864 asesinatos y miles de extorsionados: el terrorismo etarra en cifras

La Voz AGENCIAS

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Felix Ausin Ordonez | Reuters

La banda terrorista se disuelve 58 años después de su primer atentado, tras asesinar a casi 900 personas y secuestrar a 80

03 may 2018 . Actualizado a las 16:06 h.

La organización terrorista ETA ha anunciado el «final de su trayectoria», el «desmantelamiento» total «del conjunto de sus estructuras» y su decisión de «disolverse» en «el pueblo vasco». A sus espaldas quedan 60 años llenos de cifras de terror.

864 asesinatos

ETA ha anunciado ahora su disolución tras seis décadas de trayectoria. Un camino en el que se han quedado las 864 víctimas mortales, de las que 506 eran miembros de las Fuerzas de Seguridad, 58 empresarios y 39 políticos. Aunque creada durante la dictadura de Franco, la mayoría de los crímenes, un 90%, los ha cometido en democracia. La organización terrorista vasca, una de las más antiguas del mundo, ha sido la que más víctimas mortales ha causado en la Europa Occidental después del IRA provisional.

La banda se creó el 31 de julio de 1959, pero su primer atentado mortal fue el 7 de junio de 1968, cuando asesinó al Guardia Civil José Antonio Pardines Arcay en un tiroteo en un control de tráfico en la carretera N-1, en el término municipal Aduna (Guipúzcoa). El último crimen lo cometió el 16 de marzo del 2010, cuando mató al gendarme francés Jean-Serge Nérin tras un intercambio de disparos con varios miembros de la banda.

Tras matar a José Antonio Pardines, la banda acabó con la vida del comisario Melitón Manzanas el 2 de agosto de 1968. El 7 de junio de 1968, el asesinato del almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en la época franquista, fue su primer atentado de grandes dimensiones y dio a la banda proyección internacional.

Tras centrarse en un principio en objetivos militares y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, luego adoptó la estrategia denominada «extensión del sufrimiento», por la que asesinó a concejales, cargos políticos de partidos, periodistas, etc.

79 secuestrados

A los asesinados, se suma casi 80 personas secuestradas y más de 20.000 víctimas directas en atentados, entre heridos y damnificados. De las 79 personas que mantuvo secuestradas, la banda mató a doce de ellas. Destaca, el caso del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, por ser el más largo, ya que permaneció privado de libertad 532 días en un zulo en Mondragón. El último de los numerosos empresarios secuestrados fue Cosme Delclaux, liberado el 1 de julio de 1997.

El terror se extendió de tal manera que miles de personas de diferentes colectivos de Euskadi vivieron y desarrollaron su trabajo con escolta. Además, la «violencia callejera» acompañó a la actividad de ETA en la campaña de amedrentamiento. 

Tras el atentado contra Carrero Blanco, la organización terrorista causó 13 muertos y 80 heridos en la cafetería Rolando de Madrid. En 1977 puso en marcha una campaña contra la central nuclear de Lemoiz en Bizkaia, con 246 actos de terrorismo y cinco asesinatos. Poco después inició otra campaña contra el mundo de la droga con un saldo de 63 atentados y 15 muertos.

10.000 chantajeados

En sus casi 60 años de existencia, recurrió a la amenaza y la extorsión -se calcula que fueron 10.000 personas las chantajeadas, aunque muchas no denunciaron-, sobre todo a empresarios, a quienes exigió el denominado «impuesto revolucionario».

1987, el peor de los atentados

La banda cometió sus acciones terroristas más cruentas en la década de los 80, en los denominados 'años de plomo'. En esa década acabó con la vida del ingeniero de la central nuclear de Lemoiz José María Ryan (febrero de 1981) y de la militante de la banda María Dolores González Katarain, Yoyes, que abandonó ETA en desacuerdo con su estrategia (septiembre 1986).

El más importante de los atentados de esa década lo perpetró el 19 de junio de 1987, cuando colocó explosivos en un centro comercial de la empresa Hipercor, en Barcelona, que causó la muerte de 21 personas, entre ellos cuatro niños, e hirió a 45.  

También el atentado contra la casa cuartel cometido el 29 de mayo de 1991 en Vich (Barcelona) con un coche bomba que ocasionó 10 muertos. 

