Omiten la vía unilateral apostando por la negociación
28 nov 2017 . Actualizado a las 23:32 h.El exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, aunque las defenderán por «las vías del diálogo y la negociación».
En el escrito presentado al nuevo instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en la que están imputados los antiguos miembros del Govern, la defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa asegura que todos «aceptaron y aceptan la aplicación del artículo 155 desde la más profunda discrepancia política y jurídica» y que «no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Cataluña».
Eso sí, los exconsejeros recuerdan que «ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva», y en el caso de que «en el futuro» volvieran a ostentar algún cargo público «están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación».
La Audiencia Nacional estudiará el lunes la prisión de Junqueras
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este lunes una vista para deliberar sobre los recursos presentados por el exvicepresidente del gobierno catalán Oriol Junqueras y los otros siete exconsejeros en prisión desde el pasado 2 de noviembre por su implicación en el proceso de desconexión de Cataluña que culminó con la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.
Según informan fuentes jurídicas, los cinco magistrados que integran esta sección decidirán sobre los recursos presentados por los ocho exmiembros del Govern los días posteriores a su ingreso en prisión decretado por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los delitos de rebelión, sedición y malversación.
En sus recursos, los investigados pidieron a la Audiencia Nacional que valorara para su puesta en libertad que «son candidatos potenciales a las elecciones y que si estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral» de los comicios catalanes del 21 de diciembre.
La misma Sección estudiará este viernes los recursos presentados contra el auto de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 por el que admitía a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra los exmiembros del Govern.
En ese auto, con fecha de 31 de octubre, la juez se declaraba competente para instruir el caso y decidía incorporar esta investigación, como pieza separada, a la causa por sedición que ella misma dirigía contra el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Estos últimos permanecen en prisión provisional por los hechos que se investigan, relativos a los incidentes que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre durante los registros a miembros del Govern por la celebración del referéndum ilegal.
Rull, Turull y Jordi Sánchez solicitan su excarcelación
Los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez piden comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye las causas judiciales por el procés, Pablo Llarena, y solicitan su excarcelación al entender que no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva decretada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su implicación en la deriva soberanista catalana.
Así lo ha formulado su letrado en un escrito presentado en el alto tribunal en el que también reivindica, en el caso de los exconsejeros encarcelados del PDeCAT, que se anule la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por la juez Lamela contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus 13 exconsejeros por la celebración del referéndum catalán ilegal el pasado 1 de octubre, según han informado fuentes de la defensa.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó el ingreso en prisión de los exmiembros del gobierno catalán el pasado 2 de noviembre por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La magistrada hizo lo propio con Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium) el 16 de octubre por el delito de sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre en Barcelona por las detenciones relacionadas con la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.
