El Supremo reprocha a la Justicia belga su falta de compromiso y de colaboración

El tribunal de Bruselas rechaza entregar a los exconsejeros fugados por defecto de forma

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MAdrid / La Voz

Además de crear una grave crisis política en España, el desafío independentista en Cataluña amenaza con provocar un espinoso conflicto jurídico de alcance europeo. El Tribunal Supremo criticó ayer abiertamente a la Justicia belga, a la que achacó una «ausencia de compromiso con la colaboración judicial» por haber rechazado la entrega a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret alegando un defecto de forma en las euroórdenes emitidas por el magistrado Pablo Llarena. Una decisión que podría, además, dar argumentos a la Justicias alemana y escocesa para rechazar igualmente la orden de entrega cursada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y la exconsejera Clara Ponsatí.

La Cámara del Consejo de Bruselas estima que las peticiones de entrega carecen de la orden de detención nacional española en la que deben apoyarse. Pero el Supremo responde que las euroórdenes estaban «perfectamente fundamentadas» ya que se basan en un auto de procesamiento de 70 folios que detalla todas las actividades ilegales que se atribuyen a los reclamados y es la resolución más incriminatoria que existe en un proceso penal, al margen de la sentencia condenatoria. Y ese auto de procesamiento del pasado marzo confirmaba, además, las órdenes de detención y prisión nacionales emitidas en noviembre del 2017 por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

La decisión de la Justicia belga solo puede ser recurrida por los propios exconsejeros o por la Fiscalía de Bruselas, que ya adelantó ayer que no recurrirá, pero no por la Justicia española. Aunque el Tribunal Supremo esperará a recibir la resolución de los jueces belgas para estudiar qué medidas adoptar, el alto tribunal podría solucionar la situación enviando una nueva orden de entrega de los fugados adjuntando la orden de detención nacional.

Ello no quita, sin embargo, que la decisión del tribunal belga haya causado un profundo malestar en el Supremo. Los magistrados consideran que solo el «desconocimiento» del ordenamiento jurídico español explica que se ignore el auto de procesamiento emitido por Llarena contra el exconsejero Comín, acusado de rebelión, y contra Serret y Puig, imputados por malversación y desobediencia, en el que se basan las euroórdenes emitidas. Comín es el único de los tres que mantiene su escaño en el Parlamento catalán y tiene permitido el voto delegado precisamente por las medidas cautelares que la Justicia belga dictaminó sobre él. Ahora, si esas medidas cautelares decaen, Comín no tendría argumentos para seguir delegando su voto, al tener libertad de movimientos.

Misma petición en Alemania

El abogado Jaume Alonso Cuevillas, que representa a los fugados, señaló que tienen pensado utilizar en Alemania ese mismo argumento de la falta de una orden de detención nacional que acompañe a la euroorden, para dejar sin efecto la petición de entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, que está a la espera de que la Justicia germana decida sobre la reclamación cursada por el magistrado Llarena.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, eludió la polémica y se limitó a señalar que los Gobiernos no participan en el procedimiento de las euroórdenes, por lo que el Ejecutivo «respeta» la decisión de los jueces belgas y espera que el Supremo pueda subsanar el error. Pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se mostró sorprendido por la decisión de Bruselas. «No parece muy razonable tener que dictar una orden de búsqueda y captura dentro de España cuando todo el mundo sabe que están aquí, en Bélgica», sostuvo Feijoo.

Sánchez propone actualizar la rebelión en el Código Penal

Pedro Sánchez está dispuesto a ir de la mano del Gobierno para hacer frente al renovado desafío independentista. Pero eso no excluye que los socialistas planteen sus propias iniciativas, cuenten o no con el aval del Ejecutivo. El secretario general del PSOE anunció ayer que piensa proponer una reforma del Código Penal para «adecuar» el delito de rebelión a la situación que se está planteando en Cataluña. Según afirmó, tal y como está redactado en la actualidad, ese tipo penal está pensado para golpes militares. «Ahora estamos ante un hecho completamente distinto, y es que responsables políticos, al frente de instituciones públicas, se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional», explicó. El delito de rebelión es el más grave de los que se imputan al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los principales dirigentes independentistas. A juicio de Sánchez, la reforma que él plantea es necesaria para la «defensa de un bien jurídico como la Constitución» frente a los «hechos inimaginables hace años» como los que han protagonizado los responsables del desafío secesionista en Cataluña. Aunque no aclaró si habló de esta cuestión con Mariano Rajoy en la última reunión que celebraron en la Moncloa, Sánchez explicó que si el Gobierno llegara a plantear esa reforma del Código Penal el PSOE la apoyaría. Pero, si no es así, sería el grupo parlamentario socialista el que llevaría la iniciativa al Congreso.

De momento, ningún partido apoya la propuesta de Sánchez. La portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, María Jesús Moro, pidió «prudencia», aunque se mostró partidaria de una reforma del Código Penal «con carácter general». La adecuación del delito de rebelión a la situación en Cataluña no podría ser aplicada en todo caso ni a Puigdemont ni a ninguno de los actuales acusados por ese tipo penal, dado que la reforma no tendría carácter retroactivo. Pero, en caso de aprobarse con celeridad, sí podría ser aplicada al nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, o a cualquier miembro del su Gobierno en caso de que tomara decisiones similares a las que han llevado a Puigdemont y a otros dirigentes independentistas a ser procesados por rebelión.

«Yo también lo sufro», dice Llarena para dar protección a una testigo que se siente acosada

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha respaldado la petición de la Fiscalía de que la secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, declare con medidas de protección, y ha recordado que él también se ha visto afectado por situaciones de acoso.

Del Toro estaba citada ayer en el alto tribunal a petición de la defensa del exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva para que declarara como testigo en relación con el asedio a la Consejería de Economía de Cataluña el pasado 20 de septiembre. El viernes pasado, la Fiscalía solicitó que su comparecencia se hiciese como testigo protegido, es decir, detrás de un biombo para que ninguna de las partes pudiera verla. Las defensas de los procesados se pronunciaron en contra.

Tras oír a las partes, el magistrado aceptó la petición del fiscal, y aseguró que entiende sus motivos, ya que él «también» se ha visto afectado por acoso de independentistas en Cataluña. «Yo también lo sufro. Tengo que ir con cuatro escoltas», dijo y añadió: «Me miran siete veces en cada esquina».

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