Graves consecuencias judiciales y políticas de la decisión alemana

Afecta a la causa que instruye Llarena y abre un nuevo período de incertidumbre en Cataluña

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Cristina porteiro
Redacción / La Voz bruselas / corresponsal

Carles Puigdemont quedará hoy en libertad, en cuanto abone la fianza de 75.000 euros, pero no podrá abandonar Alemania, a la espera de que el tribunal de Schleswig-Holstein decida sobre su entrega a España por el otro delito de corrupción de que lo acusa el juez Pablo Llarena, el de malversación. Es decir, aunque queda libre del delito más grave, por el que podía haber sido condenado a 30 años de prisión, no queda exonerado de otros que pueden llevarlo igualmente a la cárcel, aunque la pena máxima puede ser de ocho años. En todo caso, la decisión tiene una enorme repercusión, tanto judicial como políticamente.

¿Queda liberado Puigdemont?

No. El tribunal alemán abrió la puerta de la cárcel al expresidente catalán al descartar el delito de rebelión, por lo que la gravedad de las acusaciones se reducen y no se justifica que se mantenga en prisión incondicional. Pero sigue pesando sobre él la orden de entrega por un delito de malversación, que en España está condenado con hasta ocho años de prisión. El tribunal examinará ahora la documentación enviada por España para decidir si se justifica su entrega por corrupción. Si así fuera, ordenaría su extradición para ponerlo a disposición del juez Pablo Llarena, quien le tomaría declaración y podría decidir su ingreso en prisión provisional.

¿Puede haber algún cambio en la decisión de la Justicia alemana?

No parece probable. En principio, la Fiscalía podría recurrir al Tribunal Supremo o al Constitucional alemanes, pero debería ser por una vulneración de derechos fundamentales, lo que no parece viable. En caso de una petición de extradición normal, la última palabra la tiene siempre el Gobierno, pero al tratarse de una euroorden, que es un procedimiento de cooperación entre los tribunales europeos, el Ejecutivo no interviene para nada. La última posibilidad es que el propio juez español Pablo Llarena retirara la orden de entrega, como ya hizo en su día cuando Puigdemont se encontraba en Bélgica. El expresidente quedaría en libertad y volveríamos a la casilla de salida. Pero el desprestigio de la Justicia española sería enorme y no resolvería nada.

¿Cuestiona la decisión a la Justicia española?

Sí y no. Es evidente que al descartar la existencia del delito de rebelión porque no se ha dado el tipo de violencia que puede doblegar la voluntad del Estado, el tribunal alemán pone en cuestión el núcleo de la argumentación del juez Llarena. Pero, en contra de lo que dicen los secesionistas, la Justicia alemana sí aprecia indicios claros de comisión de otros delitos y, por supuesto, niega tajantemente que Puigdemont sufra una persecución por razones políticas.

¿Qué consecuencias judiciales tiene la decisión de la Justicia alemana?

Enormes. Al quedar descartado el delito de rebelión, Puigdemont no podrá ser juzgado en España por tal acusación. Y no solo eso. El problema es que al ser considerado por los jueces Llarena y Lamela como su cabecilla, difícilmente se va a sostener desde un punto de vista procesal que se acuse de tales delitos a personas como el vicepresidente Oriol Junqueras o los Jordis, que estaban por debajo del expresidente en su capacidad para tomar decisiones de gobierno y de carácter político. Es probable que se produzca un efecto arrastre, aunque no está nada claro de qué manera exacta va a afectar a la instrucción.

¿Qué consecuencias políticas puede tener?

Posiblemente aún mayores que las judiciales. Tanto en Cataluña como en el conjunto de España. De entrada, está por ver si Puigdemont vuelve a proponerse como candidato a la investidura. Para ello, tiene que ser entregado a España para ser puesto a disposición del juez Llarena y que este lo deje en libertad o lo autorice a comparecer en el Parlamento catalán. Y todo ello antes del próximo 22 de mayo, cuando se agota el plazo para la formación de Gobierno antes de la convocatoria automática de nuevas elecciones para el 15 de julio. La Justicia alemana no tiene un plazo para decidir sobre la extradición, pero es probable que lo haga dentro de unos días o unas pocas semanas. Cuestión diferente es que Llarena cambie el criterio que ha venido aplicando hasta ahora. No es descartable, incluso, que Puigdemont prefiera prolongar la situación de tensión para provocar unos nuevos comicios con una candidatura en la que su protagonismo se vería todavía más reforzado. Porque si alguien ha triunfado en el bando independentista es él y su estrategia de mantener el enfrentamiento con el Estado, frente a quienes, desde ERC y el PDECat, volvían a mirar hacia el autonomismo. Un Puigdemont radicalizado nuevamente al frente de la Generalitat sería una de las peores noticias para la democracia española.

La Justicia belga concede la libertad cautelar a los tres exconsejeros huidos

La Justicia belga deja en libertad cautelar a los tres exconsejeros fugados, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Así lo decidió ayer el juez de primera instancia de Bruselas tras tomarles declaración durante varias horas en el Palacio de Justicia. Aunque su libertad de movimientos no se verá coartada, no podrán abandonar territorio belga sin permiso judicial y deberán estar localizables durante la tramitación de la euroorden (la segunda) que emitió la Justicia española reclamado su entrega tras acusarlos de rebelión y malversación, entre otros delitos.

La decisión del juez, similar a la del pasado mes de noviembre, fue aplaudida por Comín a la salida de los juzgados. Aseguró afrontar las próximas semanas con «confianza» tras la puesta en libertad de Puigdemont en Alemania. «Cuatro decisiones judiciales [dos en Bélgica, una en Alemania y otra en Escocia] dicen que la imputación por rebelión es espuria, así que pedimos la libertad inmediata de las personas que están en prisión preventiva en España por un delito que la Justicia alemana rechaza», sostuvo.

La decisión del juez se enmarca dentro del marco legal de cualquier euroorden. No se trata de ninguna decisión firme, sino de una medida inicial para facilitar la tramitación de la demanda. No obstante, el abogado de la defensa, Christophe Marchand, quiso hacer una segunda lectura al asegurar que «la Justicia europea está enviando un mensaje a los colegas españoles diciendo que hay otra manera de reaccionar a la situación y que los hechos políticos cometidos en España no tendrían que ser castigados y tratados con represión».

Hasta tres meses

El pleito no ha hecho más que empezar y seguirá un calendario similar al que se propuso para la primera solicitud de extradición. La Justicia belga dispone de hasta tres meses para tomar una decisión sobre la ejecución de la euroorden. Comín insistió en que les «sobran motivos para convencer» a los jueces de que la entrega a España no se debería efectuar. Marchand estima que dentro de dos semanas sus clientes tendrán una primera vista ante el juzgado de instrucción. La Fiscalía volverá a blandir los argumentos jurídicos provistos por la Justicia española y los letrados de la defensa se apoyarán en el precedente que ha supuesto la puesta en libertad de Puigdemont. Quince días después, el juez deberá anunciar su decisión, que puede ser recurrida en el Tribunal de Apelación y, en última instancia, en el de Casación.

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