España suspende en anticorrupción

El Consejo de Europa denuncia que el Ejecutivo no ha cumplido completamente ninguna de sus once recomendaciones para garantizar la limpieza de la vida política


madrid / la voz

España es el peor alumno de la clase. El que suspende todas las asignaturas. Este es el resumen que hace el Consejo de Europa en la cuarta fase de su análisis para la lucha contra la corrupción, centrado en el comportamiento de parlamentarios, jueces y fiscales. Desde el año 2005, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, realiza un pormenorizado chequeo a más de cuarenta países para evaluar la implementación de unas recomendaciones en aras de combatir comportamientos éticamente dudosos.

Para esta cuarta fase existen once sugerencias que los diputados, senadores, jueces y fiscales españoles deberían seguir, pero según el Informe Interino de Cumplimiento publicado recientemente por el Greco, «ninguna ha sido implementada satisfactoriamente», por lo que la evaluación final que se hace al respecto no puede ser otra que un suspenso total o, por decirlo de una forma más suave, como se recoge en el texto, un resultado «globalmente insatisfactorio». Un buen tirón de orejas, vamos. Siete de estas once recomendaciones han sido implementadas solo de manera parcial, mientras que a las cuatro restantes por el momento se les está haciendo caso omiso. Para más inri, el Greco apunta que muchas de las formaciones políticas en las que militan la gran mayoría de los políticos sí abrazan sin ningún tipo de complejo en sus campañas las recomendaciones de este organismo para avanzar en la lucha contra la corrupción, como «la publicación de las agendas de los parlamentarios, que se detalle las acciones y las participaciones de estos en empresas privadas o la adopción de un código de conducta interno»; sin embargo, a la hora de trasladarlas a la práctica, todo falla.

El único pequeño consuelo es que a pesar de estos paupérrimos resultados, España mejora algo sus calificaciones respecto a la anterior evaluación, en el verano del 2016, en la que también suspendió todas las materias, pero incluso con más ceros. A continuación se detalla en qué consiste cada una de estas once medidas.

Recomendaciones 1 y 4

Un código de conducta para los parlamentarios. Suspenso total. La Greco aconseja la implantación de un código ético para los miembros de las Cortes que detalle lo que es éticamente reprobable y lo que no, como la recepción de regalos o la manera más apropiada de comportarse a la hora de votar una medida en el que al político se le pueda presentar algún tipo de interés. Incluso la creación de un organismo interno que ayude a resolver dudas al respecto. La recomendación cuarta consiste en la vigilancia de la primera. Como es lógico, al no existir ese código de conducta, es imposible que se vele por su cumplimiento.

Recomendación 2

Políticos contra «lobbies». El Greco recomendó la introducción de unas reglas de comportamiento de los parlamentarios frente a las influencias que pretenden ejercer los grupos de presión en el poder legislativo. El organismo reconoce que a principios de año se estudió la incorporación de esta medida, aunque las diferentes visiones de las distintas formaciones políticas impidieron que se alcanzase ningún tipo de acuerdo. Aun así, aunque solo sea para agradecer este amago y el alumno no se desmoralice, se recoge dentro del grupo de «implementadas parcialmente».

recomendación 3

Viajes privados. El Greco valora positivamente la «sustancial mejora» en la web de las Cortes en aspectos de transparencia, pero considera que todavía restan muchas recomendaciones que cumplir, como la información sobre viajes de los parlamentarios pagados por empresas privadas.

recomendaciones 5, 6 y 8

Consejo General del Poder Judicial. Saltamos de la política a la Justicia. El Greco había recomendado una revisión profunda de los mecanismos por los que se rige el CGPJ, en donde a la hora de promocionar profesionales primen criterios objetivos, con la intención de que el organismo gane en independencia. También aconsejó ampliar el período de limitación para los procedimientos disciplinarios. El Congreso puso en marcha una subcomisión para recabar información de expertos como paso previo a introducir mejoras. Todavía es muy temprano para sacar conclusiones.

