La Justicia admite el daño moral que causó el Prestige y fija el coste total en 1.652 millones
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La reclamación final, que es recurrible, solo supone el 38 % de lo que calculó la Fiscalía
16 nov 2017 . Actualizado a las 08:39 h.Quince años después del accidente del Prestige ya hay una valoración judicial de los perjuicios económicos que causó la mayor catástrofe ambiental de la historia de Galicia, una factura que, de forma novedosa, incluye el daño moral provocado por la marea negra y suma un total de 1.652 millones, el 38 % de lo que reclamaba la Fiscalía basándose en una pericial universitaria. Así, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña dictó el miércoles el auto con el que cuantifica los daños causados por la marea negra y que sirve para dar luz verde a que se reclamen en la jurisdicción británica los 1.000 millones de dólares (844,8 millones de euros) del seguro suscrito por el armador con el London P&I Club, pues ambos son responsables civiles. Los magistrados Juan Luis Pía, Salvador Sanz y Dolores Fernández evalúan las pérdidas del Estado español en 1.573,6 millones de euros, cifra en la que están incluidas las indemnizaciones adelantadas a unos 18.000 afectados. A Francia se le reconocen 61,2 millones y a la Xunta tan solo 1,8, debido a que buena parte de las competencias correspondían al Estado y el Gobierno autónomo se subrogó en la reclamación genérica estatal tras ser resarcida de sus gastos en el 2005.
La cantidad de 1,8 millones corresponde al reciclaje de unas 10.000 toneladas de residuos del vertido que quedan por tratar en Sogarisa. La Xunta mostró el miércoles su «satisfacción» al reconocerse «íntegramente» la indemnización que reclamaba.
El Estado español es el principal perjudicado, con 1.573 millones en daños En el auto también se reflejan las cantidades menores que reciben los afectados que no suscribieron un convenio de adelanto de las compensaciones con la Administración, así como otras entidades y ayuntamientos, principalmente franceses, pues la Justicia gala renunció a su proceso penal para unir sus reclamaciones a la causa española. Los particulares y las empresas reciben unos 13 millones de euros y las instituciones francesas que se personaron al margen del Estado, 2,4 millones.
La sala considera que el daño patrimonial acreditado documentalmente por la Administración asciende a 931 millones de euros, pero acepta el espíritu de la reclamación de la Fiscalía -que ascendía a 4.328 millones, según un estudio universitario- al reconocer 279 millones por daño medioambiental y, sobre todo, 363 por daño moral indemnizable.
«Temor, ira y frustración»
«Los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados», se asegura en el auto.
Aunque los peritajes judiciales -entre ellos el del Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo estatal- solo reconocían 513 millones al Estado y el Supremo, en su sentencia, asumió esta cifra, los magistrados de la sala creen que «existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado», una cuestión que sin duda será discutida por el armador y la aseguradora, pues el auto puede ser recurrido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con un plazo de cinco días.
El Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) estará obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio internacional aplicable, que son 171,5 millones de euros. El dinero depositado por la aseguradora en virtud de ese convenio internacional (22,7 millones) se distribuirá entre los perjudicados a prorrata. Hay que recordar que buena parte del dinero disponible del Fidac ya fue ingresado por el Gobierno español: un total de 114 millones de los 121 que ha pagado el organismo intergubernamental, por lo que en realidad quedaría muy poco dinero por repartir.
Es más que previsible que la aseguradora, la armadora Mare Shipping y el Fidac recurran en casación el auto, pues el tribunal apenas atiende sus alegaciones durante el proceso de ejecución de la sentencia. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que están estudiando el auto y que es pronto para decidir si recurren o no. PSOE, En Marea y BNG criticaron la tardanza de la decisión.
La demanda ejecutiva en la jurisdicción británica deberá someterse «a los términos de la legislación de la UE», según el auto de la Audiencia. Esta resolución también prevé el embargo de los bienes a los responsables domiciliados en España si no abonan los pagos, pero ni el armador ni la aseguradora tienen su sede social en el Estado español. El caso Prestige continuará en Madrid y, una vez superados los recursos, en Londres.
Los recursos en el Supremo retrasarán el pleito en Londres
p. g.
Cuando parece que se ha llegado a una meta en causas judiciales como la del Prestige lo que en realidad empieza es una nueva carrera que, como todas las libradas hasta ahora, previsiblemente será larga. Los magistrados de la Audiencia de A Coruña encargados de la oscura y «no siempre sencilla» criba de las reclamaciones optaron por la vía más garantista y decidieron que el auto de cuantificación de los daños fuera recurrible en casación en el Tribunal Supremo. Y ello a pesar de que había doctrina jurídica a la que agarrarse para no hacerlo, como ellos mismos advierten en el auto. «Un acreditado sector doctrinal niega la viabilidad del recurso en esta materia, al constatar la ausencia de una previsión legal al respecto», admiten, aunque, sin embargo, se guían por precedentes que sí ven recurrible la cuantificación de la ejecución por ser un complemento de la sentencia penal.
Habrá lluvia de recursos, el Supremo tendrá que volver a verse con este caso y nadie se atreve a calcular qué plazos se abren en el horizonte. Lo que está claro es que el auto no es firme y, por tanto, no puede ser esgrimido como arma legal en la jurisdicción británica para poder optar a los 1.000 millones de euros. El tiempo y el brexit corren a favor de la aseguradora, que utilizará todas las estrategias de dilación que, legítimamente, tenga a su alcance. Visto lo visto, con la perspectiva que da el paso de los años, el adelanto de las indemnizaciones a unos 18.000 afectados -sin demasiados miramientos sobre si estaban justificadas o no- fue una de las pocas decisiones luminosas de aquellos días.