Rajoy decide desoír al Consejo de Estado e impugnará la investidura de Puigdemont

Recurrirá al Constitucional la candidatura del expresidente para intentar suspenderla

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madrid / la voz

En la Moncloa no se fían del renovado discurso de las fuerzas independentistas catalanas, en el que prometen renunciar a la vía unilateral para alcanzar sus objetivos separatistas, y están dispuestos a poner a prueba a los nuevos actores de este culebrón incluso con actuaciones desaconsejadas por el Consejo de Estado. Este órgano consultivo mostró ayer su rechazo a que el Gobierno eleve un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, propuesta oficializada el pasado lunes por el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, tras el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya y ERC.

El Consejo de Estado se reunió ayer de urgencia a petición del Gobierno y trasladó a media tarde que no considera oportuno llevar el recurso al Constitucional en estos instantes. A pesar de este informe, fuentes del Ejecutivo avanzaron que la determinación del Gobierno es continuar adelante y aprobar su tramitación, remarcando el carácter exclusivamente consultivo del organismo presidido por Romay Beccaría.

Tan solo con la admisión a trámite de este recurso por parte del Constitucional, la suspensión de la candidatura del expresidente catalán fugado en Bélgica sería automática, tal y como se recoge en el segundo punto del artículo 161 de la Constitución: «La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».

Y ahí es donde el Gobierno quiere ver a Roger Torrent. Es decir, si realmente tiene la voluntad de respetar la legalidad vigente o, si por el contrario, hará como su antecesora al frente de la Cámara catalana, Carme Forcadell, quien retorció hasta el extremo todas las reglas democráticas de la institución autonómica para favorecer la declaración de independencia aprobada el pasado 10 de octubre. Cabe recordar que Forcadell se encuentra en libertad bajo fianza investigada por un delito de rebelión por el que se enfrenta hasta a 15 años de cárcel, motivo por el que ha renunciado a renovar su cargo al frente del Parlamento catalán tras haber prestado declaración ante el Tribunal Supremo.

Sin libertad deambulatoria

El Consejo de Estado no comparte con el Gobierno los tiempos, pero sí la argumentación jurídica que se planteó desde Moncloa. «(Puigdemont) carece del derecho de libertad deambulatoria», expuso ayer la vicepresidenta del Gobierno en una convocatoria de urgencia para avanzar esta medida como el principal punto con el que pretenden paralizar la investidura. El expresidente catalán continúa en Bruselas tratando de eludir la acción de la Justicia. Sobre él pesa una orden de detención que debería hacerse efectiva en el mismo instante en el que pise territorio español, algo que recordó Sáenz de Santamaría para apuntar que «no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial».

No obstante, la número dos del Ejecutivo aclaró que este recurso va dirigido exclusivamente contra el expresidente catalán. «Torrent no puede proponer a Puigdemont como candidato, puede proponer a otro». Fuentes de la Moncloa detallaron que en el hipotético caso de que Roger Torrent propusiera a otro líder secesionista con problemas legales, como el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en prisión preventiva, el Gobierno decidiría las acciones a seguir en su momento, aunque con la intención de que los ritmos y los plazos de la Justicia no supongan impedimento alguno para actuar con determinación ante cualquier ilegalidad.

De forma excepcional, el Gobierno también encargó al Consejo de Estado una consulta potestativa tratando de adelantarse a cualquier escenario: si un candidato puede ser investido de manera telemática, si cabría posibilidad de recurso en caso de que la investidura no presencial fuese aprobada por la Mesa del Parlamento catalán, o cuestiones legales sobre una posible delegación del voto de los diputados huidos.

Se repiten el apoyo de PSOE y C's, y las críticas de Podemos

Tal y como avanzó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la decisión del Ejecutivo de impugnar ante el Constitucional la candidatura de Puigdemont para someterse a la investidura en Cataluña tan solo fue compartida con los partidos políticos que se interesaron, es decir, PP, la formación que sostiene al Gobierno, y el PSC, la marca de los socialistas en esa comunidad autónoma. Sáenz de Santamaría detalló que esta medida no tenía nada que ver con la aplicación del artículo 155 que todavía continúa vigente en Cataluña, justificando así la decisión de no haber informado con antelación a Ciudadanos, pero una actuación que sin duda demuestra que los resultados de las elecciones catalanas han supuesto un antes y un después en la relación entre los dos partidos que pugnan por el centroderecha.

