Hacienda abona 245.000 facturas de la Generalitat por importe de 876 millones

a. b. MADRID / LA VOZ

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Chema Moya | efe

El ministerio destaca la «normalidad» en los pagos a proveedores y servicios básicos

03 oct 2017 . Actualizado a las 07:16 h.

El Ministerio de Hacienda pagó el pasado viernes algo más de 876 millones de euros a la Generalitat, correspondientes a 245.000 facturas de proveedores y de servicios esenciales -sanidad, educación, servicios sociales y ayudas a las familias- remitidas por el Gobierno catalán en el mes de septiembre.

Fuentes del departamento de Cristóbal Montoro destacaron que los abonos de dichas facturas se realizan «con total normalidad», con cargo a la financiación autonómica que Cataluña, como el resto de las comunidades, tiene asignada, pero que desde mediados de septiembre realiza directamente Hacienda, sin transferir a las arcas públicas catalanas.

El Gobierno central aprobó dicha medida a mediados del mes pasado, en un intento más de impedir -vía económica- la celebración del referendo ilegal, ya que Montoro fiscaliza cada euro que gasta la Generalitat y se asegura de que no se destina a financiar actuaciones independentistas.

Casi 200 millones más

«Es la Generalitat la que decide qué es lo que se paga, a qué se destinan los recursos. Nos han enviado las facturas correspondientes, que se comprobaron y que tenían los debidos certificados de la intervención, por lo que se procedió a abonarlas», explicaron desde Hacienda, que añadieron que, además, avisaron al Ejecutivo catalán de que podía enviar más facturas, ya que aún disponían de casi 200 millones más de anticipo del sistema de financiación.

La nómina de los funcionarios

En lo que respecta al pago de las nóminas de los empleados públicos, fue el Govern el que ordenó a los bancos hacerlo efectivo. Pero con las intervención de facto de sus cuentas, las entidades financieras no pueden realizar abono alguno sin la autorización previa de Hacienda. Los bancos tienen que informar al Ministerio de cualquier pago que la Generalitat quiera hacer, que además deberá ir acompañado de un certificado de los interventores del Estado, acreditando que dichos recursos no se destinan a actividades relacionadas con el proceso secesionista.

En el caso del pago de los salarios de septiembre a los funcionarios públicos de la comunidad, Hacienda dio el visto bueno. «El procedimiento ha sido rápido», indicaron.

El control de la liquidez no afecta a sus recursos propios

El control estatal de la liquidez catalana no afecta, sin embargo, a los recursos propios que la Generalitat obtiene directamente de los impuestos propios o cedidos -patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales, medioambientales- y que suponen unos 250 millones de euros mensuales, el equivalente al 10 % de sus ingresos habituales.

La intervención de las cuentas catalanas se ampara en el disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que faculta al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias cuando se incumplan las condiciones en materia de seguimiento y remisión de información por parte de las comunidades autónomas para acceder a los mecanismos de liquidez -cabe recordar que Cataluña ha sido el territorio que más se ha beneficiado del FLA- y a tomar medidas coercitivas para garantizar su cumplimiento.