Interior interviene ante la inacción de los Mossos

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Andreu Dalmau | efe

La Guardia Civil, que confisca las primeras urnas y millones de papeletas, y la policía impedirán la apertura de los colegios electorales allá donde los agentes catalanes desobedezcan al juez y no lo hagan

29 sep 2017 . Actualizado a las 20:12 h.

La Moncloa desconfía cada día más abiertamente de los Mossos para el 1-0. La gota que en la práctica colma el vaso fueron las declaraciones del consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, quien ayer advirtió, en respuesta a la orden judicial de impedir la apertura de los colegios electorales el próximo domingo, que «no se pueden generar problemas más grandes que lo que se quiere evitar». Un indicio inequívoco de que el Gobierno catalán y los Mossos no tienen intención de acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es más, el propio Forn aseguró, desafiante, que mantiene la hoja de ruta separatista y el domingo habrá urnas.

La tensa reunión de la Junta de Seguridad celebrada ayer entre el Ministerio del Interior y la Generalitat solo sirvió para constatar que no servía para nada. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pidió a Carles Puigdemont que desconvoque el referendo ilegal, a lo que el presidente catalán respondió elevando su desafío. «Sabemos que el día 1 habrá muchas dificultades, pero a cada dificultad, dos soluciones; a cada miedo, tres esperanzas», dijo.

El secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, por su parte, mostró «el compromiso absoluto y toda la determinación» precisa para impedir la consulta inconstitucional. «Si no se vulnera lo dispuesto por la jueza no tiene por qué haber una respuesta violenta», afirmó sobre la apertura de colegios electorales, e insistió en que el Gobierno de Mariano Rajoy «no va a permitir ni puede permitir» que se celebre un referendo ilegal.

Puigdemont sacó pecho y defendió que las competencias de orden público las mantienen los Mossos. Interior le recordó que, aunque no les agrade, un auto judicial creó un mando coordinador dirigido por el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos.

Y aunque oficialmente nada se dice al respecto, Interior se prepara para poner en práctica el mandato judicial en previsión de que los Mossos no lo hagan. Fuentes del ministerio reconocen que se están preparando para desplegar fuerzas policiales en las ciudades y de la Guardia Civil en el resto de las localidades catalanas para asegurar el cierre efectivo de los colegios electorales allá donde los Mossos se nieguen a hacerlo.

Urnas y más papeletas

La inacción de la policía catalana es patente en la persecución de la infraestructura para la celebración del referendo, que era otra de las órdenes de la Justicia. Hasta ahora todas las operaciones contra el material necesario para la consulta han sido obra de la Guardia Civil. La última, ayer. El instituto armado se incautó en un almacén de Igualada (Barcelona) de cien urnas, las primeras que confisca, además de 3 millones de papeletas y 6 millones de sobres. Los propietarios de la nave argumentaron que eran urnas para las elecciones en el F. C. Barcelona.

Pero las acciones contra el referendo no parecen amilanar a los secesionistas. «Por mucho ardor guerrero que pongan, pierden el tiempo, el 1 de octubre se hará», manifestó el consejero de Presidencia, Jordi Turull. Y cargó contra la órdenes de la Fiscalía, que, dijo, «no es un sheriff ni un juez». El también portavoz del Gobierno catalán ha anunciado un recurso contencioso-administrativo y otro de conflicto de competencias por la «nueva coordinación policial en Cataluña» y por las atribuciones que se ha arrogado la Fiscalía. «Los Mossos tienen una jerarquía muy clara y saben lo que tienen que hacer», dijo, antes de referirse a lo que entiende como «intromisión chapucera del Ministerio del Interior».

«Nos dejan el trabajo sucio; ellos no se van a manchar las manos, aunque nunca lo van a admitir públicamente porque sería una desobediencia manifiesta». Son las palabras con las que un alto responsable del Ministerio del Interior resumió el tirante encuentro de la junta de seguridad.

