El PSOE presiona al PP para que deje una puerta abierta a no aplicar el 155

Los populares rechazan la pretensión socialista de que baste que haya elecciones

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madrid / la voz

El PP y el PSOE continuaban en la noche del jueves cerrando los flecos del documento que votará este viernes el Senado y en el que con toda seguridad se dará luz verde al Gobierno para intervenir en Cataluña bajo el paraguas del 155. Al cierre de esta edición todavía existían dos discrepancias sobre el texto final que se debatirá en la Cámara Alta: el control de los medios de comunicación públicos y los requisitos sobre la ya remota posibilidad de paralizar hasta el último instante la aplicación del 155. Fuentes de ambos partidos señalan que el acuerdo sobre la primera está muy avanzado, y que los populares aceptarán la enmienda propuesta por el PSOE para eliminar este punto del texto. Más complicada parecía la incorporación al dictamen del segundo punto. En Ferraz todavía mantenían un pequeño hilo de esperanza de que Puigdemont regrese a la legalidad y convoque elecciones autonómicas antes de que la aplicación del 155 se haga efectiva, una vez que se publique en el BOE, previo paso por el Consejo de Ministros extraordinario que el Gobierno confía en celebrar esta tarde, a la conclusión del pleno.

Por su parte, en Génova quieren más garantías para frenarlo todo. Así, además de la convocatoria de elecciones, también exigen que el presidente autonómico renuncie de forma clara a la declaración de independencia y que se anulen las leyes independentistas aprobadas en el Parlamento catalán los pasados 6 y 7 de septiembre. Los negociadores disponen de plazo hasta que se someta a votación en un pleno que comenzará a las 10 horas y que se prevé largo y en el que el presidente Rajoy defenderá la postura del Gobierno.

Además de estas dos enmiendas, el PSOE también registró otra con la que tuvo más éxito, ya que lograron su inmediata incorporación. Esta última buscaba apuntalar el espíritu gradual y proporcionado de la intervención del Gobierno en Cataluña. Aquí el acuerdo resultó muy sencillo, ya que fuentes de la Moncloa insistieron desde el primer momento que la aplicación de las medidas iría en aumento en función de las necesidades y de la oposición que se encuentren.

«Ruido, solo ruido»

A pesar de estas discrepancias, el pacto entre Gobierno y PSOE no corre peligro y el Senado dará luz verde al Ejecutivo para que empiece a actuar. Ayer ofrecieron una muestra de la buena sintonía que existe entre ambos. La comisión conjunta del Senado aprobó las medidas planteadas por el Ejecutivo con 22 votos a favor y cinco en contra en lo que resultó un aperitivo del pleno de este viernes. En una larga sesión celebrada en la sala Europa, se dio la extraña circunstancia de senadores socialistas aplaudiendo y aporreando los escritorios para celebrar las palabras del portavoz popular en la Cámara, el gallego José Luis Barreiro; y viceversa, la bancada popular respaldando de forma efusiva la intervención del socialista Ander Gil. La encargada de defender la postura del Gobierno fue su vicepresidenta, una afónica Soraya Sáenz de Santamaría que compareció arropada por varios ministros. La dos del Ejecutivo criticó a Puigdemont de no hacer nada para frenar el 155: «Desde el sábado no ha habido más que ruido, solo ruido, y no lo ha provocado este Gobierno, que ha estado en su sitio y seguirá estándolo».

Elecciones en un horizonte máximo de seis meses

F. Balado
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El Ejecutivo destituirá a Trapero, limitará al Parlamento catalán y reforzará el control sobre las cuentas

Un control total de la Generalitat desde el Gobierno central. Eso es lo que supondrá la aplicación de las medidas elevadas por el Ejecutivo al Senado y que, con toda probabilidad, este viernes se aprobarán en la Cámara alta con holgura, ya que a la mayoría absoluta con la cuenta el PP en la institución, hay que añadir el apoyo del PSOE y Ciudadanos.

El plan del Gobierno para tratar de devolver a Cataluña a la legalidad empezará por la cabeza, con la destitución del presidente autonómico, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, y todos los consejeros de su Gobierno. El ejercicio de sus funciones pasará a depender del Ejecutivo central.

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