Al candidato del PSC le llueven críticas de los barones socialistas, de Ciudadanos y del PP al sugerir una quita a Cataluña tras el trato «injusto» de la Administración
30 nov 2017 . Actualizado a las 14:33 h.Las heridas en el PSOE tras las convulsas primarias en las que Pedro Sánchez recuperó la secretaría general afloran a la mínima oportunidad. Este miércoles, varios barones territoriales pusieron el grito en el cielo al enterarse de la última propuesta de campaña de Miquel Iceta. El primer secretario del PSC se mostró partidario de que el Estado condone parte de la deuda a las comunidades autónomas que han realizado «un esfuerzo excesivo» en los últimos años para reducir el déficit y entre las que por supuesto se encuentra Cataluña, que aspira a presidir a partir del próximo 21 de diciembre. Iceta tachó de «injustas» las exigencias del Ejecutivo central en los últimos años, por lo que pidió una quita que, desde su punto de vista, debería ser calculada teniendo en cuenta una variable tan peliaguda como la valoración de si los gobiernos autonómicos cometieron decisiones equivocadas.
Esta idea que Iceta lleva en el programa con el que concurre a las elecciones del próximo 21 de diciembre motivó la reprobación de varios pesos pesados dentro de su propio partido. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, habló en boca de uno de sus colaboradores de mayor confianza. Mario Jiménez, portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, exigió que en caso de que se llevara a cabo una quita de la deuda, esta tendría que ser «con carácter universal para todas las comunidades». El presidente asturiano, Javier Fernández, censuró la posibilidad de que el Gobierno central negocie directamente una quita con los dirigentes que salgan de las urnas en Cataluña, algo que considera inadmisible, y exigió que en caso de que ese debate llegase a cobrar forma, tendría que plantearse con un formato en el que estuvieran presentes todas las comunidades autónomas. «No admito que nadie lleve ventaja en esto», sentenció el hombre que pilotó la gestora hasta que se consumó la vuelta de Sánchez a Ferraz. Los reproches también llegaron desde los dominios de Fernández Vara. Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta de la Junta de Extremadura, valoró que «las deudas, y más con las lecciones que deberíamos haber aprendido de la crisis, deben pagarse».
En plena pugna electoral del PSC con Ciudadanos en Cataluña, a Iceta tampoco le faltaron las críticas desde la formación naranja. Albert Rivera mostró su total rechazo a que el conjunto de los españoles tengan que asumir las consecuencias de una mala gestión económica de la Generalitat en la que tuvieron un papel fundamental los tripartitos en los que participó el PSC en los últimos años y en los que el propio Iceta desempeñó cargos de cierta responsabilidad. Según las cuentas del presidente de Ciudadanos, la deuda que acumuló la Administración catalana durante las etapas de Maragall y Montilla al frente asciende hasta los 32.000 millones de euros. Para Rivera, la solución pasa por dedicar los fondos públicos «a construir hospitales y escuelas y no a construir una nación», como considera que se ha hecho en los últimos años, y apuntó varios ejemplos sangrantes como los seis canales de los que disfruta la televisión pública o la red de embajadas internacionales de la que disponía el Gobierno autonómico para promocionar el separatismo.
El «simpa» de Iceta
La propuesta de negociar una quita también ha provocado una reacción del PP, a pesar de que el propio Iceta trató de justificarla en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se había planteado esta opción el pasado marzo. El coordinador general de los populares, Fernando Martínez-Maíllo, acusó al candidato socialista de querer hacer «un simpa» con unos fondos que han sido destinados «a pagar las juergas independentistas, las embajadas catalanas, el sueldo de la hermana de Josep Guardiola o los chiringuitos», criticó.
La amenaza de bloqueo del frente constitucionalista y la repetición de elecciones en junio
Ciudadanos y PSOE mantienen las espadas en todo lo alto en su particular disputa por hacerse con la voz cantante del constitucionalismo en Cataluña. Con el PP alejado en las encuestas, ambas formaciones están inmersas en un intercambio de golpes en el que las críticas al independentismo han ido perdiendo intensidad en favor de ataques entre ellas mismas, cada vez más elevados de tono. Este miércoles el gran desencuentro llegó con la condonación de la deuda, pero el encontronazo también se dio en otros muchos puntos. Desde las ruinas de Sijena hasta el pacto que sostiene a Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, cualquier excusa parece adecuada.
Cuando todavía colean las declaraciones de Adriana Lastra comparando a Rivera con el fundador de la Falange, la vicesecretaria socialista garantizó que el PSOE no apoyaría una investidura de Arrimadas. «Ya hemos dicho que no», reiteró. En el PSC aspiran a alcanzar el poder mediante la vía Borgen, que pasaría porque C’s apoyase a Iceta a pesar de que este cuente con menos escaños, y que se justificaría con la excepcionalidad del momento.
Fuentes de la dirección descartaban este miércoles esta hipótesis, por lo que la posibilidad de que se forme un Gobierno constitucionalista está bloqueada. Así, salvo que ERC logre investir a alguien, los catalanes se verían condenados a votar dentro de seis meses, algo que en Ciudadanos tampoco desagrada por completo, conscientes de su tendencia alcista. Las mismas fuentes apuntan que últimamente Iceta «va de cabeza a por el voto nacionalista no independentista», que creen residual, algo que Ciudadanos estaría aprovechando para pescar en el flanco que desprotegen, es decir, en el electorado más españolista. «La manta no alcanza para tapar los pies y la cabeza».
La deuda de Cataluña con el Estado asciende ya a más de 50.000 millones
Según los datos ofrecidos por el Banco de España, la deuda de Cataluña con el Estado asciende hasta los 52.499 millones de euros, un tercio del total de las obligaciones que mantienen el resto de comunidades en su conjunto. A mediados de año, la deuda total de Cataluña, es decir, la que mantiene además de con la Administración central, con otras instituciones o entidades, se situaba en los 76.727 millones. Esto supone que desde el año 2010, coincidiendo con el inicio del desafío secesionista, la cifra se duplicó, pasando desde los 35.616 millones de entonces a los números actuales.