«Hemos pasado semanas muy difíciles», confirma uno de los agentes desplegados
27 dic 2017 . Actualizado a las 00:07 h.Interior pone fin al operativo especial de policías y guardias civiles desplegado en Cataluña por el desafío secesionista. Y lo hace de forma progresiva. A lo largo de esta semana regresarán a sus bases los agentes que todavía permanecen en esa comunidad. Quedan ya pocos de los más de 6.000 que llegaron escalonadamente desde el 21 de septiembre para reforzar a los 6.500 que tienen su base permanente en la comunidad.
La presencia de policías con base en Galicia se ha reducido notablemente desde que comenzó la llamada operación Copérnico. Este martes solo quedaban 42 policías nacionales de los 250 que llegaron a estar desplegados. Pasaron la Nochebuena y la Navidad en el buque Rapsody, en el puerto de Barcelona.
«Estamos con muchas ganas de volver. Hemos pasado semanas muy difíciles». Uno de los agentes gallegos que formó parte del operativo ponía este martes voz al sentir de miles de policías que participaron en la operación Copérnico. Pocos permisos y un clima especialmente agresivo después del 1-0, cuando el entorno secesionista puso en la diana a los policías nacionales y guardias civiles en Cataluña con la excusa de las cargas registradas el día del referendo ilegal. Miles de personas rodeando durante horas la sede de la Jefatura de Policía en Barcelona, escraches en otros instalaciones de la capital catalana y hostigamiento en varias localidades fueron situaciones que vivieron los agentes, sobre todo al inicio de su misión.
A principios de noviembre, Interior comenzó el repliegue paulatino de unidades de Policía Judicial (que se dedicaron a la multitud de atestados generados el 1-O), de seguridad ciudadana y, en menor medida, de los de información encargados, todavía hoy, de investigar los movimientos del destituido Gobierno catalán, ANC, Òmnium y Mossos para conseguir la proclamación de la república catalana. Dos semanas después comenzó el retorno generalizado a sus bases de los funcionarios de Policía Nacional y Guardia Civil al considerar que la situación de seguridad pública estaba bajo control tras la aplicación del artículo 155 y tras haber constatado que los Mossos d’Esquadra cumplían las órdenes del Gobierno central sin ningún tipo de reparo. El último gran repliegue de agentes se produjo el 22 de diciembre, solo un día después de las elecciones autonómicas. La próxima semana ya solo permanecerán en Cataluña los 6.500 integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado destinados de manera permanente en esta comunidad autónoma.
Los barcos de la discordia
La operación Copérnico no ha sido ajena a las críticas, especialmente de los sindicatos y asociaciones de guardias civiles, que en estos meses denunciaron las condiciones de la estancia en algunos alojamientos. El caso del ferri Moby Dada conocido popularmente como el barco de Piolín -por la decoración de su casco- fue el que tuvo más relevancia pública. Interior optó por alojar en estos buques turísticos a buena parte de los agentes desplazados a Cataluña. Las críticas no se hicieron esperar. «Dos policías de 1,90 con su uniforme y equipo para quince días en una habitación de cuatro metros y sin ventilación», se quejaba en La Voz uno de los agentes gallegos desplazados. La comida tampoco ayudaba, ni el precio de las bebidas que se tenían que pagar en el barco, ni la ubicación. «Eran temas muy mejorables, pero entendibles por lo que pasó», explicaba ayer un portavoz policial, consciente de que los buques habilitados por Interior para dar alojamiento a los agentes no están pensados para estancias tan largas. «El problema fue que esta situación se prolongó en el tiempo», recordó. Interior prorrogó en varias ocasiones las órdenes de comisión de servicio de estos agentes, que, aunque en menor número, se mantuvieron durante la campaña y la jornada electoral del 21D.
Interior promete a los sindicatos cifras concretas para la equiparación salarial en 20 días
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió este martes a ofrecer en veinte días cifras concretas para avanzar en la equiparación salarial de Policía y Guardia civil con otros cuerpos, lo que consiguió calmar los ánimos de los sindicatos policiales y las asociaciones de los guardias civiles. Representantes de todos ellos -los cinco sindicatos policiales y las ocho asociaciones de guardias civiles- se reunieron ayer por separado con Zoido, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y los directores respectivos de ambos cuerpos en la sede del ministerio con un único punto a tratar: la histórica demanda de percibir el mismo sueldo que otros compañeros como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza.
Concluidas ambas reuniones de las que salieron satisfechos los convocados, Interior señaló en un comunicado que Zoido ofreció a los trece representantes «un acuerdo de aumento salarial para los próximos años que les equipare con el resto de cuerpos policiales», una mejora en medios materiales y una «dignificación» de las condiciones de trabajo con la puesta en marcha de un plan de mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras.
Nuevo encuentro
Interior avanzó que el próximo 16 de enero se celebrarán reuniones extraordinarias de los consejos de Policía y Guardia Civil, los órganos en el que están representados los sindicatos y la junta directiva de ambos cuerpos, que presentarán un documento de trabajo con tres ejes: la equiparación salarial, el material de seguridad y nuevas infraestructuras. Porque, añadió, existe el compromiso «firme» para iniciar en los Presupuestos del 2018 el camino hacia la equiparación después de que haya mejorado la situación económica y de que «los últimos acontecimientos hayan puesto de manifiesto la injusta diferencia de retribuciones por similares trabajos entre los distintos cuerpos policiales».
La idea del Ministerio del Interior es que en ese primer documento de trabajo del día 16 quede contemplada la necesidad de elaborar un nuevo catálogo de puestos de trabajo, de reducir de manera importante los complementos específicos «tremendamente injustos y anticuados», de mejorar la gestión de los puestos sujetos a turnos y de igualar el coste de los agentes desplegados, entre otros temas.