Los Mossos protegieron al Govern y a los que prepararon el referendo para que no fuesen investigados

Los Mossos protegieron a las personas encargadas de preparar el referendo del 1-O y a los miembros del Gobierno catalán para evitar que pudiesen ser investigados. Así queda de manifiesto en las conversaciones telefónicas intervenidas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga si hubo delito de sedición y en un completo informe, apoyado en numerosas fotografías y vídeos, en el que la Guardia Civil informa a la Audiencia Nacional de las principales incidencias registradas durante la celebración de la consulta ilegal.

En una de esas conversaciones, del 29 de septiembre, el director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda, Francesc Sutrias, le deja claro a Pere Soler -nombrado director de los Mossos el pasado 18 de julio- que «necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa». El máximo responsable político de la policía autonómica le contesta que «ha aumentado la contravigilancia a los que han estado expuestos». «Como se observa -advierte la Guardia Civil- la Generalitat utiliza a su policía para realizar funciones de protección y seguridad de sus miembros, no contra acciones de terceros que puedan infringir la ley para tratar de perjudicarles, sino contra la actuación de un juez o de una investigación policial».

El informe insiste en que la «inacción» de los Mossos respondería «más que a conductas aisladas o individuales» de algunos de los miembros de la policía autonómica, «a unas instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando», con Trapero como «último eslabón». «Es obvio», añade el instituto armado, «que las órdenes para el cumplimiento de los requerimientos se transmiten a través del jefe policial».

La Guardia Civil destaca, además, que en su intento de «blindar a los miembros del Gobierno catalán» los investigados el 20 de septiembre por el Juzgado 13 de Barcelona utilizaron  precauciones y sistemas de contravigilancia «propios del comportamiento de delincuencia organizada». Para ello, usaron sistemas de mensajería que no son susceptibles de intervención y recurrieron a «diálogos prácticamente surrealistas» para dificultar la labor policial. «Demuestra un grado de conocimiento de las técnicas policiales de investigación», apunta. 

Acusa así el instituto armado a los organizadores del 1-O de «montar un sistema de información» que cubría los movimientos que realizaban tanto ellos mismos como la Policía Nacional para que los responsables del referendo ilegal que se encontraban en cada colegio organizaran la «resistencia adecuada para evitar la entrada en el mismo y la intervención de las urnas». Para ello, según el atestado, en unas ocasiones «se montaron barricadas» y en otras, se «colocaron a ancianos y a niños en primera línea para disuadir a los agentes».

Hoja de ruta

El Gobierno de Puigdemont estableció tres posibles escenarios para conseguir la declaración unilateral de independencia y la creación de un «Estado propio» y, además, diseñó una hoja de ruta para llegar a este fin, según un segundo atestado de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Europa Press. En una de la opciones plantea «generar más conflicto y la desconexión forzosa».

El primero de los escenarios, el más «deseable» para el Gobierno de Puigdemont, sería la aceptación de la declaración de independencia y la «creación de un estado propio negociando la desconexión». El segundo prevé una «reacción violenta del Estado con dos consecuencias, que pierdan o que resistan». «En caso de resistir deberían generar más conflicto y tendrían que poner en marcha el plan de desconexión forzosa, obligando a un referendo acordado que llevase a la creación de un estado propio». Como última alternativa, se sitúa el rechazo de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y se abre la posibilidad de «oferta de negociación», aunque de antemano «no contemplan aceptar», por lo que se exigiría una consulta que «podría llevar nuevamente a generar más conflicto y desconexión forzosa».

Dos etapas

Los investigadores revelan que estaba previsto que la creación de ese Estado propio se hiciese en «dos etapas». La primera, a cargo de un «gobierno de transición», que se debía diseñar un «plan estratégico creíble, realizable y de consenso»; y la segunda, responsabilidad de un «gobierno de independencia», que seguiría todas las instrucciones del primero para «crear un nuevo Estado por la vía del pacto o de la unilateralidad».

El primer gobierno se encargaría de crear las «herramientas», como las leyes de desconexión y la movilización social, para el nacimiento de un nuevo Estado y su «reconocimiento internacional», así como evaluar los «riesgos» de la transición. «Una vez realizado este trabajo convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo parlamento independentista», subraya el informe del instituto armado. Según detalla la Guardia Civil, la estrategia de la Generalitat pasaría por hacer una oferta de sumar las fuerzas proreferendo y, a partir de ahí, pactar la consulta independentista con el Gobierno central. «En caso de que este no acepte se producirá un conflicto que puede derivar incluso en la creación de un Estado propio y a partir de ahí derivar en un referendo acordado», subraya.

Todos estos pasos a seguir se detallaron en un informe denominado #EnfoCATS. Reenfocant el procés d'independència per a un resultant exitós. Proposta estratègica, incautado el pasado día 20 de septiembre durante el registro del domicilio particular del secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda, Josép María Jové. El texto fija como objetivos «sumar mayorías, inspirar confianza y trabajar con garantías de éxito», y establece un plan de actuación en caso de recurrir a la «desconexión forzosa», en el que se «incrementará paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado». Precisa que se necesita para ello «una clara determinación ciudadana» que apoye y se «implique activamente», además de la «complicidad internacional».

El documento, que se incluye en el atestado de la Guardia Civil, fija como inicio de dicha «hoja de ruta hacia la independencia» las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre del 2015 y establece un organigrama de responsabilidad en el que se incluye a Trapero como «ejecutor» del plan.

Trapero, «ejecutor»

Así, la Guardia Civil acusa al jefe de los Mossos d'Esquadra de inacción en el referéndum del 1-O en Cataluña y de responder con ello al plan premeditado «en conexión directa» con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdedmont y Oriol Junqueras, respectivamente. 

«Se tiene conocimiento de que las instrucciones de coordinación que se establecieron, se decidió que serían los Mossos d'Esquadra los que por tener la competencia de seguridad ciudadana, deberían clausurar los centros de votación previstos antes de que se iniciase la votación aludiendo al principio de oportunidad», explica el texto. Sin embargo, el instituto armado afirma que, «ante el incumplimiento de los Mossos de la orden dada por el TSJC, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Policía Nacional y Guardia Civil - tuvieron que actuar sobre los puntos de votación para dar cumplimiento a la orden del tribunal».

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