El Gobierno reacciona de manera fulminante a la ilegal declaración de la independencia. Los comicios autonómicos «limpios, libres y legales» se celebrarán el jueves 21 de diciembre. Los ministros asumen las competencias correspondientes a cada consejería. El Gobierno cesa a los responsables de los Mossos. El BOE publica de madrugada el cese de Trapero al frente de los Mossos
28 oct 2017 . Actualizado a las 12:27 h.Operación quirúrgica en Cataluña. Mariano Rajoy reaccionó ayer de manera fulminante a la ilegal declaración de independencia aprobada en el Parlamento catalán destituyendo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros, y disolviendo el Parlamento catalán para convocar unos comicios autonómicos «limpios, libres y legales» que se celebrarán el próximo 21 de diciembre, jueves.
El presidente del Gobierno justificó la adopción de estas medidas en la necesidad de «restaurar la democracia» en Cataluña y responder «a unas decisiones que pretenden imponer un secuestro inadmisible a los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles». Una situación que calificó de «desgarradora, triste y angustiosa». Puigdemont, según dijo Rajoy, «tuvo la oportunidad de volver a la legalidad y de convocar elecciones». «Es lo que le pedía la gran mayoría de la sociedad de Cataluña, no quiso hacerlo. Pues bien, el Gobierno de España toma las medidas para recuperar la legalidad», señaló, Rajoy, que consensuó todas estas medidas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que estuvo ayer en contacto permanente.
En una comparecencia en la Moncloa acompañado por todos sus ministros, Rajoy quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles sobre la situación en Cataluña. «Son estas horas de ánimos exaltados en las que importa mucho la prudencia y serenidad» señaló, al tiempo que garantizó que el Estado dispone de medios suficientes para recuperar la normalidad en Cataluña y disolver «de forma pacífica y moderada» cualquier amenaza a la democracia. La reacción del Gobierno llegó después de que el Parlamento catalán aprobara, a propuesta de Junts pel Sí y de la CUP, una ilegal declaración de independencia que fue rechaza de inmediato por la Unión Europea, por todos sus estados miembros y por el Gobierno de Estados Unidos, que solo reconocen a España como único interlocutor, y por la ONU, que pidió «soluciones dentro del marco de la Constitución española».
Los decretos
Entrada en vigor inmediata. En aplicación de las medidas que poco antes había autorizado el pleno del Senado, el Gobierno aprobó cinco reales decretos por los que se disuelve el Parlamento de Cataluña; se convocan elecciones autonómicas para el 21 de diciembre; se destituye a Puigdemont y a Junqueras y se cierran sus respectivas oficinas; se destituye a todos los consejeros de la Generalitat, cuyas funciones pasan a depender de los respectivos ministerios del Gobierno central; se asume el control de los Mossos d’Esquadra y se destituye a su director general, Pere Soler y al secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y se cierran todas las llamadas «embajadas» catalanas en el extranjero. Las medidas entraron en vigor de inmediato con su publicación en el BOE electrónico, a excepción de la convocatoria de elecciones que se publicará hoy, con lo que Puigdemont ya no es el presidente de la Generalitat. Según precisaron en el Gobierno, no es necesaria una comunicación oficial directa para que él y todos sus consejeros se den por enterados de su cese, porque basta con la publicación en el BOE.
La destitución de todo el Gobierno catalán implica además el despido de todo su personal de confianza, que según fuentes de la Moncloa suman 141 cargos y asesores. A partir de ahora, ni Puigdemont ni los miembros de su Gobierno cobrarán sus sueldos ni podrán firmar ningún documento con sus anteriores funciones. «Si lo hicieran, se trataría de una usurpación de funciones», explicaron fuentes de Moncloa.
Medidas en la recámara
Pendientes de la reacción. El Gobierno decidió no crear por ahora la figura de una autoridad que coordine toda la administración en Cataluña, que sería una especie de ministro especial y la máxima autoridad del Ejecutivo en esa comunidad, aunque fuentes del Gobierno no descartaron que se cree más adelante. Y tampoco se constituye la figura del órgano colegiado de gobierno. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presidirá hoy la reunión de la Comisión General de Secretarios de Estado y de Subsecretarios en la que se desarrollarán todas las medidas previstas.
