La lancha que mató al niño de Algeciras fue requisada en abril por ayudar a narcos
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El piloto, que permanece detenido, cumplió dos años de prisión por tráfico de drogas
16 may 2018 . Actualizado a las 00:47 h.El Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras requisó el 26 de abril la lancha semirrígida, de siete metros de eslora y un solo motor, que mató el lunes por la tarde a un niño de nueve años tras embestir la barca en la que navegaba con su padre frente a la playa de Getares. Lo detalla el comisario de la Policía Nacional en la ciudad gaditana, Luis Esteban: «La lancha fue interceptada llevando a bordo bidones de combustible probablemente para surtir a otras embarcaciones que sí pudieran estar dedicándose directamente al narcotráfico» y sin documentación. Una horas del accidente, el piloto había recuperado la embarcación al entregar la documentación a la Guardia Civil. «Nada pudo hacerse para que no se la llevara», aseguran.
Los dos ocupantes de la planeadora que embistió a la barca, añadió Esteban, arrastran antecedentes por narcotráfico de hachís en planeadoras: «El piloto, que permanece detenido, cuenta con antecedentes por narcotráfico, por los que cumplió dos años de condena en prisión». El copiloto, que también fue arrestado, ya quedó en libertad «porque no se acredita ninguna participación activa en los hechos. Más bien al contrario, ya que, una vez que se produce la colisión, extrae el bombín de la llave de la lancha para evitar que el piloto se dé a la fuga». Esteban, antes de concluir, dejó claro que «el suceso responde a un accidente provocado por la temeridad en la forma de pilotar y hay que desvincularlo de cualquier venganza, ajuste de cuentas o nada que ver con el narcotráfico».
La gravedad del suceso, junto con el vivido el sábado cuando nueve guardias civiles fueron agredidos por 40 personas que salían de una comunión, o la llegada regular de alijos de droga (ayer otro de 420 kilos de coca procedente de Ecuador), han tensado aún más la cuerda entre el Ministerio del Interior e integrantes de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, los sindicatos que aglutinan a estos funcionarios, la propia Junta de Andalucía y el tejido social formado por las doce asociaciones antidroga de la bahía de Algeciras.
Dos años de discrepancias
El origen de las discrepancias con el ministerio y su máximo responsable, Juan Ignacio Zoido, comenzó hace dos años coincidiendo con la escalada de la violencia en las calles y se agudizó en el último curso. La sucesión de hechos violentos, que evidencian la impunidad con la que se mueven los clanes de la droga en la zona, son calificados desde su inicio como hechos aislados de «violencia callejera» o «vandalismo», que fue la expresión utilizada el lunes por Zoido para explicar las agresiones sufridas por los guardias civiles el sábado.
Las asociaciones policiales en la zona desmienten públicamente a Zoido al asegurar que esa agresión se enmarca en la pérdida del principio de autoridad de los agentes en la comarca. La réplica más directa llegó de la Asociación Unificada de Guardias Civiles: «Los atacantes esperaban a los agentes cuando salieron del restaurante y fueron a por ellos. Eso da mucho que pensar sobre el respeto que se le está perdiendo a los cuerpos de seguridad del Estado».
La Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Algeciras se reunió ayer en sesión extraordinaria y urgente, bajo la presidencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, al objeto de analizar lo ocurrido en aguas de Getares y que causó la muerte del niño Manuel, que ayer fue enterrado en el cementerio de la ciudad entre escenas de dolor de sus familiares y allegados.
Más allá de los despachos, en la calle, se anuncian medidas de presión. Las doce asociaciones antidroga del Campo de Gibraltar, junto a sindicatos policiales, han convocado una concentración para mañana en Algeciras con el objetivo de denunciar los últimos actos de violencia vividos en la zona: «Exigimos medidas acordes con la escalada de violencia que nos rodea. En Madrid no supieron cortarla en su inicio y ahora la minimizan asegurando que son hechos aislados», explicaba ayer a La Voz el portavoz de las asociaciones antidroga en la comarca, Francisco Mena.
Sindicatos policiales y doce asociaciones antidroga exigen una respuesta acorde con la violencia vivida