El PSC ha anunciado que pedirá al Parlament que reconsidere su decisión
24 abr 2018 . Actualizado a las 18:31 h.El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes que el Ejecutivo estudiará emprender «acciones legales» ante la decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña de autorizar la delegación del voto en la investidura del exconseller y diputado de ERC Antoni Comín, huido de la Justicia en Bélgica.
En una rueda de prensa en Moncloa junto al primer ministro turco, Binali Yildirim, Rajoy ha pedido que se recupere la «cordura» y la normalidad «política y social» en Cataluña con la investidura de un presidente que esté «habilitado para gobernar».
«Lo primero que vamos a pedirle, pero no como Gobierno porque no tenemos competencia para ello a la Mesa, es que su posición sea la de que el señor Comín no puede delegar su voto, algo que en mi opinión no tiene sentido alguno. A partir de ahí estudiaremos todas las acciones legales para evitar que se tomen decisiones que contravengan lo que establece nuestra legislación vigente», ha asegurado.
Fuentes del Gobierno han precisado que primero deben ser los grupos parlamentarios catalanes los que traten de convencer a la Mesa de que reconsidere su decisión de permitir que Comín delegue su voto en el debate de investidura, al igual que ha ocurrido con el voto delegado de Carles Puigdemont.
Hoy mismo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reclamado a Rajoy que recurra «inmediatamente» ante el Tribunal Constitucional la «tomadura de pelo» que supone ese voto delegado.
«Vayamos a la mayor, Cataluña necesita un Gobierno que sea legal y que tenga la capacidad de dialogar con todos», ha remarcado.
El presidente del Gobierno ha negado que exista ninguna «discrepancia» entre el Tribunal Supremo, que investiga si se destinaron fondos públicos al 1-O como apunta la Guardia Civil, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien no le consta ese desvío de dinero de la Generalitat para fines independentistas. «No hay ninguna discrepancia, cada uno en su ámbito de actuación vela por el cumplimiento de la ley», ha asegurado.
El presidente del Gobierno ha recordado que fue el Ejecutivo el que impidió gracias a un recurso al TC que hubiera partidas presupuestarias concretas para el referéndum ilegal.
Cosa distinta es que se hayan podido «falsear facturas» o que existan facturas que no hayan pasado por la oficina de Intervención de la Generalitat, algo que investiga ahora la justicia.
«Sería absurdo que no colaboráramos con la justicia», ha remarcado Rajoy, que ha insistido en que el Gobierno ya hizo «su labor» impidiendo que hubiera partidas concretas en los presupuestos catalanes destinadas al proceso independentista.
Preguntado por la decisión de la Fiscalía de Delitos de Odio de denunciar a nueve profesores de un instituto de Barcelona por sus comentarios en clase criticando la actuación policial el 1-O, pese a la «humillación» que podían causar a alumnos hijos de guardias civiles, Rajoy ha dado su apoyo a la Fiscalía, un episodio que ha calificado de «lamentable».
El PSC recurrirá la decisión
El PSC, por su parte ya tiene la decisión tomada. Su portavoz en el Parlament, Eva Granados, ha explicado que recurrirá la decisión de la Mesa del Parlament de permitir el voto delegado del diputado de ERC y exconseller Toni Comín, pero no acudirá al Tribunal Constitucional (TC) por este asunto.
En rueda de prensa en el Parlament, Granados ha explicado que su grupo considera que Comín y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat), ambos en el extranjero, no deberían poder votar delegadamente y por ello el PSC pedirá este mismo martes que se reconsidere la decisión de la Mesa de permitirlo.
Los socialistas catalanes hicieron lo mismo cuando Puigdemont solicitó poder delegar su voto y la Mesa lo aceptó, y en aquel caso su recurso se rechazó con la mayoría que suman JxCat y ERC en el órgano rector de la cámara catalana.
Granados prevé que en el caso de Comín ocurra lo mismo y que la mayoría independentista vuelva a rechazar su recurso, ratificando así el voto delegado del exconseller: «Eso hará que JxCat y ERC tengan mayoría en una investidura sin necesitar a la CUP».
El PSC considera que todo lo que puede hacer es recurrir la decisión de la Mesa y «hasta ahí llega la actuación» del grupo, pero recuerda que el TC podría abrir un incidente de ejecución e interceder en caso de considerar que Puigdemont y Comín no pueden votar.
Ahora bien, Granados no ha querido instar ni al TC ni al Gobierno central a abrir esta vía porque respeta la separación de poderes y porque no quiere entrar en valorar cuál debe ser la estrategia judicial que se debe seguir.
Ley de Presidencia
Sobre la posibilidad de que JxCat lleve al pleno del 3 de mayo su reforma de la Ley de la Presidencia para investir a Puigdemont a distancia, Granados ha destacado que los plazos son muy ajustados pero la mayoría independentista hará lo posible «para encajarla» en el orden del día.
Ahora bien, Granados ha avisado de que la reforma deberá publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) para poder tener vigencia en caso de que llegue a aprobarse, y esta publicación está ahora controlada por el Gobierno central en virtud del artículo 155 de la Constitución.
La portavoz socialista ha destacado que no pueden haber teleinvestiduras ni investiduras exprés y que el presidente del Govern debe estar en el hemiciclo cuando se le inviste y en el Palau de la Generalitat para poder gobernar: «Es hora de que haya normalidad institucional y una investidura efectiva».
Sant Andreu de la Barca
Sobre la denuncia de la Fiscalía de Barcelona a nueve profesores del IES Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) que presuntamente vejaron a alumnos hijos de guardias civiles, Granados ha destacado que respeta las decisiones judiciales y que los tribunales deben investigar aquello que consideren necesario.
Pero ha pedido «dejar a las escuelas al margen del debate político y no instrumentalizar a los alumnos ni los centros en favor de una u otra ideología» porque es hacer un flaco favor a la convivencia.