Consejeros catalanes amenazan con dimitir si se avanza en la independencia

La CUP airea las discrepancias y reconoce que Puigdemont se plantea unas elecciones

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La Voz en Barcelona

Las aguas bajan cada día más revueltas en el independentismo catalán. En el seno de Junts pel Sí, pero también en su relación con la CUP. Las reiteradas ofertas trampa de diálogo expresadas por Carles Puigdemont al Gobierno quedaron desenmascaradas el martes por la CUP, grupo cuyo apoyo parlamentario es vital para la supervivencia del Gobierno en la Generalitat.

Por boca del diputado anticapitalista Carles Riera, la CUP admitió que Puigdemont se está planteando convocar elecciones para evitar la declaración de independencia y la aplicación del artículo 155. «Nos consta que está sobre la mesa del Gobierno catalán», aseguró Riera sobre la convocatoria electoral. Ese escenario, por el que han abogado el Estado, el Gobierno y el PSOE, no gusta a los cuperos. Lo consideran «la herramienta más eficaz, demoledora y mortal para abortar» el proceso de independencia. Carles Riera volvió a presionar una vez más a Puigdemont al advertirle que «se encontrará solo» si llama a las urnas, y con un escenario de «desobediencia civil».

Para Puigdemont, sin embargo, tampoco bajan claras las aguas en su propio partido y, sobre todo, en el seno de su Gobierno. Según el argumentario de la coalición Junts pel Sí, de la que forman parte el PDECat y ERC, la suspensión de la declaración de independencia se levantaría en un pleno convocado para esta semana -hay uno convocado para las diez horas de mañana y otro previsto para el viernes- en el Parlamento catalán, lo que serviría de «vía defensiva» frente a la aplicación del artículo 155. Esto al menos es lo que están explicando en reuniones de ANC en base a un documento que enfatiza la necesidad de que «la calle siga apoyando a las instituciones». La estrategia pasa pues por «vender» que se «prioriza el diálogo» acudiendo al debate en el Senado -ya sea a la reunión de la comisión, mañana por la tarde, o al pleno del viernes- y, una vez que sean rechazadas sus pretensiones en la Cámara alta, utilizarlo como pretexto para proclamar la independencia».

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Ahora bien, estas pretensiones atribuidas a Junts pel Sí chocan con las presiones internas en el PDECat, ya que al menos dos consejeros de la Generalitat no parecen dispuestos a hacerse el harakiri político. Algunas fuentes apuntan a que se trata de Santi Vila, consejero de Empresa y Conocimiento, y del propio responsable de Interior, Joaquim Forn. El primero, que mantuvo un silencio total ante la fuga de cientos de empresas de Cataluña, no es diputado y, de ser destituido el Gobierno catalán por el Consejo de Ministros, quedaría expuesto a los tribunales ordinarios, ya que perdería su condición de aforado. Parece ser que otros compañeros de Gobierno tampoco se inclinan por una posición de rebeldía y han amenazado con seguir el paso de los dos anteriores y presentar su dimisión si se avanza en la confirmación de la declaración unilateral de independencia.

Las resistencias llegan incluso del exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell, quien el martes advirtió en una entrevista radiofónica que «ni la Generalitat ni el pueblo están en condiciones de hacer viable la independencia».

El presidente y el vicepresidente, Oriol Junqueras, blindaron el martes en la reunión del Consejo Ejecutivo a tres personas de confianza que eran cargos eventuales en Economía y Presidencia, al pasarlos a fijos y salvarlos del despido si es destituido el Gobierno.

Nicolás Sartorius: «El movimiento secesionista catalán es muy insolidario y reaccionario»

Enrique Clemente
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El exdiputado, exdirigente del PCE y de IU, y cofundador de CC. OO. dice que romper países no es nada progresista ni de izquierdas, porque los trabajadores son los más perjudicados

Activo luchador antifranquista, cofundador de Comisiones Obreras, dirigente del PCE, Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) fue detenido varias veces bajo la dictadura y pasó más de seis años en prisión. Fue diputado en dos legislaturas, llegando a ser portavoz de IU. Tras abandonar la militancia política, se dedicó a escribir, especialmente sobre la Transición, y a colaborar en medios de comunicación. Actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Sartorius se muestra preocupado ante la situación «muy complicada, muy peligrosa y muy incierta» que vive Cataluña.

-¿Cómo cree que va a influir el anuncio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

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Montilla elude las presiones y evita desvelar si votará o no a favor de la aplicación del 155

M. L.

El senador del PSC José Montilla recibe presiones de todos los frentes, de quienes le piden que el viernes apoye la aplicación del 155 y de quienes, desde el soberanismo, le piden lo contrario apelando a su condición de expresidente de la Generalitat. Durante su comparecencia en la comisión de asuntos institucionales del Parlamento catalán para dar cuenta de la activación del artículo 155, Montilla acusó a Artur Mas y a Puigdemont de mantener una «apariencia con muchas apelaciones al diálogo», cuando en realidad «no querían negociar nada con el Gobierno», de «forzar la legalidad» hasta «vulnerar la Constitución» y de basar sus decisiones en la «desobediencia». «Nunca he visto un Ejecutivo catalán tan secuestrado por sectores y entidades que, aunque sean respetables, no representan a todos», aseguró.

