La duración, requisitos formales y el temor a un fallo en contra del Constitucional convierten en irrealizables las peticiones de Albert Rivera
18 may 2018 . Actualizado a las 14:50 h.«Serenidad y firmeza». El Gobierno no se mueve ni un solo centímetro de su postura en Cataluña. Reafirma que se mantiene «vigilante» ante cualquier ilegalidad que pueda producirse por parte de los nuevos titulares de la Generalitat, pero con la misma claridad sostienen que no puede ni debe ejecutarse ninguna respuesta hasta que pasen de «las palabras a los hechos».
Una fuente cercana al presidente del Gobierno sostenía ayer que la petición de Albert Rivera de volver a activar el 155 tan pronto decaiga es irrealizable. En primer lugar, apuntan a problemas de forma. El 155 que se aplicó en octubre tenía un fin muy concreto: disolver la Cámara autonómica y convocar elecciones para restituir la legalidad. Los plazos de duración, acordados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, y posteriormente refrendados por el Senado, estaban totalmente definidos: entraría en vigor en el mismo momento que lo votó la Cámara Alta y desaparecería en el instante en el que los consejeros de la Generalitat tomen posesión.
En caso de verse forzados a aplicar un nuevo 155, esta vez Moncloa descarta volver a llamar a las urnas, por lo que habría que estudiar profundamente hasta cuándo permanecería vigente. Además, existen otras cuestiones formales por las que resulta imposible aplicar un 155 de manera preventiva, como sugiere Rivera. La aplicación de dicho precepto de la Constitución requiere pasos previos, como el traslado de un requerimiento al presidente de la Generalitat, para que ofrezca explicaciones.
Pero existe una tercera cuestión, no menos importante, que esta misma fuente recalcaba ayer. «Imagínate que aplicamos un 155 de forma preventiva y que lo recurren al constitucional desde Cataluña. Y que lo ganan. ¿En qué posición queda el Gobierno? Estas cosas hay que estudiarlas muy a fondo», sostiene, insistiendo en que una cosa es pedir, como Ciudadanos, y otra muy distinta gobernar.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno reiteró su exigencia de que en «Cataluña solo puede haber un presidente, solo hay una legalidad», comentó el ministro portavoz, Méndez de Vigo.
Pero volvió a insistir en esa postura «vigilante» sin caer en las provocaciones verbales de los independentistas: «Este Gobierno no va a alimentar una espiral de confrontación institucional, porque todo ello al final es perjudicial para Cataluña».
Asimismo, volvió a llamar a la unidad de las fuerzas constitucionalistas. «Es el momento de reforzar el acuerdo político de octubre, el momento de la unidad, de la responsabilidad, de la madurez, de unir y no dividir. La hora del diálogo político dentro de la ley», zanjó.
