La acción de las oenegés: ¿de héroes a villanos?

Las denuncias y la criminalización de sus actividades han llevado a algunas organizaciones a repensar sus actuaciones: desde intervenir directamente en origen en África a diseñar campañas para reivindicar algo tan básico como el derecho a protestar

«El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con...», dice el artículo 195 del Código Penal, un precepto legal vigente en España que, fuera de estas fronteras, se ha convertido en lo contrario. Así ha sido en el caso de la oenegé catalana Proactiva Open Arms, cuyo barco fue apresado en Sicilia por favorecer presuntamente la inmigración ilegal, o en el de los tres bomberos sevillanos que dentro de unos días serán juzgados en Grecia bajo la acusación de tráfico de personas, por la que se enfrentan a 10 años de cárcel. La criminalización de la acción de las organizaciones humanitarias que trabajan en el Mediterráneo y también los cambios en la legislación española que ha traído consigo la ley mordaza, recurrida ante el Constitucional y en trámites de derogación en el Congreso, han abierto nuevos escenarios cargados de incertidumbre para las entidades no gubernamentales, que en algunos casos han comenzado a repensar sus estrategias para seguir cumpliendo sus objetivos, sean estos salvar vidas o concienciar sobre los problemas medioambientales.

 «Nos vamos a África a trabajar en origen, vamos a empezar por Ghana y vamos a llevar los testimonios de las personas que hemos rescatado para mostrar a la gente de allí que el camino hasta Europa no es de rosas, sino bastante complejo. Tratar de cambiar algo en origen», explica Eduard Aguayo, abogado y cofundador de Proactiva Open Arms. «No creo que con esto vayamos a traicionar a nadie que nos da dinero. De lo que se trata es de salvar vidas, y también se salvan así, antes de», aclara. Esta actuación, que la oenegé catalana emprenderá en Ghana con un socio local, no implica que los activistas de Proactiva vayan a dejar de rescatar a migrantes en el Mediterráneo, al menos no de momento, pero sí supone una alternativa en su acción ante el incierto panorama que se ha abierto en la ayuda a refugiados.

«Nos han parado un barco y nos enteramos de que lo liberaron cuando otro salía para allá», dicen desde Proactiva, que ha reanudado los rescates

En otros ámbitos de actuación de las oenegés no hay, sin embargo, alternativa posible. «Hay organizaciones que pueden plantearse hacer otro tipo de actividad. Nosotros no. Nosotros no hacemos ayuda humanitaria. Lo que hacemos es comunicar y realizar protestas pacíficas para poner en evidencia las carencias o injusticias de un sistema con respecto al medio ambiente y a asuntos relacionados con la paz», señala Javier Raboso, responsable de Espacio Democrático y Cultura de Paz de Greenpeace. Por eso, su respuesta ante una legislación que amenaza con ahogarles -en su caso, especialmente, la ley mordaza- es redoblar esfuerzos y dedicar una campaña en exclusiva a luchar por el derecho a protestar. «No solo a nivel ambiental, sino a todos los niveles porque nos afecta a todos, a todas las organizaciones», agrega Raboso, quien recuerda además que más de un centenar de entidades integran ya la plataforma No Somos Delito, constituida para denunciar las vulneraciones en derechos instauradas tanto en el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana.

El destino de los fondos: ¿pagar procesos judiciales o financiar acciones sociales?

Pese a plantearse nuevas estrategias tras el apresamiento de su buque, el Open Arms, Proactiva no ha dado un paso atrás en sus objetivos. «Nos han parado un barco y nos enteramos de que lo liberaron cuando otro salía para allá», contaba Aguayo unos días antes de que el buque Astral llegase a las aguas próximas a Libia y volviese a salvar vidas: 137 migrantes rescatados en su primera intervención tras ser acusados por la Fiscalía italiana de tráfico de personas. 

Pero aunque actúen, desde la oenegé aseguran que no saben muy bien a qué atenerse ante una postura de las autoridades europeas que Aguayo resume así: «La Unión Europea, o Italia y Libia con la connivencia de la Unión Europea, están de acuerdo en hacer devoluciones en caliente, incumpliendo la Convención de Ginebra». ¿Qué hacer entonces? Primero aclarar la situación legal: ya sea a través del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo para que determine si Libia, que carece de un centro coordinador de salvamento y no tiene, según Proactiva, un puerto seguro donde desembarcar a los migrantes, puede asumir esta tarea y actuar como zona SAR (de búsqueda y salvamento); o bien recurriendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el incumplimiento de Italia de la Convención de Ginebra para la protección de las víctimas de los conflictos armados.

