Podemos amaga con unirse al boicot a la comisión para reformar la Constitución

Condiciona su entrada en el grupo de trabajo del Congreso a que no se aplique el 155

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Madrid / La Voz

En castellano, en catalán y en inglés. Hasta en tres idiomas distintos reclamaron el miércoles los diputados de Podemos la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes independentistas que el pasado lunes ingresaron en la cárcel de Soto del Real acusados de un delito de sedición. Los representantes en las Cortes de la formación morada y sus confluencias, junto con los diputados nacionalistas, se levantaron de sus escaños en mitad del pleno para mostrar un cartel exigiendo la inmediata puesta en libertad de los que ellos consideran presos políticos, ofreciendo una nítida imagen de la división que existe en el Congreso respecto al desafío secesionista en Cataluña, dos frentes políticos perfectamente definidos cuyas diferencias van en aumento a medida que avanza el conflicto. Por un lado, aunque con sus roces, PP, PSOE y Ciudadanos caminan de la mano en defensa del orden constitucional. Juntos representan tres cuartas partes de la Cámara. En el opuesto, Podemos, sus aliados electorales y los partidos con aspiraciones soberanistas.

Esta fragmentación del Congreso volvió a registrarse el miércoles durante la sesión de control a la que se sometió el Gobierno, a tan solo 24 horas de que hoy a las 10 se agote el último plazo del requerimiento enviado por Rajoy a Puigdemont para que revoque la declaración de independencia en Cataluña. Precisamente en los mismos términos en los que está redactado este documento se dirigió Pablo Iglesias al presidente del Gobierno, para ironizar en clave Gürtel: «Vuelvan a la legalidad, porque si no va a ser muy difícil que dialoguemos. No se puede dialogar con quien está fuera de la ley. ¿Va a volver a la legalidad? Y no me conteste con ambigüedades. Contésteme con un sí o con un no», exigió el secretario general de Podemos.

Peligra la comisión de Sánchez

Este distanciamiento entre los dos frentes en el Congreso de los Diputados amenaza con ampliarse todavía más. Uno de los pocos puentes que existía entre ambos corre serio peligro de venirse abajo. Se trata del proyecto abanderado por el PSOE con el que se pretende abordar una reforma del modelo territorial. El miércoles, Podemos amenazó con tomar el mismo camino que el PDECat al condicionar su participación en él a que el Gobierno no aplique el artículo 155 de la Carta Magna en Cataluña; algo que, salvo sorpresa mayúscula de última hora, ya se da por hecho.

Mientras los independentistas ya casi lo descartan, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea mantuvo el miércoles una reunión para fijar su postura. «Queremos un modelo de España que reconozca su plurinacionalidad, pero estamos en una situación de excepcionalidad democrática», valoraba el miércoles Pablo Iglesias. Podemos dispone para decidirse hasta el lunes, fecha límite en la que tendrán que comunicar a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si finalmente formarán parte de este grupo de trabajo para abordar la reforma de la Constitución. Hasta el momento, los únicos que ya han dejado clara su negativa son ERC y Bildu.

Los que sí formarán parte de esa comisión parlamentaria serán los diputados de Ciudadanos, aunque, a tenor de las palabras del miércoles de su presidente, parece que lo harán sin grandes esperanzas de que llegue a buen puerto. «Como cada vez hay menos gente, acabará fracasando». Albert Rivera es más partidario de una reforma constitucional con unos límites fijados de antemano. Desde hace tiempo sospecha que Sánchez pretende utilizar este proyecto para dar un trato de favor a los nacionalistas.

La jueza Lamela reclama que se identifique a los «mossos» que participaron el 1-0

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó el miércoles a los Mossos que identifiquen a los agentes de la policía catalana que participaron en el operativo para impedir el referendo ilegal del 1-0 y detallen qué actuación llevaron a cabo para impedir la votación. Esta diligencia se inicia a instancias de la Fiscalía en la causa abierta por sedición contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a raíz del asedio a la Guardia Civil en el registro de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, que el ministerio público pretende ampliar ahora a la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir el referendo. Paralelamente, los Mossos también han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían transmitido para impedir la votación.

El responsable de los Mossos aseguró a Lamela, en la declaración realizada ante la jueza el pasado 6 de octubre, que no se pudo crear un cordón de protección en la dependencia autonómica porque era imposible hacerlo sin «causar un problema de seguridad y de orden público». La concentración de miles de personas a las puertas del edificio motivó que la comitiva judicial no pudiera salir de él al completo hasta altas horas de la madrugada, y los vehículos policiales quedaron destrozados. Durante el interrogatorio, la jueza preguntó a Trapero por el hecho de que la Guardia Civil manifestara que requirió hasta en cinco ocasiones apoyo de los Mossos sin obtener una respuesta adecuada. Según Trapero, «se iban destinando todos los recursos a la zona y se variaron durante todo el día».

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