Aunque dijo estar en contra de la aplicación del 155, el senador por designación autonómica evitó decir si votará sí o no en el pleno del Senado del viernes. Y devolvió la pelota al tejado del Palau, al decir que todavía es posible evitar una intervención de la Generalitat, y que la manera de lograrlo es que Puigdemont convoque inmediatamente unas elecciones autonómicas y abandone la idea de la independencia, «por patriotismo y para defender el autogobierno». Si no las convoca, mantuvo Montilla, este choque de trenes «dejará heridas muy profundas» en la sociedad catalana.

El amago de Puigdemont de llamar a las urnas abre grietas entre PSOE y PP

Gonzalo Bareño
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El Gobierno dice que no bastaría para paralizar el 155 y exige una rectificación total

El Gobierno está convencido de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, planea convocar elecciones en Cataluña, pero sin renunciar a su objetivo de declarar la independencia. Y considera que el anuncio de que está dispuesto a comparecer en el Senado antes de que se apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución es solo una estratagema para ganar tiempo con otra declaración ambigua en la que no quede claro si la llamada a las urnas supone o no renunciar a la declaración unilateral de independencia.

En previsión de que esa sea la estrategia, el Gobierno se puso ayer en guardia para abortarla y anunció que, llegados a este punto, para suspender las medidas previstas no bastará con que Puigdemont convoque elecciones de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y sin denominarlas constituyentes, sino que será necesaria una rectificación total en la que deje claro que renuncia a la independencia unilateral y asuma la anulación de todas las leyes aprobadas los pasados días 6 y 7 de septiembre por el Parlamento catalán, que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional.

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El Senado invita a Puigdemont a un debate con el Gobierno

El grupo popular rechaza flexibilizar los plazos y el presidente catalán tendrá que ajustar su agenda

fran balado

Jueves a las 17 horas o viernes a las 10. Estos son los dos huecos que tendrá que liberar en su agenda Carles Puigdemont si quiere presentarse en el Senado para ofrecer explicaciones sobre el proceso independentista que encabeza. En caso de que el presidente catalán se decante por la primera cita, lo haría en el marco de la comisión que estudia la solicitud del Gobierno para intervenir en Cataluña bajo el paraguas del artículo 155 de la Constitución; si decidiese presentarse el viernes, sería para participar en el pleno en el que se votará sobre dicha intervención. En cualquiera de los dos formatos, Puigdemont se encontraría cara a cara con un representante del Gobierno, que podría ser el presidente Rajoy o cualquiera de sus ministros, tal y como han confirmado desde las filas populares. Aunque el reglamento del Senado permite que el Ejecutivo tenga voz en cualquier comisión que organice la Cámara, para este caso concreto la Mesa ha decidido modificar el formato habitual para convertirlo en una especie de debate. La primera opción en la Moncloa es que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, acuda a la comisión y que el presidente participe en el pleno, pero con toda probabilidad no se confirmará nada como mínimo hasta el jueves por la mañana, cuando termina el plazo para que Puigdemont oficialice su asistencia o, en su caso, para que designe a un represente. Fuentes del Gobierno aseguran que estos papeles entre los dos miembros del Ejecutivo podrían intercambiarse para hacer coincidir a Rajoy con Puigdemont.

Rechazan ampliar el plazo

El vicepresidente primero de la Cámara alta, el popular Pedro Sanz, consideró que la institución está poniendo todas las facilidades para que el presidente catalán acuda al Senado, una presencia que calificó como «un honor» para la institución, porque de alguna manera se somete al sistema, que es participar en el juego parlamentario, lo que lleva consigo aceptar el resultado final».

El PDECat discrepa de Sanz y no considera que se esté facilitando la presencia de Puigdemont en la Cámara. El martes solicitó la ampliación de este margen para que pueda acudir a Madrid, tratando de fijarlo desde el martes al mediodía hasta el jueves por la tarde, cuando concluya la comisión; su petición fue desatendida por los 15 senadores populares y el de UPN. El PSOE discrepó en este capítulo, pero la mayoría del PP resultó decisiva. El Grupo Socialista también confirmó que presentará alguna enmienda al documento del Gobierno, aunque su portavoz, Ander Gil, sin entrar en más detalles, apuntó que sería «de contenido menor».

El martes quedó formalizada la comisión que evaluará la solicitud del Gobierno. El encargado de liderarla será el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero. También se designó a los miembros de la ponencia que estudiará el asunto en primera instancia. El gallego José Manuel Barreiro representará al PP junto a Javier Arenas y García-Albiol; por el PSOE lo harán Ander Gil y Luisa Carcedo; Miren Gorrochategui defenderá la postura de Podemos.

Los policías desplazados en Cataluña: «La gente se sube por las paredes»

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«La gente está cansada, son muchos días seguidos sin que te digan cuándo te vas; no hay previsión de lo que se va a hacer». Así resume un antidisturbios gallego el sentir de los agentes desplazados desde la comunidad a Cataluña hace ya 34 días. Y es que pese a las promesas que a principios de mes hizo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de que habría relevos, al menos a los integrantes de los cuatro grupos de la Unidad de Intervención Policial (180 agentes) de las bases de Vigo y A Coruña, no se le ha concedido permisos a ninguno.

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