Dos de los consejeros elegidos por Torra, implicados en la causa judicial del 1-O

La CUP acusa al presidente de claudicar ante el Estado con los cambios en su Gobierno

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barcelona / colpisa

Un día más y lo que parecía que se encaminaba a un Gobierno catalán que recuperase la normalidad institucional ya no está tan claro. El presidente Quim Torra evitó el martes incluir en su equipo como consejeros a políticos presos y huidos, pero sí mantuvo a dos dirigentes con causas judiciales abiertas. Se trata de Miquel Buch, virtual titular de Interior, investigado por su defensa del 1-O desde la entidad ACM (Asociación Catalana de Municipios), y Jordi Puigneró, que está investigado por la organización del referendo ilegal, desde su anterior puesto de secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital.

Puigneró fue citado como investigado por la Guardia Civil, siguiendo directrices del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, por los presuntos delitos de desobediencia, malversación y revelación de secretos cometidos respecto a la organización del referendo ilegal. Los agentes creen que participó en la gestión del censo electoral para el 1-O. Pese a todo, con la aplicación del artículo 155 no fue cesado de su cargo en la Secretaría de Telecomunicaciones. Por su parte, a Buch lo han identificado como uno de los hombres que estuvo montando barricadas para impedir el acceso de los vehículos de la Policía Nacional y Guardia Civil a los centros de votación el día del referendo ilegal.

Entretanto, el independentismo más radical puso ayer el grito en el cielo, ante lo que considera una traición por parte de Quim Torra a la causa secesionista por haber renunciado a restituir a los cuatro exconsejeros que están en prisión o huidos en el extranjero. Para la CUP, formación de la que dependerá la estabilidad del Ejecutivo autonómico, Torra se «ha bajado los pantalones», «ha claudicado de manera absoluta» ante el Estado y ha «renunciado al mandato del 1-O y del 21D». Un sacrilegio para los anticapitalistas, a los que Torra concedió el papel de guardianes de las esencias republicanas durante su discurso de investidura.

El presidente de la Generalitat les pidió que le vigilaran por si tenía tentaciones autonomistas y los antisistema le sacaron ayer la primera tarjeta amarilla de la legislatura. «No puede ser que la política en Cataluña venga determinada por lo que diga el aparato del Estado», afirmó el diputado Vidal Aragonés. «Ante esta regresión de derechos, renunciar nos aleja de la construcción de la república y, lejos de ir sumando, acatar decisiones significará retrasar este proceso», añadió. «Este gobierno no sirve para defender la república», remató. La CUP cree que la Generalitat debía haber llamado a la ciudadanía a defender la república, tras su proclamación el pasado 27 de octubre y en la medida en que no lo hizo, inició una serie de renuncias, que «alejan» del objetivo de los secesionistas de tener un Estado independiente. La CUP favoreció, con su abstención la investidura de Torra, pero arranca la legislatura desde la oposición, lo que complica la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo, que solo tiene 65 votos seguros (sobre 135) y que corre el riesgo de perder numerosas votaciones parlamentarias.

Junto a la CUP, quien ha alzado la voz crítica contra Torra es la ANC, que considera que el nuevo presidente de la Generalitat «ha agachado la cabeza» en sus primeros pasos como mandatario.

Querella contra Turull por ceder sus bienes a su mujer para evitar embargos por el «procés»

La Fiscalía Superior de Catalunya se querelló contra el diputado de JxCat en el Parlamento catalán y exconsejero de la Generalitat Jordi Turull y su esposa por un presunto delito de insolvencia punible al donarle casi 100.000 euros con el «evidente propósito y finalidad de intentar eludir el futuro embargo de su patrimonio» a consecuencia de los procedimientos judiciales que pudieran afectarle por el proceso soberanista.

En la querella, presentada ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se recoge que el 8 de junio del 2017 Turull hizo una «donación pura y simple» ante notario a su esposa de la mitad indivisa de una vivienda de la que él era propietario al 100 % en Parets del Vallès (Barcelona), y de su mitad de la cuenta corriente común, operaciones por un valor total de más de 96.000 euros.

La Fiscalía considera que el diputado «se concertó con su esposa para desprenderse de la mayor parte del patrimonio inmobiliario y activos financieros y aparentar con ello una situación de insolvencia», para esquivar posibles pagos por procedimientos judiciales vinculados al proceso soberanista.

Por eso, les considera presuntos autores de un delito de insolvencia punible: Turull en concepto de autor directo y su esposa como cooperadora necesaria. Turull, que se encuentra en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Estremera, alegó razones de salud para justificar la cesión de bienes, ya que padece problemas respiratorios.

Millo dice que Torra no lo saluda ni le coge el teléfono

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, acusó ayer al presidente de la Generalitat Quim Torra de «ser un maleducado», de no cogerle el teléfono y comportarse «como un niño pequeño de patio de colegio», después de que, dijo, le diera la espalda y le negara el saludo en un acto en que coincidieron. Millo denuncia que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, mantiene una actitud parecida con él. «Y luego hablan de diálogo», ironizó.

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