Entre los nueve puntos pactados está el de hacer borrón y cuenta nueva en las responsabilidades derivadas del 1-0
23 nov 2017 . Actualizado a las 13:51 h.Junts per Catalunya y ERC descartan de momento volver a declarar unilateralmente la independencia a partir del 21D. Eso eso, al menos, lo que se puede extrar del primer borrador sobre lo que consideran que deben compartir los programas electorales de ambas formaciones. El documento que, fuentes del partido aclaran que fue redactado hace «dos fines de semana» y que fue revelado ayer por el medio Nació Digital, consta de nueve puntos entre los que destaca «alcanzar una negociación bilateral con el Estado y con la UE para que se haga posible el acceso de Cataluña a la plena independencia y la efectiva y pacífica articulación democrática hacia la República catalana». En consecuencia, como informa Mercedes Lodeiro, ni la lista encabezada por el fugado expresident Carles Puigdemont ni la del encarcelado exvicepresident Oriol Junqueras aparcan por completo el desafío secesionista. Las formaciones volverían a llevar la independencia en su críptico programa aunque esta ahora sería «negociada».
Unas declaraciones realizadas por la número dos de la candidatura de los comunes al 21D, Elisenda Alamany, inciden en esta idea de que JxC y ERC no han renunciado explícitamente a la independencia, una de las medidas que les permitiría acercarse a la formación de Ada Colau. Alamany rechaza plantear la bilateralidad «sin hacer ninguna renuncia o dirigiendo la negociación solo hacia una solución que sea la independencia».
Libertad para los «presos políticos»
En los primeros puntos del borrador conjunto, JxC y ERC demandan la libertad de los «presos políticos» y la retirada de de «todos los procesos penales y administrativos» abiertos a raíz del referendo del 1-0, así como exigen responsabilidades políticas y policiales por la «operación represiva» realizada durante esta consulta. Por una parte pactan reclamar borrón y cuenta nueva en aquellas responsabilidades que les corresponden, pues pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, llevaron a cabo una consulta declarada ilegal; y, al mismo tiempo, le dan la vuelta a esa responsabilidad para atribuírsela a los dirigentes que respetaron la ley y a la policía que cumplió órdenes. Entre las causas judiciales que piden retirar también incluyen las abiertas contra los responsables del proceso participativo del 9 de noviembre del 2014.
Unas medidas contrarias a una democracia con separación de poderes. La decisión de la jueza Carmen Lamela de enviar a prisión a Oriol Junqueras y otros siete miembros del exGovern a dos meses del 21D, una de las decisiones, en principio, más lesivas electoralmente para el bloque constitucionalista, lo prueba. El proceso que sigue adelante contra Artur Mas, en el que el Tribunal de Cuentas le reclama una fianza de 5,2 millones por la consulta ilegal del 9 de noviembre, sería otro ejemplo.
Ayer, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, incidió en esta idea: «Si una persona tiene una conducta fuera de la ley, tendrá las repercusiones penales que consideren los jueces y los partidos políticos solo pueden respetarlo».
Piden retirar los recursos de inconstitucionalidad contra las normas del Parlament y de la Generalitat
Entre los primeros puntos pactados también está otro que no competería al Govern, como es «la retirada de efectivos policiales responsables de la represión del referendo del 1-0 y la finalización de la presión policial y judicial» que, según ellos, coartan el ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Junts per Catalunya y ERC, en los apartados tres y cuatro del borrador conjunto, hablan también de la «arbitraria aplicación del artículo 155» y reclaman la retirada de todos los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las normas del Parlamento catalán y de la Generalitat, algo que, de nuevo, entraría en el ámbito judicial. De la misma forma reivindican al Gobierno español que respete los resultados de las próximas elecciones del 21D, pero con una maquiavélica fórmula: si gana el bloque independentista, el Gobierno tendrá que aceptar «el mandato de las urnas», con lo que veladamente aluden a que se acepte la independencia.
Sobre el adoctrinamiento en las escuelas, recogido en el punto 7 del borrador conjunto, mezclan la defensa de la profesionalidad de los docentes con la de la escuela catalana y lo que entienden como injerencias del Estado, como si esos centros no fueran parte del mismo. En concreto piden defender a los profesores de «los ataques y las campañas calumniosas que están sufriendo».
JxC y ERC también piden a la UE velar por los derechos de los catalanes y proponen contrarrestar los efectos de «la campaña contra la economía catalana orquestrada por el Gobierno, que ha construido de forma interesada una atmósfera artificial de caos, violencia e inestabilidad para perjudicar a los trabajadores y a la competitividad de las empresas».
La CUP solo está de acuerdo en dos de los puntos
Fuentes de JxC y ERC aclaran que el borrador conjunto se trasladó a la CUP, formación que solo estaría de acuerdo con dos de los puntos: el que hace referencia al rechazo del 155 y el que pide «la liberación de los presos políticos».
«El resto de puntos acordados por ERC y el PDeCAT suponen un retroceso», subrayan fuentes de esta formación, aclarando que trabajan en una contrapropuesta al borrador programático que todavía no tienen cerrada.
Sí destacan que han echado en falta un punto que explicite que ninguna de las fuerzas independentistas llegarán a un acuerdo «con los partidos impulsores del 155», pero insisten en que su contrapropuesta todavía está en debate.