La Justicia ordena cerrar los locales públicos que se usen para el referendo
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Aparta a la Fiscalía y asume el mando de todas las actuaciones para impedir la consulta
28 sep 2017 . Actualizado a las 11:02 h.El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sacudió este miércoles la crisis abierta por la convocatoria del ilegal referendo independentista en Cataluña al apartar a la Fiscalía de la investigación de estos hechos y asumir todas las actuaciones y las órdenes a las fuerzas de seguridad para impedir la celebración de la consulta. La magistrada del TSJC Mercedes Armas ordena que se impida la apertura de locales públicos para celebrar el referendo y el cierre de los que se abran, pero las nuevas instrucciones no incluyen el precinto de los colegios electorales antes del próximo sábado, como había ordenado el Ministerio Público. La jueza advierte de que la Fiscalía «deberá cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones que hasta el momento viniera sustanciando en relación con estos hechos».
Lo que ordena ahora la jueza es que el domingo, y no con carácter previo, «se impedirá la apertura» de los locales y, en su caso, «el cierre de todos aquellos que hubiesen llegado a aperturarse», y que se requise todo el material relacionado con la consulta que pueda hallarse en el interior de esos locales públicos, sin mencionar el precinto. La Fiscalía había ordenado también a los Mossos que en los centros que se ubicaran dentro de otro recinto más amplio «se deberá evitar que se intente producir la votación en otro lugar del mismo establecimiento o en sus inmediaciones -incluida la vía pública-, hasta un radio de seguridad de 100 metros del local designado». Algo que no contempla por ahora la jueza Mercedes Armas. El cierre de los puntos de votación se limitará a los espacios que se usen para votar, y no a todo el centro, de manera que las actividades que se hagan en colegios e institutos «no se vean afectadas» por el cierre. La jueza, que investiga las querellas contra el Gobierno catalán por el referendo ilegal, ordena también impedir la actividad «y/o apertura» de establecimientos públicos que se utilicen como infraestructura logística del referendo o para el recuento, como pueden ser los centros de procesamiento de papeletas o de recuento de los votos.
La otra diferencia es que, mientras la Fiscalía encomendaba impedir la votación a los Mossos, la magistrada del TSJC incluye a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que deberán «prestarse en todo momento el auxilio y apoyo necesario que haga posible el estricto cumplimiento de lo que aquí se dispone». Y, por último, el auto avala la decisión del Gobierno de nombrar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos para que asuma, como había ordenado la Fiscalía, la coordinación de todo el dispositivo para impedir el 1-O.
Posición ambigua de los Mossos
El golpe de efecto del TSJC llega en medio de la incertidumbre sobre la postura que adoptarán los Mossos. A 72 horas de la fecha anunciada para el referendo ilegal, el mayor de la policía autonómica catalana, Josep Lluís Trapero, sigue manteniendo un discurso ambiguo. Tras participar este miércoles en una reunión en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña junto con los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional y el coordinador del dispositivo para el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, se comprometió a acatar las órdenes de precintar los puntos de votación, pero advirtió de que esa medida podría generar disturbios, por lo que los agentes deberán cumplir las instrucciones ajustándose a los principios de «oportunidad, proporcionalidad y congruencia».
«El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas», señaló Trapero en un escrito entregado a la Fiscalía, en el que sostiene que el cumplimiento de las instrucciones recibidas implica un «previsible riesgo de alteraciones de orden público».
Puigdemont convoca la Junta de Seguridad de Cataluña, a la que acudirá Interior
En medio del clima de tensión, y en un nuevo desafío al Gobierno, el presidente catalán, Carles Puigdemont, sorprendió al convocar para hoy de forma unilateral una reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña con el objetivo, precisamente, de coordinar ese dispositivo. Una decisión que augura un nuevo choque entre el Gobierno y la Generalitat. Pese a constatar que no se ha seguido el procedimiento establecido para convocar esa reunión, el Ministerio de Interior confirmó que asistirá a la cita «en aras a la responsabilidad y velando siempre por la convivencia pacífica y seguridad de todos los catalanes» y porque el objetivo «es garantizar el cumplimiento de la ley». El Ministerio de Interior criticó que Puigdemont haya violentado «los procedimientos formales» de la Junta de Seguridad que la rigen, sin haber pactado un orden del día y sin avisar previamente al Gobierno. Pese a todo, desde el Ejecutivo no se ha querido dar al presidente catalán la baza de no atender a su convocatoria. Al no haber sido suspendido en sus funciones, Puigdemont es el único que puede convocar la Junta de Seguridad de Cataluña. Un órgano que no se había reunido desde el 3 de marzo de 2009 hasta que se convocó el pasado 10 de julio con la asistencia del propio Puigdemont y del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que la reunión debe ir dirigida exclusivamente a impedir el referendo.
La Fiscalía responsabiliza a los centros si los menores se van de manifestación
Los daños materiales o personales que puedan causar durante su participación recae sobre los padres, tutores y centros
M. B.
La Fiscalía de Menores remitió ayer un oficio a las delegaciones provinciales de Cataluña para que adviertan a los colegios que permiten a sus alumnos saltarse las clases lectivas para participar en concentraciones de apoyo al referendo de las consecuencias que pudieran ocasionar. El oficio, firmado por el fiscal de sala coordinador de menores José Javier Huete, señala que los citados centros, dependientes de la Consejería de Educación de la Generalitat, son responsables de la custodia de los menores por mucho que tengan autorización de sus padres para ausentarse del centro con el fin de acudir a manifestaciones de apoyo al 1-0.
En este sentido, pide a los fiscales jefes y de menores de Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona que hagan un seguimiento individualizado y un expediente de riesgo de cada uno de los escolares que se ausenten de centros educativos por este motivo. Asimismo, les emplaza a requerir a la Consejería de Educación para que recuerde a los colegios bajo su competencia que, aunque los menores tengan autorización de sus padres «la comunicación de su asistencia a manifestaciones no les exime de sus obligaciones de custodia».
Recuerda que los daños materiales, personales y a sí mismos que puedan causar los menores durante su participación en esas concentraciones o manifestaciones recae sobre los padres, tutores y los centros. Este mismo miércoles, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) pidió a la Fiscalía de Menores que «recabe información e intervenga si es necesario» para salvaguardar los derechos de los escolares.
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