De todos modos, Ciudadanos celebró ayer la intención del Gobierno de interponer dicho recurso. Según indicó en una rueda de prensa posterior a este anuncio la diputada Lorena Roldán, en su partido afearon a los grupos independentistas que todos los catalanes «tengan que estar pendientes de los juegos de Puigdemont y de las trifulcas entre Junts per Catalunya y ERC»

La amenaza de Ciudadanos de extender sus buenos resultados en Cataluña por el resto de España ha motivado un nuevo acercamiento entre Rajoy y Pedro Sánchez, que buscan cortar de raíz esta efervescencia naranja. El secretario general del PSOE respaldó las últimas actuaciones del Gobierno. Según fuentes cercanas a Ferraz, el dirigente socialista fue informado por vía telefónica por el propio presidente del Gobierno.

Iglesias ya conoce el futuro

En la línea de su comportamiento a lo largo de todo el desafío secesionista en Cataluña, Podemos se mostró crítico con la intención del Gobierno de impugnar ante el Constitucional la propuesta de investidura de Puigdemont. Pablo Iglesias considera que se trata de una artimaña para «tapar con una banderita» los casos de corrupción del PP.

Según avanzó ayer el secretario general de la formación morada en una intervención en televisión, el futuro inmediato del Parlamento catalán está muy claro: «Van a intentar la investidura de Puigdemont, los letrados ya han dicho que no se puede y tienen previsto un candidato para después; y eso lo sabe todo el mundo», detalló el líder de Podemos.

Dos meses para la elección de un presidente o repetición electoral

 

f. b.

Con la celebración, el pasado día 17, de la sesión constitutiva del Parlamento catalán en la que se eligió a Roger Torrent como presidente de la Cámara autonómica, inmediatamente se puso en marcha una cuenta atrás que puede acabar desencadenando la celebración de unas nuevas elecciones autonómicas que aparentemente nadie desea.

Con la sesión constitutiva en la que Torrent sorprendió con un discurso repleto de mensajes conciliadores, arrancó un plazo de diez días hábiles en el que el nuevo presidente del Parlamento catalán debía establecer una ronda de consultas con los grupos parlamentarios con la intención de proponer un candidato a la investidura. Tras las difíciles negociaciones entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, las formaciones secesionistas lograron un acuerdo de mínimos mediante el que Carles Puigdemont sería el candidato a repetir como presidente de la Generalitat, por lo que este fue propuesto por Torrent. Para lograrlo, el exdirigente huido en Bruselas necesita recabar el apoyo de la Cámara (en una primera votación necesitaría una mayoría absoluta del hemiciclo, pero en una segunda votación sería suficiente con una simple) antes de que concluya el mes de enero, fecha límite para que se celebre el pleno de investidura. JxCat quería estirarlo hasta lo máximo posible, sin embargo ayer ERC logró imponer su propuesta de fijar la sesión para el 30 de enero, un día antes de que expire el plazo, para dejar cierto margen de maniobra para probar suerte con algún candidato de su partido en caso de que la investidura de Puigdemont no pudiera debatirse.

El 155 seguiría en vigor

Desde el mismo instante en el que fracasase la sesión de investidura, comenzaría una nueva cuenta atrás establecida por el reglamento de la Cámara autonómica, que determina un nuevo plazo de dos meses para que se elija a un presidente de la Generalitat. En caso de que resulte imposible, el Parlamento se disolvería de manera automática y los catalanes volverían a ser llamados a las urnas 54 días después en una nueva convocatoria electoral que volvería a ser responsabilidad del Gobierno central, ya que, según el documento aprobado por el Senado, el artículo 155 solo dejaría de estar en vigor en el momento en el que haya un nuevo Gobierno.

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cristian reino

Horas después del anuncio de impugnación por parte del Gobierno central, el presidente de la Cámara catalana se anticipó a una posible suspensión por parte del Constitucional y fijó la convocatoria del debate de investidura de Carles Puigdemont para el próximo martes, 30 de enero, a las tres de la tarde. Torrent, en la convocatoria, citó el artículo 146 del reglamento del Parlamento y fijó como orden del día un único punto: debate del programa y votación de investidura del diputado Carles Puigdemont.

