles de independentistas salieron a la calle para entorpecer la labor policial. La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consejería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7 horas del día siguiente.
El juez que investiga el 1-O y que había ordenado el registro tuvo incluso que llamar al Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil.
Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.
Los tres coches de la Guardia Civil sufrieron numerosos desperfectos y quedaron abollados, con las ruedas pinchadas, los cristales rotos y con numerosas pegatinas y pintadas, y tuvieron que ser retirados de la calle con el uso de grúas.
Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía con los que se cebaron los numerosos independentistas descontentos con la actuación judicial.
La ANC vacía su sede de material del 1-O ante un posible registro policial
Varios miembros de la Asamblea Nacional Catalana han vaciado de material la sede central de la entidad soberanista en Barcelona, ubicada en la calle Marina, ante la posibilidad de un registro policial inminente. Los encargados de sacar el material lo han depositado en al menos una quincena de coches y furgonetas que estaban aparcados frente a la sede y, entre ellos, han contado con la solidaridad de dos taxistas.
Algunos de los conductores habían sido avisados desde el interior de la sede, pero otros han sido ciudadanos espontáneos que preguntaban qué pasaba y ofrecían sus maleteros para llevarse el material donde fuera necesario.
Entre los organizadores del vaciado de material, el propio presidente de la entidad, Jordi Sánchez, que entraba y salía de la sede, caminaba arriba y abajo por la cera, daba instrucciones y agradecía a los voluntarios que prestaban sus vehículos. Entre el material que han sacado, por el volumen y el peso, se podían adivinar varias lonas relativas a las campañas soberanistas de la entidad, además de cajas que llevaban el distintivo de «muy frágil». Sànchez ha explicado que la sede ha quedado con «el mínimo indispensable», y que confían en haber salvado la mayoría del material de campaña.
En declaraciones a los periodistas tras finalizar el trabajo, Sánchez ha explicado que han tomado la decisión de vaciar la sede después de haber conocido a través de los medios de comunicación un posible registro policial inminente.
Sànchez ha criticado que en los últimos días, la mayoría de coches que salen de la entidad por la calle Marina de Barcelona «son interceptados y el material requisado», y no descartan que a alguno de la quincena de coches que han salido de la sede este viernes le haya pasado lo mismo.
Ha admitido que este vaciado de material les «complica la logística», pero se ha mostrado convencido de que podrán seguir haciendo campaña y de que el día 1 de octubre se votará.
El Gobierno justifica el refuerzo policial por las «movilizaciones tumultuarias»
Este viernes también se supo que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comunicó por carta al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, que desplazaron refuerzos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para «apoyar a los Mossos d'Esquadra en el mantenimiento del orden».
En la misiva se detalla que las funciones los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado serán la vigilancia del espacio público y el mantenimiento del orden en caso de que se mantenga la convocatoria del referendo de Cataluña del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.
En la misma carta se especifica que estas unidades actuarán en apoyo del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que tiene encomendadas estas funciones. «Todo ello al objeto de dar cumplimiento a la instrucción 2/2017 de la Fiscalía Superior de Cataluña, remitida el pasado 8 de septiembre a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra ordenando activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referendo ilegal», según informa Interior.
El Gobierno ha decidido desplazar a Cataluña unidades de refuerzo en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Horas después de que se conociese la noticia, se le preguntó en Moncloa al portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, si se envía ese refuerzo policial porque desconfía de los Mossos, algo que el ministro ha negado, aclarando que se busca «apoyar» la labor de la policía autonómica en la tarea de garantizar el cumplimiento de la ley y el orden. «El Gobierno no desconfía de los Mossos», ha reiterado.
Méndez de Vigo ha justificado el envío ante las «movilizaciones tumultuarias» que se están produciendo a favor del referendo del 1 de octubre con el fin de «garantizar la ley, el orden y las libertades de todos».
Méndez de Vigo ha expresado su preocupación por la extensión de la campaña de «acoso, intimidación y amenazas» que afectan a aquellos ciudadanos, cargos o funcionarios que defienden la legalidad y no quieren colaborar con el «referendo ilegal». Para «evitar este tipo de acosos» y «a la vista de las movilizaciones tumultuarias», ha dicho que han decidido mandar a Cataluña esas unidades policiales -cuya cifra no ha concretado- para asegurar «la mejor coordinación» entre la Administración autonómica y central.
El Gobierno catalán ve injustificado el refuerzo policial
Unos refuerzos que, sin embargo, la Generalitat considera innecesarios. El portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, les ha acusado, incluso, de intentar crear un «relato falso» de lo que ocurre. «Justifican un mayor desplazamiento de fuerzas y cuerpos de seguridad al decir que hay manifestaciones tumultosas. Y no hay tumulto. Todo el mundo ha visto lo pacíficas, alegres y cívicas que son», ha dicho en rueda de prensa al referirse a la carta que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha enviado a su homólogo catalán, Joaquim Forn.
Tras avanzar que Forn responderá la carta y dará explicaciones al respecto, Turull ha apuntado que «si es por tumultos, no es necesario que venga nadie» porque no existen.
Según el también consejero de Presidencia, no hace falta que intenten blanquear «por tierra, mar y aire» un refuerzo policial que, a su juicio, es evidente porque hay más presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil en las calles, barcos con agentes y un helicóptero que se pasea por encima del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat.
«Se creen sus mentiras e intentan trasladarlas a Cataluña. El mundo ha visto que nuevamente no hay ni un papel en el suelo ni un cristal roto», ha subrayado Turull, que ha confiado en que los catalanes mantendrán la misma actitud.
Para el consejero, las manifestaciones de estos días se caracterizan por su civismo, pacífismo y alegría, y también por los cánticos y los claveles, y considera que son ejemplares desde un punto de vista de defensa de los derechos fundamentales.