Los independentistas se lanzan a una campaña de acusaciones sin pruebas

Urkullu y el arzobispo de Barcelona niegan que alertaran de una masacre del Estado a Puigdemont, que sí realizó Rafael Ribó

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Madrid / La Voz

Aunque todavía restan tres semanas para el inicio de campaña del 21D, todos los partidos van tomando posiciones y fijando sus posturas. Las tensiones en el frente independentista continúan en aumento, pero la evidencia de que pescan votos en los mismos caladeros acaba motivando que difundan mensajes muy similares. Los antisistema de la CUP temen que el radicalismo que ha abrazado ERC les pueda robar parte de su electorado y no piensan quedarse de brazos cruzados. La formación que a pesar de no estar integrada en el último Gobierno catalán pilotó su rumbo, desde la investidura de Puigdemont hasta la declaración de la república catalana, ha decidido sumarse a las acusaciones de la republicana Marta Rovira contra el Ejecutivo central en las que acusaba a este de estar decidido a consumar una masacre «con muertos en las calles» en caso de que los independentistas no hubiesen levantado la mano a la hora de implementar el nuevo Estado. Así, su cabeza de lista, Carles Riera, afirmó ayer que a la CUP le consta que los servicios de inteligencia españoles preveían «la posibilidad de, incluso con la colaboración de grupos de extrema derecha, generar conflictos violentos» y acusar a los independentistas de ser responsables de los mismos, una información confidencial de la que tiene constancia «desde hace meses», aseguró.

Estas acusaciones, calificadas por el Gobierno español como «una burda patraña», tampoco han logrado el respaldo de otros actores que hasta el momento se habían mostrado comprensivos con los secesionistas y que en su día intentaron mediar entre Barcelona y Madrid para evitar una declaración de independencia. Entre ellos, el lendakari Iñigo Urkullu (PNV) y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quienes se desmarcaron por completo de este nuevo rumbo emprendido por ERC y la CUP. No así el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), Rafael Ribó, quien admitió haber advertido el 25 de octubre a Puigdemont de una posible reacción violenta por parte del Estado, según recoge el digital Ara.cat.

«Así lo expliqué»

«El mensaje que llegaba es que habría una intervención muy fuerte por parte del Estado, y así lo expliqué a los presentes en la reunión», explica Ribó en alusión al encuentro que mantenía el estado mayor independentista que acabaría de madrugada con el acuerdo para aparcar la DUI y convocar eleccions, y que luego no fructificó.

Iceta quiere libre a Junqueras

Mientras, Miquel Iceta, candidato del PSC a la Generalitat, solicitó la puesta en libertad de los independentistas que están en prisión y que integran alguna de las listas del 21D, entre los que se incluye el exvicepresidente Junqueras. El líder de los socialistas catalanes defendió que todos deberían tener la posibilidad de «hacer campaña sin ningún tipo de obstáculo», salvo Carles Puigdemont, huido en Bruselas, al que metió en un saco distinto por estar «esquivando la acción de la Justicia» española. En relación a las duras acusaciones de Marta Rovira sobre «los muertos en las calles», se limitó a encuadrarlas en el carrusel de mentiras en el que llevan montados los independentistas desde hace tiempo.

La petición de Iceta aumenta la desconfianza de Génova hacia el PSC. Fuentes de la dirección popular garantizan que durante la campaña no atacarán abiertamente a los socialistas, pero temen que acaben apoyando la investidura de Marta Rovira como presidenta con la colaboración de los comunes de Ada Colau y Podemos. Inés Arrimadas (Ciudadanos) cargó contra las barbaridades que están diciendo los separatistas que, dijo, en todo caso no servirán para tapar su fracaso.

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