Fiscales españoles y alemanes buscan la forma de lograr la entrega de Puigdemont

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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Britta Pedersen | DPA

La comisaria de Justicia da su respaldo al tribunal germano «sin mirar los detalles»

11 abr 2018 . Actualizado a las 23:02 h.

La fuga y detención del expresidente catalán Carles Puigdemont ha hecho saltar por los aires en la Unión Europea la «piedra angular» de la cooperación judicial entre sus países miembro: El principio de confianza y reconocimiento mutuo de las resoluciones. La voladura controlada la ejecutó la semana pasada la audiencia territorial de Schweslig-Holstein al negarse a entregar a Puigdemont por rebelión. Lejos de hacer valer el principio de confianza entre los dos sistemas judiciales, el tribunal alemán se extralimitó en sus funciones, según muchos expertos, al valorar los hechos descritos por Llarena, una labor que solo compete a los magistrados españoles.

Los fiscales alemanes, azuzados por el enorme malestar judicial en España, se reunirán en las próximas horas con sus colegas españoles en La Haya, sede de Eurojust, el órgano comunitario encargado de reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros. El objetivo de la reunión es orquestar una contraofensiva que culmine con la entrega de Puigdemont por rebelión o sedición (delito este último castigado con penas de hasta 15 años de cárcel), tal y como demandó la propia Fiscalía alemana. Por el momento, la Justicia del país germano solo contempla extraditarlo por malversación.

Las opciones de revertir una entrega tan «barata» en términos judiciales son escasas. España todavía confía en que la Fiscalía alemana pueda hacer cambiar de opinión al juez presentando nuevas pruebas. Si esta vía no funciona, Llarena todavía tiene una última bala en la recámara y es la de presentar ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial para impugnar la actuación de los jueces alemanes apoyándose en las propias reglas de juego de la euroorden. Estas establecen como «requisito» que «los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del derecho del Estado miembro de ejecución (Alemania)». ¿Lo son? Sí. Y el matiz que sigue es importante: «Con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo». Es decir, si los hechos descritos están tipificados como delito de rebelión, la euroorden debe ejecutarse sin entrar a valorar en el grado de violencia empleada.

¿Actuó bien la Justicia alemana? «Tendría que mirar los detalles, pero creo que en este caso específico Alemania actuó de acuerdo a las reglas», aseguró ayer la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, ignorando los principios de cautela y de no injerencia política en asuntos judiciales. Sin conocer el fondo de la euroorden, los hechos ni la sustancia de la decisión del juez alemán, la checa se atrevió a valorar en positivo la decisión de excluir la «rebelión» de la lista de delitos que se le imputan a Puigdemont y volvió a cerrar la puerta a una revisión del marco de funcionamiento de la euroorden. «Tuvimos algo de debate con los compañeros españoles el año pasado, pero en este momento no estamos siguiendo ese diálogo», aseguró antes de descartar la ampliación de la lista europea de delitos.

La situación es rocambolesca. La deslealtad y falta de colaboración entre el sistema judicial alemán y el español en el caso Puigdemont ha dejado al desnudo las carencias de la arquitectura judicial en la UE. Algunos políticos ya han alzado la voz para pedir que se revisen los acuerdos y marcos de cooperación. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, lo hizo ayer desde el Parlamento Europeo: «Respetamos las decisiones judiciales de Alemania, pero creemos que la UE tiene que seguir consolidándose y nos gustaría mejorar la coordinación, el reconocimiento y la confianza mutua entre sistema judiciales».

«El catalanismo es esencialmente xenofobia», dice Boadella al presentar «Viva Tabarnia»

El independentismo es una enfermedad colectiva y Tabarnia es un anticuerpo para combatirla. Es lo que asegura el dramaturgo y actor Albert Boadella, presidente de la imaginaria unión de Tarragona y Barcelona, en las que el soberanismo es minoría. Pero no lo es en otros lugares de Cataluña en donde muchas personas sensatas se han transformado hasta alcanzar «unos niveles de fanatismo inimaginables», lamenta este mandatario sin país. Boadella presentó ayer el libro Viva Tabarnia, en el que disecciona de manera tragicómica la situación que atraviesan Cataluña y España. Según el autor, el responsable de todos los males es un catalanismo que «es esencialmente xenofobia», y que consiste en «una mirada de superioridad frente al resto de los españoles y una sensación desagradable de vivir junto a ellos». El problema está en que en Cataluña «el odio a lo español une mucho».

Hay muchos responsables de haber llegado a esta situación, sostiene el dramaturgo. Los primeros, los nacionalistas, con un Jordi Pujol a la cabeza que habría tenido ya en la mente el desafío soberanista incluso antes de ser presidente. Pero la culpa también alcanza a los Gobiernos centrales que han mirado para otro lado. Boadella alude a la política lingüística que permitió implantar Aznar, al Estatut de Zapatero o al dejar hacer de Rajoy ante la primera consulta ilegal del 9N. Así, mientras en Madrid se cruzaban de brazos, el independentismo se puso manos a la obra. Lo hizo con el adoctrinamiento en las escuelas y con las manipulaciones de TV3, apunta. Boadella revela que ya en 1990 se vio obligado a ir a hablar con el profesor de su hija ante «las cosas dementes» que la niña contaba en casa.