El Gobierno cree que Puigdemont volvería a la legalidad con un no a la declaración de independencia

Si el presidente de la Generalitat niega que proclamara la independencia de Cataluña, el Ejecutivo no activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución

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Madrid

El Gobierno cree que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, niega que proclamara la independencia de Cataluña, el Ejecutivo no activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución y se volvería al escenario previo al pleno del Parlament que aprobó la ley del referendo. Fuentes del Gobierno asistentes a la recepción del día de la Fiesta Nacional ofrecida por los Reyes en el Palacio Real han subrayado que, en su respuesta al requerimiento enviado por el Ejecutivo, Puigdemont tiene una última oportunidad de «dejar de jugar con todo el mundo», pero han precisado que ni el propio presidente de la Generalitat sabe aún cuál va a ser su respuesta.

Eso sí, si en su respuesta al requerimiento contestase que no formuló una declaración unilateral de independencia, no se activaría en el Senado la segunda fase del artículo 155 y se volvería a la legalidad del escenario anterior al pleno celebrado por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre, en el que se aprobó la ley del referéndum suspendida posteriormente por el Tribunal Constitucional.

«La pelota está en su tejado», han insistido estas fuentes, que han defendido la importancia del acuerdo alcanzado con el PSOE porque «transmite una imagen de seriedad al país», y han replicado a la búsqueda de mediaciones internacionales por parte de Puigdemont que «la mejor mediación» es la del Congreso de los Diputados. Además de asegurar que en su acuerdo con el PSOE el Gobierno no ha pactado contenidos concretos, han apuntado que hay juristas que sostienen que el presidente de la Generalitat sí realizó una declaración unilateral de independencia ante el Parlament, pero hay confusión y opiniones encontradas al respecto.

En conversaciones informales con periodistas, varios ministros se han referido a la coyuntura política en Cataluña con reflexiones como que la situación «es hoy mejor que ayer y peor que mañana» o que «muchos independentistas han quitado la bandera tras la intervención parlamentaria de Puigdemont». «La semana pasada fue clave» después del mensaje televisado del Rey, con la «huida de empresas» catalanas, la manifestación del pasado domingo en Barcelona, la «huelga fallida» y el «cambio de visión de la prensa internacional», que supuso «un punto de inflexión» a juicio de estos miembros del Ejecutivo.

Otro ministro ha hecho un llamamiento a la «templanza y serenidad» frente a las «mentiras» que se ha contado a los catalanes «durante mucho tiempo» y ha afirmado que desde el Gobierno se han aplicado «las medidas adecuadas en el momento oportuno», dado que la obligación más importante es garantizar la convivencia y trabajar para «evitar la fractura social».

Rajoy da a Puigdemont ocho días para rectificar

Fran Balado
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Tres de cada cuatro diputados apoyan la activación del 155 por el Gobierno, que da hasta el lunes a la Generalitat para que aclare si declaró la independencia y hasta el jueves para que la revoque

Rajoy activó ayer el artículo 155 de la Constitución al trasladar al Gobierno catalán un requerimiento formal en el que le exige que «confirme» si el martes declaró la independencia en el Parlamento autonómico. Este requerimiento constituye un requisito indispensable para utilizar esta herramienta con la que cuenta el Ejecutivo, previo paso por el Senado, para forzar al cumplimiento de la ley a las comunidades autónomas que las desobedezcan. El Consejo de Ministros dio el primer paso al instar a Carles Puigdemont a recuperar el camino de la legalidad para poner fin «a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia». Y le da de plazo hasta las 10 horas del lunes para que aclare si declaró o no la independencia, y en caso de que así fuera, hasta la misma hora del jueves para que retorne a la legalidad. La iniciativa del Gobierno obtuvo el respaldo en el Congreso de tres de cada cuatro diputados, todos menos los de los grupos nacionalistas y Unidos Podemos.

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