recomendación 7

Código de conducta para jueces. Los evaluadores tienen en cuenta la publicación del documento Principios de Ética Judicial, un texto aprobado por las asociaciones mayoritarias del gremio de la Justicia, así como el plan de poner en marcha una comisión de ética judicial.

recomendación 9

El fiscal general y su relación con el Gobierno. El Greco solicitó que se detallaran los puntos por los que se decide el nombramiento del máximo responsable del ministerio público, así como mayor transparencia entre los canales de comunicación que se establecen entre este y el Gobierno. Desde el Ejecutivo se excusan en que el Congreso está valorando cómo mejorar la autonomía de esta figura y que la Constitución presenta ciertas barreras a la hora de establecer su elección.

recomendación 10

Código de conducta para fiscales. Las autoridades españolas afirman que su redacción está en curso. Desde el Greco piden una mayor «determinación».

recomendación 11

Sanciones a los fiscales. Por último, también se recomendó el establecimiento de un marco disciplinario específico al servicio de la Fiscalía. Existen discrepancias sobre si el ministro de Justicia debe tener la última palabra para sancionar o no.

El Greco investiga y trata de corregir actitudes éticamente reprobables

La evaluación sobre la implementación en España de las recomendaciones del Greco para esta cuarta fase ha corrido a cargo de dos examinadores. El islandés Magnús Gunnarsson se encargó de los aspectos políticos, mientras que la italiana Emma Rizzato analizó los aspectos judiciales.

Esta cuarta fase se centra en el comportamiento de parlamentarios, jueces y fiscales. La primera se dedica específicamente a chequear el estado de salud de los organismos encargados de luchar contra la corrupción; la segunda en la identificación y el embargo de bienes logrados mediante estas prácticas; y la tercera analiza fundamentalmente el comportamiento de los partidos. Por último, la quinta se centra en la promoción de la integridad en los Gobiernos centrales.

El Gobierno destaca las mejoras y Compromís exige explicaciones del ministro de Justicia

El Gobierno admite que España todavía tiene que mejorar en materia de anticorrupción, pero trata de justificar las pésimas notas que obtiene el país en esta cuarta fase de la evaluación del Greco apuntando que desde su llegada a la Moncloa se está avanzando en la medida de lo posible, y que muchas de estas mejoras todavía no han sido capaces de implantarlas, bien porque necesitan tiempo, bien por la fragmentación parlamentaria o incluso por la propia Constitución, que en algún punto podría plantear pequeños conflictos.

Uno de los aspectos que se critican en este Informe Interino de Cumplimiento es el de que los parlamentarios tendrían que detallar los regalos que reciben, así como los viajes que realizan a cuenta de compañías, un tema que fue criticado por Podemos. «Es evidente, tal y como Greco afirma, que hay un problema aún por resolver al respecto», manifestaron ayer fuentes de Unidos Podemos a Europa Press, recordando la moción que su grupo político presentó el pasado mes de noviembre en el Senado sobre este tema.

La formación morada registró una iniciativa en la Cámara Alta en la que pedía que se restrinjan «las dádivas, regalos, servicios, viajes y estancias» ofrecidas por entidades privadas «con intereses políticos» para «interferir» en la actividad legislativa de los políticos, al hilo de que un grupo de senadores del PP y del PNV y de parlamentarios de Ciudadanos viajasen a Dublín con todos los gastos pagados para conocer las instalaciones de Amgen, una multinacional del sector farmacéutico.

Compromís pide explicaciones

Además de que la publicación del informe ha coincidido en pleno parón vacacional, todas las formaciones tienen mucho que callar, por lo que apenas se han pronunciado en público. Las únicas excepciones llegaron por parte de Compromís, para quienes las explicaciones de la Moncloa sonaron a excusa de mal estudiante y solicitaron la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Rafael Catalá; y de Ciudadanos, cuyo secretario general, José Manuel Villegas, calificó el informe del Greco como un «tirón de orejas» porque «el Gobierno no ha hecho los deberes» encargados por el Consejo de Europa, y nunca se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción. «Arrastra los pies», comentó el dirigente de Ciudadanos ayer en rueda de prensa.

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