Presentan una querella contra cinco exministros por el proyecto Castor

Acusan a cuatro altos cargos del PSOE y uno del PP de fraude a la Administración


redacción / la voz

La paralización del proyecto Castor, la mayor infraestructura prevista en España para inyectar y almacenar gas natural a 1.750 metros, parece no impedir que continúe provocando temblores. Al menos en el terreno político. Porque más allá de los 600 microseísmos que tanto el Instituto Geológico Minero (Igme) como el Instituto Geográfico Nacional relacionaron en su día con la inyección de gas -factor que aceleró que el Gobierno decretase en octubre del 2014 la hibernación del proyecto por parte del Gobierno-, varios colectivos presentaron ayer una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del Ejecutivo popular de Mariano Rajoy.

A todos, como informa Europa Press, les atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Cástor, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón).

Representantes de las asociaciones demandantes -el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña- apuntaron que la querella fue registrada la semana pasada- porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas. Pero además creen que en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, hay «anomalías» donde hay políticos implicados, por lo que todo ello «se tiene que investigar».

En concreto, se han querellado contra los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como contra el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) y a las extitulares socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS; al presidente de la mercantil ESCAL UGS S.L., Recaredo del Potro; al exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo, Ignasi Nieto.

La hibernación de la infraestructura implicaba su cancelación y tener que otorgar a la empresa Escal, participada en un 33 % por la canadiense CPL y en un 67 % por ACS, de Florentino Pérez, una indemnización de 1.350 millones de euros. En julio del 2014 CPL había renunciado a la concesión de la explotación. Buena parte de esa factura sería trasladada a los españoles por medio de la factura del gas en tres décadas.

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