El 23 de enero de 1995, un pistolero de ETA asesinó en San Sebastián al presidente del PP en Gipuzkoa Gregrorio Ordóñez y el 19 de abril del mismo año atentó contra el entonces presidente del PP, José María Aznar, que resultó ileso. La explosión del coche bomba utilizado en la acción terrorista hirió a 16 personas y una de ellas falleció posteriormente. Un año después, el 6 de febrero de 1996, asesinó en San Sebastián al abogado Fernando Múgica, hermano del exministro de Justicia Enrique Múgica. El 14 de febrero, la banda armada acabó con la vida del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

1997, rechazo masivo

Uno de los peores momentos de su historia, en los que recibió una respuesta masiva de rechazo de la ciudadanía en las calles, fue con el asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco, al que secuestró el 10 de julio de 1997. ETA exigió al Gobierno de Aznar el acercamiento de los presos a cambio de su liberación. Dos días más tarde, disparó al concejal en la cabeza y le dejó herido muy grave en un descampado, falleciendo en la madrugada del 13.

En 2000 se suceden los asesinatos del teniente coronel Blanco García, en Madrid, del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díaz, en Vitoria, del presidente de la patronal guipuzcoana José María Korta en Zumaia (Gipuzkoa), del exministro socialista Ernest Lluch en Barcelona o del ex gobernador de Gipuzkoa Juan María Jáuregui, entre otros.

El 30 de diciembre del 2006, ETA hizo explotar un coche bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas (Madrid) en el que fallecieron dos trabajadores Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Con esta acción terrorista la banda armada anunció la ruptura de la tregua. El 1 de diciembre de 2007, activistas de la organización asesinaron a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton (Francia). El 7 de marzo de 2008, acabó con la vida del concejal socialista Isaías Carrasco en Arrasate (Gipuzkoa).

La explosión de una bomba-lapa colocada en los bajos de su automóvil asesinó a los guardias civiles Carlos Saenz tejada y Diego Salvá, el Palmanova, el 30 de julio del 2009 en Calviá. Ambos son las dos últimas víctimas mortales de ETA en España. Posteriormente, en marzo del 2010, acabó con la vida del policía francés Jean-Serge Nérin en las cercanías de París.

7 años

La disolución de la banda se produce más de siete años después de haber anunciado el fin de su actividad terrorista el 20 de octubre del 2011, pasados tres días de la Conferencia de Aiete, en San Sebastián. Sin embargo, su desarme no se oficializó hasta el 8 de abril del 2017, con la escenificación de Baiona, en la que los denominados «artesanos de la paz» hicieron entrega a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) de las coordenadas de ocho zulos que debían contener 120 armas y tres toneladas de explosivo.

La organización terrorista había perdido parte del material durante los últimos años de su actividad en la que fueron continuas las detenciones por las Fuerzas de Seguridad de los integrantes de sus comandos. Tras realizar un inventario, se comprometió a localizar ese armamento a las autoridades francesas a través de los «artesanos de la paz». El pasado 25 de abril, a escasos días del acto de Kanbo (Francia), de escenificación de su disolución, ETA facilitó la ubicación de dos cajas con armas 24 armas cortas, 500 detonadores y 200 matrículas. 

266 presos

Un total de 266 presos de ETA están recluidos en estos momentos en cárceles españolas y francesas. Tres de ellos son enfermos graves y se encuentran cumpliendo penas en sus domicilios, mientras que otros dos pertenecientes de la «vía Nanclares» están en régimen abierto, según datos facilitados por fuentes institucionales y cercanas a los reclusos. 

A día de hoy, en el EPPK, Colectivo de Presos de ETA, se enmarcan un total 260 reclusos, de los cuales 50 están en centros penitenciarios del Estado francés, uno en Portugal y 209 en el Estado español. De estos últimos, cuatro cumplen condena en cárceles vascas y tres se encuentran en situación de prisión atenuada, es decir, en sus domicilios por enfermedad grave. Otros seis presos disidentes con la actual estrategia del EPPK y que salieron del colectivo, más próximos al Movimiento pro Amnistía y con la Represión -popularmente denominado «ATA»- están recluidos también en cárceles españolas, aunque una presa será trasladada a Francia para cumplir condena tras ser juzgada en España.

En la actualidad, de la «Vía Nanclares» -los arrepentidos que se han desvinculado de la banda- solo tres se hallan en prisión, en concreto en Zaballa (Álava). A dos de ellos se les concedió el grado de régimen abierto, al haber sido clasificados en tercer grado, de forma que puedan continuar su tratamiento en semilibertad.