España se adentra así en un período desconocido desde la restauración de la democracia, en el que por primera vez una autonomía será gobernada desde la Administración central, y con la incertidumbre de cuál pueda ser la reacción de los miembros del Ejecutivo catalán destituidos.
El Ejecutivo aprobó también ayer la presentación de un incidente de ejecución de sentencia en el Tribunal Constitucional en el que se solicita la nulidad de la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán.
La acción
Declaración de independencia. «Constituimos la república catalana como Estado independiente soberano, democrático y social». Esa es la categórica afirmación que consta en la exposición de motivos del ilegal texto sometido a votación en el Parlamento catalán y que no deja ninguna duda acerca de la voluntad deliberada de vulnerar la Constitución. Los diputados que participaron en la votación, a pesar de la advertencia de los letrados de la Cámara sobre su clara inconstitucionalidad, aprobaron también la apertura de un proceso para elaborar una Constitución catalana y la convocatoria de unas elecciones constituyentes. Esa resolución fue aprobada por 70 votos a favor, diez en contra y dos votos en blanco. Solo Junts pel Sí y la CUP anunciaron su voto a favor, aunque los diputados de ambos grupos trataron de eludir las responsabilidades penales que pueda acarrear esa decisión solicitando que el voto fuera en urna, y por lo tanto secreto, a lo que accedió la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.
La votación, de la que se ausentaron los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP, volvió a evidenciar la ruptura de Catalunya Sí que es Pot, en la que se integra Podemos, dado que mientras la mayoría de sus miembros mostraron su papeleta con el no a la independencia, los tres diputados de Podem, la rama catalana de Podemos, entre ellos su líder, Albano Dante Fachin, ocultaron su voto.
La reacción
Autorización del Senado. Solo 45 minutos después de que la Cámara catalana consumara su abierto desafío a la Constitución, el pleno del Senado concluyó con la aprobación de las medidas solicitadas por el Gobierno para restablecer el orden constitucional en Cataluña por 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención, lo que supone un respaldo del 81 %. Y, tras su inmediata publicación en el BOE, el Ejecutivo convocó un Consejo de Ministros que tomó las primeras medidas al amparo del artículo 155.
Destituciones
Todo el Gobierno. En el primer decreto de los cinco aprobados ayer, el Gobierno destituye al presidente catalán, Carles Puigdemont. En el segundo hace lo mismo con el vicepresidente, Oriol Junqueras y todos sus consejeros, entre los que no se incluye al consejero Santi Vila, que dimitió el jueves en desacuerdo con la negativa de Puigdemont a celebrar elecciones.
Ministros responsables
Asumen las competencias. El tercer decreto establece que los ministros del Gobierno de España asuman las competencias respectivas a cada consejería y precisa las equivalencias respectivas. Se destituye a los máximos responsables de los Mossos.
Estructuras de Estado
«Fin de las embajadas». El cuarto decreto declara la extinción de numerosos organismos y el cese de personal eventual de la Administración catalana y todos los asesores de la Generalitat. El fin de las llamadas estructuras de Estado incluye las llamadas embajadas en el exterior, a excepción de la de Bruselas, y también el Consejo Asesor para la Transición Nacional que la Generalitat creó en el 2013 para hacer efectiva la independencia, y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Quedan destituidos también los delegados de la Generalitat en Madrid, Ferrán Mascarell, y Bruselas, Amadeu Altafaj.
Elecciones
Antes de Navidad. El quinto decreto aprobado disuelve el Parlamento de Cataluña y convoca las elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
Querella de la Fiscalía
Sedición. Al margen de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, la Fiscalía General del Estado presentará el próximo lunes una querella por el delito de sedición en el Tribunal Supremo contra todos los miembros del Gobierno catalán, ya destituidos de su cargo, y contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que tramitaron la votación del texto sometido a votación a sabiendas, porque así se lo comunicaron los letrados de la cámara autonómica, que era ilegal. La querella incluye también a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, responsable última de que ese texto llegara ante el pleno.
