El Parlament defiende el derecho de Puigdemont a ser investido y reclama su libertad

La CUP reta a JxCat y ERC a convocar «ya» un pleno para investir a Puigdemont


 El Parlament ha aprobado hoy, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, dos resoluciones en las que se pide la «libertad» de los diputados presos y se reivindica el «derecho» de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull a ser investidos como presidentes de la Generalitat.

Una de las resoluciones, que han contado con el rechazo de Ciudadanos, el PSC y el PPC -los comunes han apoyado algunos de los puntos sometidos a votación- reclamaba la «puesta en libertad inmediata de todos los diputados y exdiputados» del Parlament «que están privados de libertad». Este punto concreto que pedía la libertad de los presos soberanistas ha contado con el apoyo de JxCat, ERC, la CUP y también Catalunya en Comú-Podem, mientras que Ciudadanos no ha querido participar en esta precisa votación al considerar «una barbaridad» decir a la justicia «lo que tiene que hacer».

En la exposición de motivos de esta resolución se recuerda que Puigdemont «se vio forzado a renunciar a su investidura ante el bloqueo» por las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional para impedir su elección como president.

También se recuerda que Jordi Sànchez, en prisión preventiva, no fue autorizado a asistir a su sesión de investidura, por lo que acudió al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que llamó, sin entrar en el fondo de la cuestión, a adoptar «todas las medidas necesarias para garantizar» que el número dos de JxCat pudiera «ejercer sus derechos políticos».

El tercer candidato propuesto por JxCat para la investidura fue Turull, que tras no obtener los votos suficientes para ser investido el pasado jueves ya no pudo presentarse a la segunda votación del sábado porque había sido encarcelado.

Con los votos a favor de los tres grupos independentistas, el Parlament ha aprobado comprometerse a «adoptar todas las medidas necesarias para garantizar» que Puigdemont, Sànchez y Turull «puedan ejercer sus derechos políticos», incluyendo «el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura para ser investidos».

Así es la vida de Puigdemont en prisión Cuenta con una celda individual de 7 metros cuadrados y dos horas para visitas al mes, exceptuando el tiempo que pasa con sus abogados. Emplea su tiempo en la cárcel leyendo libros en inglés.

En el debate, la diputada de JxCat Gemma Geis ha advertido de que su grupo parlamentario «no renunciará a la investidura» de Puigdemont y ha instado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a respetar sus «derechos políticos».

El diputado de la CUP Carles Riera ha retado a JxCat y ERC a convocar «ya» un pleno para investir a Puigdemont como president y ha añadido: «Asumiremos todas las responsabilidades que sean necesarias para hacerlo realidad, con todas las consecuencias».

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha considerado una «barbaridad» que los independentistas pretendan decirle a la justicia española y alemana «quién debe de salir» de prisión: «Salgan de la burbuja del procés», ha dicho.

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha dicho que «empatiza con el sufrimiento» que se está viviendo en las filas independentistas, aunque ha pedido «no profundizar en el conflicto» y buscar «espacios de diálogo» en la política catalana.

La propuesta de Podemos 

El presidente del grupo parlamentario de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha instado a la mayoría independentista a «dar un paso atrás» y formar un Govern «amplio y transversal» con personalidades «independientes» que representen a «sensibilidades diversas». Para eso ha propuesto este miércoles formar un Govern de personas independientes que no tengan vinculación con partidos políticos para acabar con el bloqueo institucional, la aplicación del 155 y recuperar el autogobierno de Cataluña.

«Un Govern que recoja todas las sensibilidades transversales del país» que Domènech pide que sea temporal, y cuyos miembros se comprometan con unos objetivos concretos y, una vez cumplidos, se comprometan también con convocar unas elecciones y no presentarse a ellas.

Por su parte, el presidente del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha acusado a los partidos independentistas de actuar como un «bombero pirómano» y de «avalar» en el pleno «el conflicto y el caos» que grupos de «radicales» han sembrado en las calles y las carreteras catalanas desde el pasado fin de semana.

