Rajoy recurrirá la elección de la Mesa si se permite votar hoy a Puigdemont

Cree que si hay un candidato a la investidura «limpio» se podrá volver a la normalidad

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Madrid / La Voz

La nueva legislatura en Cataluña arranca hoy de la misma manera en la que concluyó la anterior: en medio de un caos reglamentario y con amenazas de recursos al Tribunal Constitucional. Los partidos independentistas aspiran a elegir como presidente de la Cámara al diputado de ERC Roger Torrent, contando con los votos de los cinco parlamentarios huidos de la Justicia en Bélgica, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer que, en caso de que la Mesa de Edad, que deberá formarse previamente, permita votar telemáticamente a los fugados, recurrirá de inmediato esa decisión. La Mesa de Edad estará formada únicamente por diputados de ERC: Ernest Maragall, Gerard Gómez y Rut Ribas.

En una conversación informal con periodistas en la Moncloa, Rajoy advirtió que el Gobierno recurrirá «cualquier acto administrativo» que a su juicio no se ajuste a la legalidad. Tiene claro que no permitirá que se deje votar hoy a Puigdemont y, en función de la fórmula elegida, podría impugnar también que se autorice a hacerlo al exvicepresidente Oriol Junqueras, al exconsejero Joaquim Forn y al presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, todos en prisión preventiva. El caso de estos es distinto, porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se mostró favorable a que puedan delegar su voto en otro diputado.

Si a pesar del recurso que presente el Gobierno hoy se permitiera finalmente votar a los diputados fugados, el Gobierno recurriría ante el Constitucional la propia constitución de la Mesa del Parlamento catalán, lo que paralizaría el arranque de la legislatura y los plazos para elegir un nuevo presidente, prolongando así la vigencia de la aplicación del o 155 de la Constitución en Cataluña. Lo cierto es que los independentistas podrían hacerse hoy con la presidencia de la Cámara y con una mayoría de cuatro de los siete miembros de la mesa, incluso en el caso de que Puigdemont y los otros cuatro prófugos no pudieran votar, ya que Catalunya en Comú, el grupo en el que se integra Podemos, ya ha anunciado que no apoyará a ningún candidato, al haber quedado excluida del órgano rector de la Cámara. Dado que los independentistas cuentan con 70 escaños de Junts per Catalunya (34), ERC (32) y la CUP (4), sin los cinco de Bruselas tendrían 65, suficientes para imponerse en segunda votación, en la que basta la mayoría simple, a los 53 que sumaría el candidato de Ciudadanos José María Espejo, apoyado por PSC y PP. Pero, si se insistiera en permitir que voten los fugados, la elección sería recurrida.

La clave, el día 31

El objetivo del Gobierno no es bloquear la constitución de la Mesa, pero, de cara a la investidura, no quiere que se siente el precedente de que los fugados puedan votar telemáticamente. Rajoy advirtió ayer de la importancia de las decisiones que tome la Mesa a partir de hoy, porque, en caso de que se permita una investidura a distancia de Puigdemont, en contra del criterio de los letrados de la Cámara, sus miembros tendrán que asumir las consecuencias de esa desobediencia tras el recurso que el Gobierno presentaría en el mismo momento en el que se anuncie la candidatura del expresidente catalán. Para Rajoy, la clave estará a partir del 31 de enero, día tope para que se celebre el primer pleno de investidura, siempre que hoy se elija a un presidente del Parlamento autonómico. Desde esa fecha, si en dos meses no se ha investido a un nuevo presidente de la Generalitat, las elecciones tendrán que repetirse 54 días después, en el mes de mayo. Rajoy contempla dos escenarios. Uno, que supondría a su juicio un «mensaje malo», sería el de que los independentistas presentaran como candidato a la presidencia a Puigdemont, fugado en Bruselas, o a alguno de los diputados imputados. Frente a ello, la mejor opción para el jefe del Ejecutivo, y la que garantiza la vuelta a la normalidad, sería la de que los secesionistas presentaran a un candidato «limpio». Es decir, sin causas judiciales pendientes.

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Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea

El vicepresidente de la CE, Frans Timmermans, defiende una vez más la actuación del Gobierno y la independencia de los jueces españoles

Cristina Porteiro

Ni la Justicia está secuestrada ni se vulneran los derechos humanos de los presos en España. Es el mensaje que envió ayer desde Estrasburgo el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, cansado de escuchar la batería de graves acusaciones vertidas día tras día por los secesionistas catalanes, quienes llegaron a comparar el encarcelamiento preventivo de la antigua cúpula del Ejecutivo de la Generalitat con las detenciones en el franquismo para desacreditar a la democracia española y forzar la intervención de la UE.

«España es un país con una separación de poderes claramente definida; eso no se pone en entredicho», sostuvo Timmermans al ser interpelado sobre el exilio voluntario en Bélgica de Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros. El holandés defendió una vez más la actuación del Gobierno y la independencia de los jueces españoles, además de recordar al expresidente fugitivo que antes de exigir tratos preferenciales e impunidad debería asumir las consecuencias de sus actos y ajustar cuentas con la Justicia por todos los delitos que haya podido cometer. «Los ciudadanos, catalanes y españoles, están protegidos por la ley y cuando alguien la infringe debe hacer frente a sus consecuencias», zanjó el socialdemócrata. La Comisión Europea insiste en que no ve «motivo alguno para criticar o poner en entredicho al sistema o al Gobierno español».

Se trata del enésimo portazo de Bruselas a la causa independentista. Ni sus paladines ni las campañas para blanquear la imagen de sus promotores han conseguido ablandar al equipo de Jean Claude Juncker. El luxemburgués no se ha movido ni un ápice de su posición a pesar del ruido y la presión a la que le han sometido desde el mes de octubre. La consigna sigue siendo la misma: cumplir la ley y respetar el Estado de derecho.

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