Temor a la noche del 1-O

Los cinco sindicatos policiales aseguraron ayer que «los dispositivos organizados para revisar el desafío son disuasorios». Se cuenta con la capacidad operativa de los Mossos, aseguran: «Porque nosotros hemos sido desplegados para ser una fuerza más de retaguardia que de vanguardia». Reconocen que «es un dispositivo de alto riesgo» y que cumplen órdenes. E insisten: «No somos una policía represora, venimos a que se cumpla la ley y en función de que se cumpla será nuestra actuación de modo proporcional, pero no venimos a dar porrazos». «Más que en la jornada en sí, en la noche es donde veo el problema si salen los de la CUP a la calle a provocar disturbios», admite un agente. Los máximos responsables de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía Nacional -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, que representan al 90 % de los agentes- hicieron un llamamiento para que no se secunden iniciativas violentas. El día 1, reiteran, «Guardia Civil y Policía Nacional estarán del lado de la legalidad, se cumplirá la legalidad», insistieron.

«El ambiente es malo»

«El ambiente que se respira es malo», resume un portavoz policial destinado en Gerona. No han recibido insultos, pero están a la expectativa. De momento, afirma, el miércoles, la comisaría amaneció con pintadas de «votarem, votarem» y «dónde está Piolín», en alusión a los dibujos de la Warner que adornan uno de los barcos anclados en el puerto de Barcelona en el que se alojan cientos de policías. Uno de ellos asegura que las condiciones en las que se encuentran han mejorado: sirven más cantidad de comida y hay más variedad. También el precio del agua ha bajado tras las quejas.

Los secesionistas trasladan su desafío a las calles

La votación pasa a un segundo plano, desplazada por el objetivo de lograr una gran movilización

JOSEP LAGO | afp

ramón gorriarán

Al final, votar en el referendo va a ser lo de menos. Carles Puigdemont se curó en salud ayer mismo y reconoció que votar el domingo será un acto «heroico» por «las muchas dificultades» que habrá para depositar la papeleta. La consulta lleva camino, según pasan las horas, de convertirse en un asunto de orden público en lugar de un pulso político como el que se ha librado en los últimos meses. La batalla es hasta ahora pacífica y se libra ya en la calle, no en los despachos ni en sede parlamentaria.

Hoy por hoy, todo está patas arriba. La reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña convocada por el presidente de la Generalitat no sirvió para nada. Los Mossos dejaron claro que irán por libre y decidirán en su momento cómo actúan ante los colegios electorales; lo que no van a hacer es recurrir a la violencia, para que no se altere «la convivencia ciudadana».

Mientras los responsables de las fuerzas de seguridad mantenían su diálogo de sordos, el centro de Barcelona se vio desbordado por una gigantesca manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios. Los jóvenes, imberbes y barbudos, han secundado de forma abrumadora, según las cifras de la Consejería de Educación, la huelga convocada para hoy y mañana, y se convirtieron en la vanguardia de la movilización que se avecina para el fin de semana. «Haremos campaña política hasta el 1», proclamó Jordi Vives, portavoz de la plataforma Universitats per la República.

Una campaña que incluye la ocupación de los centros educativos desde hoy por la noche, cuando los Mossos, si cumplen las órdenes del juez, deberían precintar los colegios designados para ser centros de votación. Esa será otra batalla.

De momento, buena parte de los directores de colegios, y la mayoría de la comunidad educativa, tomaron partido por la consulta y diseñaron un plan de resistencia para impedir el sellado. Pero para cubrirse la espaldas por lo que pueda ocurrir, una amplia representación de los directores docentes se reunió ayer con Puigdemont para hacer una entrega simbólica de las llaves de los centros. De esa forma creen salvar sus responsabilidades penales si se abriera un procedimiento judicial. Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió hace dos días en una carta a los directores que la responsabilidad de lo que pueda ocurrir en los centros educativos no se extinguiría con una maniobra de este tipo.

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