Rajoy juega con fuego sobre la deuda

El intento de solucionar el problema catalán con dinero puede crear un enfrentamiento más grave de unos españoles con otros

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Madrid / La Voz

Se veía venir. Algunos, como Alberto Núñez Feijoo, llevan años advirtiéndolo. Antes de que Artur Mas pusiera en marcha ese engendro llamado procés para tratar de ocultar una gestión económica desastrosa, había ya quien alertaba del peligro que supondría el tratar de acabar con el problema de la desafección de una parte de los catalanes hacia España por la vía del privilegio económico. Y, antes incluso de llegar al Gobierno, Rajoy dio garantías de que no habría agravios. Era octubre del 2011. La victoria en las elecciones de aquel año era ya segura. El PP celebró su convención nacional en Málaga. En una discreta reunión a puerta cerrada con los barones del PP, Rajoy y Montoro les dijeron lo siguiente: «Vamos a ganar. Vamos a gobernar. Pero no comprometáis gasto, porque no hay un duro y tendréis que aplicar ajustes durísimos». Feijoo, que llevaba dos años practicando una política de austeridad en Galicia, salió reconfortado de esa cita pensando que ya no estaría solo. Pero ya entonces le advirtió a La Voz de Galicia que Cataluña llevaba tiempo gastando de más y tendría que hacer las mismas reformas que había hecho Galicia, pero «de forma abrupta».

Lo que ha ocurrido desde entonces es conocido. Rajoy llegó al Gobierno. Galicia y otras comunidades -pocas- cumplieron a rajatabla el programa de austeridad. Cataluña siguió gastando a manos llenas hasta que, amenazada por la bancarrota, tuvo que ser rescatada por el Gobierno a través de un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) por el que ha recibido cerca de 60.000 millones de euros en cinco años. A costa del FLA, el Estado ha tenido que pagar, entre otras cosas, los disparatados intereses que Cataluña ofreció a quien compró sus bonos patrióticos. Por si fuera poco, mientras Cataluña recibía miles de millones de euros del Estado, la Generalitat llegó a exigir al Gobierno que paralizara la inversión en el AVE a Galicia porque era un «despilfarro» que no resultaría «rentable» y era necesario «priorizar» la inversión en zonas productivas como Cataluña. En todo este tiempo, Galicia no ha pedido un solo euro del FLA porque prefirió financiarse en el merado, después de recibir del Gobierno la garantía de que Cataluña y el resto de las comunidades que acudieron a ese mecanismo devolverían cada euro adelantado por el Estado.

Y ahora, siete años después, aquel mismo Montoro que exigía preventivamente en el 2011 en Málaga drásticos recortes a los barones del PP, después de haberles condonado ya miles de millones en intereses abre la puerta a una quita de la deuda de las comunidades que, como Cataluña, se negaron a asumir la disciplina fiscal impuesta por el Gobierno y gastaron sin límite en plena crisis, endeudándose de forma descontrolada.

El Gobierno no parece ser consciente de que está jugando con fuego. Y de que, tratando de solucionar con dinero la desafección de una parte de los catalanes hacia España, está generando un problema muchísimo más grave al enfrentar a unos españoles contra otros, creando agravios que resultan ya insoportables y fomentando la idea de que para recibir un buen trato por parte del Estado es necesario violar antes la Constitución.

El PP, a la espera del CIS para decidir si acelera los cambios

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica hoy la primera encuesta con estimación de voto desde las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Las expectativas del PP, al menos mientras no dispone de información sobre ese trabajo, se mueven entre mantener la primera posición, pero con una importante reducción de la diferencia con el PSOE, lo que supondría la mejor de las hipótesis, o un ajustado sorpasso socialista, que se consideraría puramente coyuntural y no cambiaría nada. Pero el otro escenario, el de que Ciudadanos se sitúe como primera fuerza, como indican otros sondeos, encendería todas las alarmas y podría acelerar los cambios previstos en Génova y en la Moncloa.

El Gobierno y ERC, aliados en contra de Puigdemont

El tablero político en Cataluña ha dado un giro radical desde que el presidente del Parlamento autonómico, Roger Torrent, aplazó la sesión de investidura, consciente de que Puigdemont le llevaba a un callejón sin salida que acababa en la cárcel. Ya no hay una estrategia independentista, sino que hay que diferenciar entre la estrategia de Puigdemont y la de ERC. Y la del expresidente catalán pasa ahora por presionar al Gobierno y a ERC forzando unas nuevas elecciones, en las que Puigdemont está seguro de mejorar su posición. La confluencia de intereses en contra de esa posibilidad está generando un flujo de información sin precedentes entre el Gobierno y ERC que puede dar pronto sus frutos.

El PNV quiere engordar la factura de los Presupuestos

El PNV es especialista en aumentar el precio de sus votos en cualquier negociación con el Gobierno central. Lleva décadas haciéndolo y la fórmula nunca falla. En este momento, sus votos están todavía en la subasta para la aprobación de los Presupuestos del 2018. Su apoyo se daba hasta hace poco por seguro, pero la aplicación del artículo 155 en Cataluña ha servido a los nacionalistas vascos para elevar la factura. Y, como del ventajoso acuerdo logrado sobre el Cupo ya no se puede sacar más, pretenden introducir ahora en la receta el traspaso al País Vasco de las competencias en materia penitenciaria, con el acercamiento de presos etarras como trasfondo. ¿Está dispuesto el Gobierno a pagar ese precio?

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