El Consejo del Poder Judicial acusa a Catalá de crear «desconfianza institucional»
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El ente de gobierno de los jueces denuncia que el Ministerio de Justicia intentó interferir para que no se diesen datos de la huelga del día 22
31 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El titular del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, es el primer ministro reprobado por el Congreso de los Diputados, por entorpecer la investigación de casos de corrupción. Asociaciones de jueces y fiscales pidieron su dimisión por sus ataques al tribunal responsable de la sentencia de La Manada y «su intromisión en la labor jurisdiccional».
Y ahora es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el órgano que lo acusa de generar un «clima de desconfianza institucional» por haber ordenado silencio informativo a los secretarios de juzgado sobre la jornada de huelga de jueces y fiscales. Es decir, que no dieran detalles del número de actuaciones suspendidas a causa del paro.
El CGPJ, en una nota hecha pública ayer, lamenta esos hechos y anuncia que exigirá a Justicia, a través de su presidente, Carlos Lesmes, que no se repitan esas actuaciones. El órgano de gobierno de los jueces comunica así el acuerdo alcanzado por su comisión permanente, su órgano ejecutivo, «tras tomar conocimiento del escrito suscrito por los presidentes de dieciséis de los diecisiete tribunales superiores de Justicia -todos menos el del País Vasco- dando cuenta de la negativa de algunos secretarios de gobierno a facilitar información sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales».
La comisión permanente considera que «no contribuyen al buen funcionamiento de la Administración de Justicia la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia» a estos funcionarios, lo que constituye una injerencia. Y se queja de que las instrucciones del departamento que dirige Catalá «han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este consejo». Dichos acuerdos preveían que los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia debían «recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales». Insiste el CGPJ en que «estas actitudes originan un clima de desconfianza institucional insólito hasta el momento presente».
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reunida ayer en una convocatoria extraordinaria, calificó de «interferencia» por parte de Justicia la actitud del ministerio.