Puigdemont pide el voto delegado

Un minuto antes de que previamente al pleno se reuniese la Mesa del Parlament, el grupo de Junts per Catalunya (JxCat) registró una petición para que Carles Puigdemont, que seguirá preso en Alemania hasta que no se resuelva su extradicción, pueda delegar su voto, pero la Mesa del Parlament ha aplazado la decisión al respecto hasta la semana que viene. 

Fuentes parlamentarias señalaron que, ante esta opción, partidos de la oposición como Ciudadanos (Cs) y PP pidieron un informe a los letrados de la cámara.

Aún así, no será hasta la semana que viene cuando lo abordará la Mesa del Parlament que encabeza el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, y que es el órgano encargado de interpretar el reglamento y ordenar los debates parlamentarios.

En la solicitud de delegación de voto, el expresidente solicita delegar su voto en su compañera de grupo Elsa Artadi en todos los plenos de la legislatura mientras dure su situación de «incapacidad».

La sorpresa de Torrent

Fuentes parlamentarias explican que el presidente Torrent no conocía las intenciones de JxCat, «ha reaccionado con cara de sorpresa y ha pedido corriendo un receso» de la reunión de la Mesa.

Fuentes de ERC han mostrado su enfado por esta maniobra de JxCat porque no habían sido avisado previamente y por considerar que abre un conflicto innecesario -los independentistas tiene la mayoría justa de 68 diputados y no necesitan por ahora el voto del expresidente-.

Puigdemont ya pidió poder delegar el voto en otro compañero de JxCat el pasado 18 de enero, pero entonces se rechazó porque estaba en Bruselas y no había comparecido ante la justicia cuando se le indicó.

Entonces, los letrados del Parlament consideraron necesaria una reforma del reglamento de la cámara para autorizar la delegación del voto de los exconsellers en Bruselas y los que están en prisión preventiva.

En cambio, sí que han podido delegar su voto en las sesiones que se han celebrado hasta la fecha los diputados que están en prisión preventiva, entre los cuales figura el líder de ERC, Oriol Junqueras.

El Parlament rechaza solicitar la dimisión de Torrent

Por otra parte  el Parlament ha rechazado solicitar, como pedía Ciudadanos, la dimisión del presidente de la cámara, Roger Torrent, por su «falta de imparcialidad y neutralidad institucional», así como poner fin a su «estrategia de utilización partidista» de la institución según los intereses independentistas.

Ciudadanos ha presentado una propuesta de resolución en el pleno extraordinario impulsado por los independentistas para reivindicar la investidura de Carles Puigdemont, en la que solicitaba entre otras cosas la dimisión de Torrent tras «constatar» que «sistemáticamente» el presidente del Parlament «ejerce sus funciones de forma arbitraria y tendenciosa en favor de los partidos independentistas».

Esta solicitud de dimisión de Torrent ha sido rechazada por Junts per Catalunya, ERC y la CUP, pero también por el PSC y Catalunya en Comú-Podem, partidos estos dos últimos que han acusado a Ciudadanos de ser «parte del problema» en lugar de plantear soluciones, contribuyendo así al actual «bloqueo» de Cataluña.

Este punto en concreto de la iniciativa de Ciudadanos es el que ha suscitado más críticas entre el resto de los grupos parlamentarios, con la excepción del PPC, que ha secundado la petición de dimisión de Torrent. 

La violencia gana terreno en el secesionismo

CRISTIAN REINO
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Grupos próximos a la CUP colapsan durante horas las principales carreteras de Cataluña al bloquear sus puntos neurálgicos y amenazan con más acciones durante la Semana Santa

El independentismo ha radicalizado sus protestas, cada vez menos numerosas pero más contundentes. A raíz de que el juez Pablo Llarena procesara a 25 dirigentes secesionistas y encarcelara a cinco, y las autoridades alemanas detuvieran a Carles Puigdemont, la tensión ciudadana se encuentra en su momento álgido. Los comités de defensa de la república (CDR), asambleas autónomas de ámbito local vinculadas a la CUP, han cogido la bandera de la protesta en la calle y la situación es cada vez más crispada. El objetivo ya no es solo salir a la calle a manifestarse, como han planteado la ANC y Òmnium en los últimos cinco años, sino situar a Cataluña en un clima tal que fuerce al Gobierno central a sentarse a negociar.

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