Cuatro de cada diez diputados han dejado ya el escaño, la mayoría salpicados por casos de corrupción o similares
29 abr 2018 . Actualizado a las 09:27 h.El 5 de octubre del 2017, la Asamblea de Madrid formalizaba el alta de Teresa de Jesús como nueva integrante del Grupo Popular. Su nombre figuraba en la posición número 75 en la papeleta que presentó el PP a las autonómicas del 2015; teniendo en cuenta que tras el recuento electoral a su partido le fueron asignados 48 escaños, difícilmente pudo imaginar que acabaría logrando un acta. Pero a lo largo de estos tres años, el PP madrileño se ha convertido en una trituradora, lo que ha provocado que la lista corriese de semejante forma. Un total de 21 renuncias a esos 48 puestos, lo que supone un 43,75 %. Mientras, en el PSOE y en Ciudadanos tan solo se han formalizado tres. Podemos, con dos, es el grupo con menos rotaciones.
Muchas de estas renuncias en la bancada popular responden a la incompatibilidad decretada por el Ejecutivo de Cifuentes de compaginar labores de gobierno con un escaño en la Asamblea. Como Miguel Ángel Ruiz López, que renunció a su escaño para asumir la viceconsejería de Medio Ambiente, aunque acabó imputado en la Púnica. Otras bajas, muy pocas, para dedicarse al sector privado, como el caso de Jacobo Beltrán Pedreira, originario de Foz. Sin embargo, al menos la mitad de estos relevos tienen detrás imputaciones o escándalos de diverso calibre
Algunos casos
Es el caso de Borja Sarasola, que en el 2015 fue citado a declarar por la Púnica. Una vez adquirió la condición de diputado y su correspondiente aforamiento, el juez retiró la citación. De inmediato Sarasola renunció a su acta para dedicarse a la abogacía. Polémica también resultó la renuncia de José Cabrera Orellana, un empresario de la fruta que abandonó antes de hacer público su patrimonio, como exigía la Cámara. O la de Ignacio Echeverría, un histórico que se marchó tras haber sido responsable de un accidente de coche en la A6 con una tasa de alcohol de 0,64, casi el triple de lo permitido.
El alcalde de Boadilla, Antonio González Terol, renunció a su acta como diputado autonómico para asumir el acta de diputado nacional. Tres en uno a pesar de su juventud. Solo le faltaba la de europarlamentario. Al entrar a formar parte de las Cortes, renunció a su sueldo como alcalde, aunque la oposición denuncia que sigue utilizando el coche oficial y que dos agentes municipales le acompañan en todo momento, incluso fuera de los límites de uno de los ayuntamientos más señalados por la Gürtel.
Daniel Ortiz Espejo abandonó la Asamblea al imputarlo el juez Eloy Velasco en la Púnica. Un caso similar al de Josefa Aguado, que tuvo que renunciar al oficializarse su investigación por adjudicaciones irregulares en la Gürtel, cuando tenía un cargo de responsabilidad en Arganda del Rey.
Luis Peral entregó su acta de diputado autonómico tras haber protagonizado varias polémicas a la hora de votar, llegando a quebrar la disciplina de voto. Precisamente la falta de unidad es otro de los factores que explican el desbarajuste en el PP madrileño, con dos facciones que rivalizan desde hace años: los afines a Esperanza Aguirre y los defensores de Cifuentes.
Elena González-Moñux se marchó después de un año sin aparecer por la Cámara aquejada de una depresión de la que culpó a Ossorio, portavoz del Grupo Popular, a quien llevó a los juzgados. Reapareció para aprobar los presupuestos con su decisivo voto. Justo después entregó su acta, se olvidó de los temas judiciales por acoso y asumió un cargo en la Fundación de la Energía de la Comunidad por el que cobra alrededor de 90.000 euros anuales.
Así, hasta un total de 21 renuncias. Y eso que todavía no se han consumido tres cuartas partes de la legislatura. De continuar esta progresión, el PP acabaría con una treintena de abandonos. Uno inminente podría ser el de la cabeza de lista, Cristina Cifuentes, que a pesar que la dirección nacional aprobó su petición de mantener el acta de diputada, en las últimas horas desde su entorno no dejan de deslizar que estaría pensando en renunciar.
Un año por delante
En este año que resta por delante, no sería ninguna sorpresa que alguna de las instrucciones de los muchos escándalos en los que se ha visto involucrado el PP madrileño reclame la presencia en el banquillo de nuevos protagonistas. Son varios los nombres que asoman en las investigaciones realizadas por la UCO de la Guardia Civil.
Precisamente este es uno de los aspectos que más quebraderos de cabeza despiertan en Génova a la hora de elegir al sucesor al frente del Gobierno. «Hay banquillo», repite una y otra vez el coordinador general del PP, Maíllo. Este fontanero con galones muestra su confianza en que el candidato que asuma el testigo de Cifuentes reunirá los requisitos deseados en el proceso de selección iniciado ya a mediados de esta semana. Pero lo cierto es que esta exigencia de que deba ser uno de los 48 diputados autonómicos reduce las posibilidades de dar con el perfil ideal. Ángel Garrido, presidente en funciones, no acaba de convencer, pero cada vez tiene más papeletas ante la escasa competencia.