Desde la oenegé catalana no tienen dudas de que el procedimiento iniciado contra ellos y otros abiertos contra organizaciones que realizan tareas similiares en el Mediterráneo tienen un fin intimidatorio. «Es una causa general contra todas las oenegés que operan en Sicilia y aquí nos han vigilado con drones militares, nos han interceptado todas las comunicaciones por móviles, incluso este mismo posiblemente esté intervenido, comunicaciones vía satélite... Todo. El fiscal de Catania lleva dos años persiguiéndonos a todas las oenegés», continúa Aguayo.

«No podemos plegarnos, que nos restrinjan el espacio para poder opinar, hacer propuestas, protestar de forma pacífica...», dicen desde Greenpeace

La pregunta obligada es si la intimidación funciona y si compensa a una organización como Proactiva ahogarse en procesos judiciales, que podrían acarrearles multas millonarias. «Responsabilizarnos de las políticas migratorias de la Unión Europea nos sobrepasa...», admite el abogado de Proactiva, quien recuerda que la gente que colabora con la entidad -«Tenemos un montón de gente, de pensionistas que nos dan cinco eurillos de su pensión cada  mes...»- quiere que hagan lo que han hecho hasta ahora: evitar que la gente se caiga al mar y se ahogue. Si todas sus energías se concentran en librar batallas legales contra la UE, quizá no puedan hacerlo.

Desde Greenpeace, sin embargo, consideran que los procesos judiciales y las denuncias que generen sus actuaciones son, cada vez más, una situación que ni pueden ni quieren sortear. «Asumimos que hay que seguir en la misma línea, pero obviamente nos ponen trabas, y cada vez más. Si hoy por hoy es más caro no es responsabilidad nuestra, todo lo contrario», lamenta Javier Raboso, quien tiene muy claro lo que la oenegé no puede hacer en ningún caso. «No podemos plegarnos, que nos restrinjan el espacio para poder opinar, para poder hacer propuestas, para protestar de forma pacífica», subraya el representante de Greenpeace, quien recuerda que la acción de esta organización se basa en acciones directas no violentas y en la desobediencia civil, que casan muy mal con la Ley de Seguridad Ciudadana.

Protesta de Greenpeace contra la ley mordaza

Del apresamiento de un barco a acusaciones de asociación de malhechores

Mientras que Greenpeace ha denunciado la restricción cada vez mayor del «ecosistema democrático en el que la protesta o la disidencia se pueden expresar» y el incremento exponencial de las sanciones con la reforma del Código Penal y la ley mordaza, en vigor desde el 2015, las entidades que trabajan con inmigrantes libran su propia batalla contra la penalización de sus acciones humanitarias en Europa y el norte de África. Estos son algunos de los protagonistas de estos procesos:

caminando fronteras

Helena Maleno, acusada por avisar a Salvamento. La activista de Caminando Fronteras podría ser condenada en Marruecos bajo la acusación de asociación de malhechores y de favorecer la inmigración ilegal. Su delito es avisar desde Tánger, donde reside, a Salvamento Marítimo en España cuando se entera de que está en peligro la vida de migrantes en el Estrecho. La investigación se basa en informes de la Policía española, según ha denunciado la activista. La legislación marroquí prevé penas para la inmigración irregular que van desde los seis meses de cárcel a la cadena perpetua.

proem aid

Tres bomberos ante una elevada petición de cárcel. Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez serán juzgados el próximo 7 de mayo en Grecia acusados de introducir personas de forma ilegal en el país en el año 2016. Los tres bomberos se enfrentan a 10 años de cárcel por atender un llamamiento de auxilio de una barca cargada de refugiados sirios en Lesbos. Esta embarcación no apareció, pero sí una de guardacostas griegos, que los detuvieron y los mantuvieron tres días en los calabozos. 

 proactiva open arms

Un remolcador apresado por llevar migrantes a Sicilia. «Nos hemos comportado como siempre y, después de un año y medio haciendo lo mismo, la respuesta no ha sido la de siempre», así explican desde esta oenegé lo que ocurrió el 19 de marzo, cuando la Fiscalía de Catania ordenó la inmovilización del barco Open Arms por un presunto delito de promoción de la migración ilegal a Italia por no haber obedecido presuntamente a los guardacostas libios. El pasado día 16 el juez instructor de la causa decretó la liberación de la nave, pero la investigación continúa. Las penas por los delitos que imputan a la capitana del barco, Anabel Montes, y al responsable de la organización, Marc Reig, son de hasta siete años de cárcel. 

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