Torrent apuró al máximo el anuncio tras una nueva pugna con Junts per Catalunya, en este caso por la fecha. Esquerra, que defiende que el nuevo Gobierno pueda trabajar desde el minuto uno, lo que no puede asegurar Puigdemont, apostaba por el día 30, mientras que Junts per Catalunya prefería el 31, al límite del plazo legal. La diferencia no era baladí. Esquerra quería asegurarse 24 horas, tras una eventual suspensión de la investidura, para poder improvisar una candidatura alternativa. Los neoconvergentes, en cambio, querían agotar el período legal para no dejar opción a un plan B y que la disyuntiva fuera Puigdemont o nuevas elecciones. Torrent trasladó ayer a los grupos su intención de celebrar una investidura con «plena normalidad». Según apuntaron desde la oposición, en la reunión que mantuvo en Bruselas, Puigdemont no le aseguró que regresaría para participar en el debate, pero tampoco le dijo lo contrario.

Por tanto, todo sigue en el aire. También la petición de la delegación de voto de los diputados que permanecen en Bruselas, que la Mesa decidirá el martes poco antes del inicio del pleno. Siempre y cuando la sesión no haya sido anulada antes.

Dimisión

Mientras, Carles Puigdemont reclamó la dimisión de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después del revolcón del Consejo de Estado, que consideró que no hay base legal para una impugnación preventiva de la investidura del candidato de Junts per Catalunya. «Debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar», afirmó.

El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, aseguró que el Gobierno central ha traspasado «todas las líneas rojas» y ha perpetrado un «golpe de Estado» contra el resultado electoral del 21D. Según Pujol, el intento de paralizar la investidura es propio de una «dictadura y el Gobierno se sitúa en la «ilegalidad».

Junts per Catalunya anunció que emprenderá acciones legales para defender sus «derechos como diputados». Consideran que la ley los asiste, desde el argumento de que existe una credencial de la junta electoral que «demuestra y certifica que Puigdemont es parlamentario con todos los derechos».

Esquerra está en una situación incómoda porque mantiene un doble juego. Los republicanos cargaron también con dureza contra el Ejecutivo central, pero evitaron dar pistas sobre cuál será su posición en caso de suspensión de la candidatura de Puigdemont. «Paso a paso», dijo el portavoz de la formación, Sergi Sabrià. Esquerra mantuvo ayer públicamente el apoyo a la candidatura del expresidente y defendió su «legitimidad», aunque son conscientes de que su investidura es poco menos que imposible, a no ser que los secesionistas se salten el reglamento de la Cámara y vuelvan a la vía de la confrontación de la pasada legislatura, tesis que gana terreno en Junts per Catalunya. ERC negó tener un plan B y afirmó que defenderá por todos los medios la investidura del expresidente.

Los republicanos, no obstante, esperaban agazapados a que el Constitucional suspendiera la investidura de Puigdemont, pero a posteriori, como apuntó ayer el Consejo de Estado en su informe, para irrumpir en el debate del candidato alternativo. Sin embargo, la posible suspensión preventiva a quien deja en el disparadero es a Torrent, diputado de ERC, que deberá decidir entre la desobediencia en la más genuina vía Forcadell -de la que trató de desmarcarse en su estreno- o en el acatamiento, que para el independentismo que aún no ha plegado velas supondrá una traición.

Condenado a un año de cárcel por amenazar a Puigdemont con fusilarlo

Un hombre aceptó una condena de un año y tres meses de cárcel por amenazar con «fusilar y quemar con gasolina» al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los independentistas, en varias proclamas que publicó en Facebook bajo el seudónimo de Franco. En su sentencia, que es firme dado que fue fruto de un acuerdo entre las partes, el Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona condena por un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas al procesado, al que aplica la eximente incompleta de alteración psíquica por considerar probado que tenía «mermadas» sus facultades mentales. La sentencia condena al internauta a un año y tres meses de cárcel, así como a una multa de 720 euros, pero le suspende la pena de prisión por un período de tres años siempre que no vuelva a delinquir.

Ataque de tres independentistas a un periódico

Tres personas encapuchadas realizaron ayer pintadas contra el «fascismo» y rompieron a martillazos las cristaleras de la fachada de la sede del periódico digital Crónica Global en Barcelona, en una acción en la que se ha puesto la firma del colectivo juvenil Arran, vinculado a la CUP.

El ataque a la sede del medio de comunicación, que quedó registrado por las cámaras de seguridad, se llevó a cabo entre las tres y las cuatro de la madrugada del jueves por tres personas con los rostros cubiertos, una de las cuales grabó la acción violenta en vídeo.

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