El PNV se apoya en EH Bildu para avanzar en un nuevo Estatuto que prevé una relación bilateral con el Estado de igual a igual, y que diferencia entre ciudadanos y nacionales
24 may 2018 . Actualizado a las 07:13 h.El PNV dio ayer una de cal y otra de arena. Mientras en Madrid daba aire al Gobierno al facilitar la aprobación de los Presupuestos, en Vitoria abría un nuevo frente de tensión con el Estado al avanzar de la mano de EH Bildu hacia un nuevo Estatuto de autonomía que hace saltar las costuras de la Constitución por todos los costados. Como estaba previsto, la ponencia del Parlamento Vasco que elabora el proyecto del nuevo Estatuto dio el visto bueno al preámbulo, en el que defiende el derecho a decidir y define al País Vasco como sujeto político al mismo nivel que el Estado, con el que se establece una relación bilateral, de igual a igual, en el marco de una estructura confederal. Pero no solo eso. Ayer fue un paso más allá y, pese al abierto rechazo del resto de las fuerzas políticas de la Cámara (PSE-PSOE, Elkarrekin Podemos y PP), los nacionalistas vascos introdujeron en el título preliminar del nuevo Estatuto una distinción entre ciudadanía y nacionalidad vasca, un concepto heredado del viejo plan Ibarretxe, que el Congreso abortó en el 2005.
La ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco elabora un proyecto de nuevo Estatuto que debería estar concluido en la presente legislatura, que concluye en el 2020. Hasta ahora solo ha sido aprobado el borrador del preámbulo, un largo texto de 44 apartados que justifica la reforma y sienta los principios de lo que el PNV define como un nuevo estatus político del País Vasco. Los primeros debates y votaciones han puesto de manifiesto que el PNV y EH Bildu han establecido una férrea alianza para sacar adelante los puntos más controvertidos, de claro matiz soberanista, pese a la oposición del resto de los grupos, que votaron en contra al considerar que desborda las previsiones constitucionales y apuesta por posiciones unilaterales, aunque en uno de los puntos del preámbulo se diga que «la actualización del autogobierno vasco debe atender al principio de legalidad».
Racismo
El malestar de la oposición se multiplicó con el pacto PNV-EH Bildu para reconocer la ciudadanía y la nacionalidad vasca, lo que abre la puerta a la división de la sociedad. Los nacionalistas señalan en el título preliminar que son ciudadanos vascos «las personas que vivan en el sujeto político con independencia de cuál sea su procedencia o nacionalidad», una vecindad administrativa que garantiza «el acceso a los servicios públicos». Pero acto seguido indica que se reconocerá la nacionalidad vasca «a la ciudadanía vasca en los términos regulados por ley», que debería aprobar posteriormente el Parlamento autonómico, teniendo en cuenta «el carácter plurinacional del Estado español» y «el nuevo modelo de relación» entre España y el País Vasco. La diferencia entre ciudadanos y nacionales vascos divide entre vascos de primera y de segunda, lo que algunos grupos de la oposición tildaron de racista.
Ese nuevo modelo de relación es precisamente la clave de bóveda del texto. El texto que impulsan PNV y EH Bildu asienta sus fundamentos no en la Constitución, sino en Euskal Herria, «un pueblo con identidad propia» articulado en siete territorios, distribuidos en dos Estados y en tres ámbitos constitucionales diferentes. Es decir, la comunidad autónoma vasca, la comunidad foral de Navarra y los territorios vascofranceses. En el preámbulo se indica que «el titular de los derechos históricos es el Pueblo Vasco, cuya identidad nacional fundamenta su reconocida realidad jurídico-institucional».
A partir de este supuesto, el preámbulo indica que «se configurará un nuevo modelo de relación con el Estado, bilateral, de igual a igual, de respeto y reconocimiento mutuo, de naturaleza confederal», fundamentado «en el reconocimiento de ambas partes como sujetos políticos». Finalmente, prevé «un régimen eficaz de garantías que blindará el autogobierno vasco». Es decir, salta por encima de la Carta Magna y, además, los nacionalistas pretenden obviar el control del Tribunal Constitucional. Alertados ante lo ocurrido en Cataluña con el artículo 155, reclaman un nuevo sistema para resolver conflictos competenciales eliminando «mecanismos de suspensión unilateral de normas e intervención de la autonomía». Además, se alude al derecho a decidir de la ciudadanía vasca a través de sus representantes, pero también directamente «en distintas modalidades de consulta y/o referendo».