La Guardia Civil señala a Rovira y Mas como los directores del plan soberanista

Señala que la Generalitat llevó a cabo «diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado» en el referendo del 1 de octubre

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Europa Press

La Guardia Civil señala a la número dos de la lista de ERC, Marta Rovira, al expresidente catalán Artur Mas, a la candidata de la CUP Anna Gabriel y al resto de miembros del llamado Comité Estratégico como las personas que «diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron» la implantación del plan soberanista. En un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista, el instituto armado afirma que los integrantes del Comité Estratégico no solo controlaron la implementación de «sus planes para la creación de un estado soberano», sino que también «movilizaron los recursos humanos y materiales para ello».

Este comité, cuyos miembros eran los ideólogos del plan soberanista, apareció mencionado en el documento EnfoCat, intervenido al número dos de Junqueras, Josep María Jové, y considerado la hoja de ruta a seguir tras la declaración unilateral de independencia (DUI). Lo integraban una veintena de dirigentes independentistas, entre ellos los tres ya mencionados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, los Jordis y sus segundos en ANC y Òmnium, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal o la presidenta de la asociación de municipios por la independencia, Neus Lloveras. También formaban parte de este comité estratégico la presidenta del Parlament Carme Forcadell, el vicepresidente Lluis María Corominas, el considerado arquitecto jurídico de la independencia, el jurista y exvicepresidente del TC Carles Vive Pi i Sunyer, o la exvicepresidenta de la Generalitat Neus Munté. La CUP, además de Anna Gabriel, tenía como representantes a la portavoz Núria Gibert, dos diputados -Mireia Boya y Joaquim Arrufat- y el alcalde de Argentona Eudald Calvo, entre otros. «Todos ellos fueron copartícipes de diseñar la estrategia que debía conducir a la independencia», afirma el informe al que ha tenido acceso Efe.

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La Guardia Civil encuadra a otro grupo de personas en «un segundo nivel de importancia» dentro del Comité Ejecutivo, encargado de poner en marcha el plan de independencia, y que «resultaron fundamentales para ejecutar las normas de desconexión y llevar a cabo el referendo del 1-O planeados desde el Comité Estratégico». Se trata de todos los consejeros de Puigdemont y «muy posiblemente» de «los responsables civil y policial de los Mossos d'Esquadra, César Puig y Josep Lluís Trapero», ex secretario general de Interior y exmayor del cuerpo policial autonómico.

La Guardia Civil incluye a estos dos últimos porque, junto al exdirector de los Mossos Pere Soler, «constituían la cúpula de un cuerpo policial que se consideraba estructura del Estado y del que resultaba imprescindible su control para no dar al traste con los planes de celebración del referendo». Todos los integrantes de estos dos comités «se aprovecharon de sus posiciones dentro del gobierno» para financiar y sustentar «las estructuras del estado» y las actuaciones necesarias para lograr la independencia, «incumpliendo de forma generalizada las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales».

Para ello se calcula por el momento que gastaron más de medio millón de euros, cantidad que aún está por determinar, según la Guardia Civil, que apunta a que todos ellos contribuyeron en «la redacción y aprobación del marco pseudolegal de desconexión y la búsqueda de conflicto social, económico y judicial y la estrategia de desobediencia». «Es indudable que ha existido una simbiosis absoluta y una unidad de acción y ejecución plena e inescindible entre todos los actores independentistas en los últimos años» y que comenzó durante el Gobierno de Artur Mas cuando se celebró el referendo del 9-N, concluye el informe.

Turull y Viver, responsables de gastar medio millón de euros

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La Guardia Civil ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena un nuevo informe en el que señala al exconsejero de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull y al juez Carles Viver Pi y Sunyer por el gasto de al menos 502.639,61 euros para «financiar y sustentar las acciones tendentes a lograr la independencia de Cataluña». Así figura en un informe de la Policía Judicial de la Zona de Cataluña con fecha de 15 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juez del Supremo y que lleva por título «Investigación de los hechos relacionados con la declaración unilateral de independencia en Cataluña». Además de estos dos altos cargos, figuran empresas privadas como Unipost y beneficiarias de los contratos publicitarios como la pública TV3.

«Los ideólogos y ejecutores (Comité Estratégico y Comité Ejecutivo) de la hoja de ruta secesionista se aprovecharon de sus posiciones dentro del Gobierno de la Generalitat para financiar y sustentar las acciones tendentes al desarrollo de los organismos (estructuras de Estado) y actuaciones (referendo del 1 de octubre) que consideraban necesarios para lograr la independencia de Cataluña», recoge en sus conclusiones dicho informe.

El documento señala el «incumpliendo de forma generalizada de las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales». «Hasta ahora», concluye el informe del instituto armado, «se ha podido determinar un gasto de 502.639,61 euros, que presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación».

La Guardia Civil dice que trabaja con el «convencimiento de que el empleo de esos fondos podía constituir malversación» y señala que la Generalitat llevó a cabo «diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado» en el referendo del 1 de octubre.

La Guardia Civil incluye las Diadas desde 2013 en la investigación al «procés»

La Guardia Civil incluye las Diadas celebradas en Barcelona desde 2013 en la lista de movilizaciones utilizadas por los exGovern de Artur Mas y Carles Puigdemont y por asociaciones independentistas como la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural con el fin de «alentar a las masas» contra lo que entendían como «opresión de la justicia española». Entiende que por ello deben ser tenidas en cuenta en la investigación por rebelión que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Así se señala en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Instituto Armado detalla la participación de «los actores independentistas» en las citadas movilizaciones populares, a las que suma las celebradas el 13 de noviembre del 2016 y el pasado 2 de febrero en solidaridad con el expresidente Mas y el resto de investigados por la organización de la consulta del 9-N.

Así, se cita a los líderes de ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, junto con miembros del Govern y diputados de partidos independentistas por su especial actividad en estas concentraciones ciudadanas. «Estos movimientos tenían por finalidad intimidar, menoscabar, amedrentar e incluso violentar derechos y libertades constitucionales», añade el informe. 

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