El juez del Alvia imputa a otros dos cargos del ADIF, uno de ellos fallecido hace tres años
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Llama a declarar como testigos a los técnicos de las empresas que instalaron la seguridad y a otros dos de Renfe por el aviso sobre la peligrosidad de la curva
03 feb 2018 . Actualizado a las 09:18 h.El juez del caso Alvia parece decidido a llegar hasta el final en la búsqueda de responsabilidades penales en el caso Alvia y afianzar el rumbo de la investigación que en los últimos meses se ha centrado en un análisis de riesgos de la curva de Angrois posiblemente insuficiente. En un auto notificado ayer, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago accede a llamar a declarar como investigados a otros dos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Se trata del gerente del área de Seguridad en la Circulación del Noroeste, Fernando Rebón Sartal, y el jefe de inspección de esta gerencia, José Antonio García Díez. La Voz ha podido saber que este último falleció en marzo del 2015, con 57 años, algo que evidentemente desconocía el juzgado.
El otro investigado se suma a los responsables de Seguridad en la Circulación del ADIF y Renfe, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares, y al maquinista, Francisco José Garzón Amo, que permanece imputado desde el inicio de la causa, hace cuatro años y medio, además de a tres técnicos de Ineco.
El juez Andrés Lago Louro considera «pertinente y útil» que el cargo técnico del ADIF declare en calidad de investigado, pues su testimonio lo considera necesario «para esclarecer algunos de los defectos que, en lo que se refiere a la gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea, justificaron en su día la imputación de Cortabitarte». Asume además que el máximo responsable de la seguridad en el administrador ferroviario «es indudable que tuvo que contar con la colaboración del gerente», de ahí que su declaración se preste en calidad de investigado para «salvaguardar» su derecho de defensa, «pues no es descartable que buena parte de los reproches que justificaron la imputación de Cortabitarte puedan ser extensivos a sus colaboradores».
No cree necesario, en cambio, que declare el actual responsable de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro Galindo, pues no ostentaba ese cargo cuando se preparó la puesta en servicio de la línea. Rebón Sartal deberá prestar declaración el 7 de marzo. Ya fue imputado en el 2013 por el anterior juez, Luis Aláez, aunque finalmente la Audiencia dejó sin efecto esa decisión.
El juez también acepta las peticiones de la mayoría de las partes de la causa para que declaren como testigos cinco cargos técnicos de la unión temporal de empresas (Siemens y Thales) que instalaron los elementos de seguridad en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, y reclama al ADIF los contratos con los que se encargó a la empresa pública Ineco la evaluación independiente de seguridad de todo el trazado excepto la curva de Angrois y el enclavamiento de Santiago. También declararán como testigos un técnico de Bombardier y dos cargos de Renfe: el director general de operaciones, Francisco Minayo de la Cruz, y el gerente de la dirección corporativa de Seguridad en la Circulación, Javier Nicolás Esteban, en relación con el aviso sobre la peligrosidad de la curva que envió el jefe de maquinistas de Ourense y la homologación del Alvia. Está previsto que ratifiquen sus informes los peritos de la defensa del maquinista, Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo, y los que recientemente aportó el ADIF: Antonio Puyol Gómez y Esther Mateo.
El juez no considera necesario que declare como testigo el responsable de Seguridad de la Agencia Europea del Ferrocarril, Christopher Carr, pues este organismo comunitario está pendiente de entregar su informe sobre la gestión de los riesgos en la curva. Las cuestiones a las que debe dar respuesta este dictamen llegaron a la agencia el pasado 22 de noviembre y será crucial de cara a la investigación judicial y el fin de la instrucción.
Mientras, las víctimas acudirán el lunes al Congreso de los Diputados con el objetivo de presionar para que se ponga en marcha la comisión de investigación del accidente, que fue aprobada el 28 de septiembre y todavía no ha sido activada.