El fiscal, a la carga contra Puigdemont

Acusa al expresidente y a otros 19 impulsores del proceso secesionista de los delitos de rebelión, sedición y malversación, y pide a la Justicia que los cite a declarar con urgencia

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Redacción / La Voz

Tras la vía política, que en menos de 24 horas sofocó la insurrección independentista con la aplicación del artículo 155, llega ahora la vía penal, que prolongará el viacrucis que aguarda en los tribunales a los impulsores del desafío secesionista y que probablemente acabe llevándolos a prisión. Esa es al menos la intención del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que el lunes presentó querellas por rebelión (penado con hasta 30 años de prisión), sedición (15), malversación (8) y otros delitos conexos contra una veintena de personas, las que desde el Gobierno y la Mesa del Parlamento catalanes promovieron la declaración de independencia.

Aunque en las querellas -una contra Puigdemont y los otros trece miembros del destituido Gobierno catalán, y otra contra seis miembros de la Mesa de la Cámara-, la Fiscalía no solicita medidas cautelares, sí reclama a los jueces que llamen a declarar con urgencia a los querellados, tras lo cual, «en atención a la gravedad de los hechos imputados», valorará la conveniencia de reclamar las medidas cautelares que considere conveniente. En un caso similar, pero con delitos de menor gravedad, que fue el de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, responsables de las organizaciones civiles promotoras del movimiento secesionista, la Fiscalía reclamó su ingreso en prisión provisional, y la jueza aceptó la petición. De momento, la única solicitud del Ministerio Público que los querellados depositen una fianza solidaria, con amenaza de embargo de bienes, de 6.207.450 euros por responsabilidad civil en relación con el referendo ilegal del 1-O..

La razón de presentar dos querellas diferentes es la distinta situación en la que han quedado los querellados tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De un lado, los miembros del depuesto Gobierno catalán, que serán investigados en la Audiencia Nacional, tribunal competente para instruir las causas por rebelión o por sedición. Ante este órgano judicial deberán comparecer Puigdemont, Junqueras y los exconsejeros al haber perdido su cualidad de aforados con su destitución.

El Supremo debate la querella

La otra querella va dirigida contra Carme Forcadell y otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán que desoyeron las advertencias de los letrados de la Cámara y tramitaron las leyes de ruptura y la propuesta con la declaración unilateral de independencia. A diferencia de los catorce querellados anteriores, los seis miembros de la Mesa siguen siendo aforados como integrantes de la diputación permanente del Parlamento catalán, el órgano que gobierna la Cámara hasta que se constituye la nueva como resultado de las elecciones del 21 de diciembre, lo que no ocurrirá hasta mediados de enero del próximo año.

Aunque todos ellos tienen ya una causa abierta en el Tribunal Superior de Cataluña por desobediencia al Constitucional, los delitos de que se los acusa ahora, que trascienden los confines de Cataluña, deben ser investigados por el Tribunal Supremo. La sala de admisiones de este órgano, integrada por cinco magistrados, comenzó el lunes las deliberaciones para decidir si admiten a trámite o no la querella presentada por la Fiscalía. Tras más de hora y media de debate, los magistrados decidieron continuar hoy con las deliberaciones. Los magistrados Manuel Marchena; Andrés Martínez Arrieta; Julián Sánchez Melgar; Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, en caso de que admitan la querella, nombrarán un instructor, que será quien decida la citación de los investigados y, en su caso, si procede adoptar algún tipo de medida cautelar.

La querella presentada contra el anterior Gobierno de la Generalitat será instruida por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ya investiga a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y al hasta la semana pasada mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, todos ellos acusados de sedición. La magistrada deberá decidir ahora si combina ambas causas o si las mantiene como procedimientos separados.

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Un proceso iniciado en el 2015, «con la movilización como medio violento»

Tanto Puigdemont como Junqueras y los doce consejeros perdieron la condición de aforados al ser destituidos por el Gobierno central mediante la aplicación del artículo 155, por lo que la querella de la Fiscalía contra ellos se ha presentado ante la Audiencia Nacional. Los hechos por los que son acusados se remontan al 9 de noviembre del 2015, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución que ponía en marcha el proceso que concluyó el pasado viernes con la declaración unilateral de independencia.

Entre medias, se detallan hechos recientes como las movilizaciones «tumultuarias» desarrolladas en oposición a las órdenes de las autoridades judiciales, en referencia a la operación Anubis, las convocatorias masivas para impedir a los agentes cumplir con sus funciones o los actos de acoso en forma de escraches a policías y guardias civiles en sus lugares de trabajo y de descanso. «Todo esto ejemplifica cómo por parte de los querellados no buscaban simplemente contar con el apoyo de los ciudadanos para llevar a cabo su proyecto independentista dentro de la legalidad, lo cual no sería objeto de reproche, sino de llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin». Esta alusión a al violencia es la clave para acusar a los querellados del delito de rebelión, porque el elemento diferencial respecto del delito de sedición.

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«Eran plenamente conscientes de la evidente inconstitucionalidad»

La Fiscalía acusa de rebelión, sedición y malversación a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó -que sustituyó a Corominas en julio-, Anna Simó y Ramona Barrufet (por Junts pel Sí) y Joan Josep Nuet (por Catalunya Sí que es Pot), por dar una «falsa apariencia de legalidad» al proceso independentista y tramitar leyes como la del referendo, que «solo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada». La querella se presenta ante el Supremo, pues todos están aforados.

Según la Fiscalía, los seis querellados actuaron de acuerdo con el Gobierno catalán para llegar a la declaración de independencia, «por la fuerza de los hechos consumados y la imposición violenta de su objetivo frente a las resoluciones judiciales y a las fuerzas del orden público».

La querella se centra en la tramitación, pese a las advertencias del Constitucional y de los servicios jurídicos de la Cámara, de las leyes del referendo y de transitoriedad jurídica (en el pleno del 6 y 7 de septiembre) y la resolución de independencia del pasado día 24. Para la Fiscalía, «los querellados, miembros de la Mesa, dieron curso a las propuestas de resolución siendo plenamente conscientes de su palmaria y evidente inconstitucionalidad y de que su inclusión en el pleno del Parlamento, vista la configuración de la Cámara, se traducía en la declaración secesionista buscada por todos los querellados como fin último de todos sus actos».

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