El Gobierno permitirá filtrar subvenciones como las que reciben ANC y Òmnium
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Además, controlara los ingresos catalanes y a los funcionarios, y podrá sancionar a quien incumpla las órdenes
22 oct 2017 . Actualizado a las 09:43 h.En el mismo momento en que el Senado apruebe las medidas elevadas por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda reforzará el control que ejerce sobre las cuentas catalanas desde hace casi dos meses, cuando el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dejó de justificar los gastos. Hasta ahora, Montoro disponía del control de los pagos, pero ahora pasará también a monitorizar los ingresos. En la práctica, esto supone que Hacienda dejará de tener las manos atadas para las partidas que ya estén presupuestadas. Es decir, tendrá la facultad de congelar cualquier subvención que considere que no se está ajustando a la ley y la capacidad para no firmar renovaciones de algunos acuerdos.
Fuentes cercanas al presidente ponen como ejemplo el funcionamiento de plataformas cívicas independentistas como Òmnium Cultural y la ANC, que básicamente se nutren de fondos públicos. A partir de ahora tendrán mucho más difícil su financiación.
Embajadas
Otro de los aspectos comprometidos con este refuerzo de Hacienda del control de las cuentas será el sustento de la red de embajadores o diplomáticos que el Gobierno catalán tiene tejida por todo el mundo para vender la causa independentista, y sobre la que el máximo responsable es el consejero Raül Romeva.
En su comparecencia de ayer, Rajoy también apuntó que la intervención tenía como tercer y gran objetivo «continuar con la recuperación económica, que hoy en Cataluña está en peligro».
Capacidad sancionadora
Desde estas mismas fuentes cercanas a Moncloa también apuntan a la importancia de una medida escondida entre las denominadas como «transversales», y que se recoge en el apartado E.7 del documento que el Gobierno trasladó ayer al Senado, bajo el título de «Seguridad jurídica de los funcionarios públicos o empleados sujetos al régimen laboral de la Generalitat de Cataluña». Lo que supone este capítulo es que el Gobierno central dispondrá de la capacidad organizativa y sancionadora de la función pública. El Ejecutivo se garantiza contar con un importante margen de maniobra para poder sancionar a los funcionarios autonómicos que se declaren en rebelión y que no quieran aceptar a la autoridad central. Estas sanciones podrían abarcar desde la apertura de expedientes hasta multas. Esta medida está considerada como fundamental para poder llevar a la práctica el 155 con ciertas garantías, porque «al final, lo más importante es el día a día de la gente», apuntan.
Dentro de estas medidas transversales destinadas a garantizar «la eficacia y la eficiencia» de las generales, también destaca la asunción por parte del Estado de la capacidad para realizar publicaciones en boletines oficiales. De este modo, cualquier cosa que se quiera oficializar mediante el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o a través del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, tendrá que ser autorizada desde Madrid.