«Decepción» e «indignación » tras dictarse la libertad provisional para la Manada

La Audiencia de Navarra decretó una fianza de 6.000 euros para los cinco condenados


redacción / la voz

Fue como una bofetada en la cara para las asociaciones de mujeres que ya en abril habían salido a la calle para protestar contra la sentencia que condenaba a los cinco miembros de la Manada por un delito de abuso sexual «con prevalimiento», y no de agresión sexual, a una joven madrileña en los sanfermines del 2016. Pero ayer, tras trascender que ese mismo tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra les había concedido la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros y medidas cautelares, su sensación fue de «decepción» e «indignación» ante algo a lo que no daban crédito. Además, advertían de que la decisión supone «un riesgo» para las mujeres y para la víctima, así como una «afrenta» al producirse «en vísperas de los Sanfermines» del 2018.

No era la primera vez que los abogados de la Manada pedían la libertad provisional para sus defendidos, pero han tenido que esperar hasta ayer para que el mismo tribunal que en abril los condenó a nueve años de cárcel por un delito de abusos les concediera la libertad provisional hasta que no haya una sentencia firme, como adelantó Efe.

El auto de la Audiencia Provincial de Navarra, que al cierre de esta edición aún no había trascendido, contó con un voto particular discrepante del presidente del tribunal, José Francisco Cobo, quien abogó por la prórroga de la prisión provisional sin condiciones. Por contra, Raquel Fernandino, que en abril votó a favor de la condena, mostró ahora su apoyo a la libertad provisional, al igual que el magistrado Ricardo González, quien el pasado abril emitió un polémico voto particular en el que pedía la absolución.

Entre las medidas cautelares que les han impuesto para poder salir en libertad está la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado correspondiente de su localidad de residencia, además de prohibirles entrar en la comunidad de Madrid, lugar en el que vive la víctima, o mantener cualquier tipo de comunicación con ella. También se les retirará el pasaporte y les queda prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial.

Rechazo en Pontevedra a la libertad de La Manada Decenas de personas se han manifestado frente a la Audiencia provincial tras la decisión que deja en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco jóvenes sevillanos condenados por un delito de abusos sexuales con prevalimiento en 2016.

José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza habían ingresado en la cárcel el 7 de julio del 2016, horas después de haber cometido el delito en un portal de la capital navarra. La vista sobre la prórroga de la prisión o su libertad condicional se celebró el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Pamplona al cumplirse el próximo 7 de julio dos años de su encarcelamiento, que es el máximo legal para esta situación provisional. Cuatro de los condenados (Escudero, Cabezuelo, Guerrero y Prenda) tienen pendiente un juicio por los abusos en un coche a otra chica en Pozoblanco, en mayo del 2016.

Durante esta vista, tanto la fiscalía como la acusación particular ejercida por la víctima y las acusaciones populares (el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) solicitaron la prórroga de la prisión provisional, mientras que las defensas de los condenados pidieron su puesta en libertad al entender que no se daba ninguno de los supuestos para mantenerlos en la cárcel y que son riesgo de destrucción de pruebas, de reiteración delictiva o de fuga. Al cierre de esta edición, desde el despacho contratado por la joven madrileño no habían realizado declaraciones al no conocer los detalles del auto.

La USC remite a la Fiscalía el expediente al profesor Luciano Méndez

La Universidade de Santiago ha remitido a la Fiscalía el expediente abierto al profesor Luciano Méndez por las declaraciones grabadas en vídeos en las que denigraba a la víctima de la Manada y defendía a los condenados.

La investigación de la USC concluyó que la institución no podía tomar ninguna medida al respecto por haberse hecho dichas grabaciones en el ámbito privado, pero las puso en conocimiento de la Justicia por si fuesen constitutivas de un delito. El profesor ya fue sancionado en su momento por el conocido caso del escote, de ahí que colectivos estudiantiles hayan pedido su inhabilitación al no resultar esta la primera vez que desata la polémica.

Las opiniones vertidas en su día por este docente en redes sociales a través de varios vídeos generaron un fuerte malestar entre colectivos feministas y estudiantiles, que se manifestaron ante la USC para pedir la expulsión del profesor por su conducta en las redes.

El grito de «¡no es abuso, es violación!» toma de nuevo la calle

No ha habido que esperar a conocer los detalles del auto dictado por los tres magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra para que cientos de personas volvieran a tomar las calles de diferentes ciudades de España con el mismo grito que se escuchó el pasado mes de abril: «¡No es abuso, es violación!». La diferencia es que esta vez fue en protesta por la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros decretada para la Manada. Y no solo la sociedad civil reaccionó, también lo hicieron los políticos, quienes mostraron su preocupación por la alarma social que ha generado la decisión. Eso es algo en lo que coincidieron también expertos en Derecho Penal y Penitenciario como Carlos García Castaño o la catedrática María Acale Sánchez, que advirtieron poco después de conocer la resolución que, aunque el dictamen de la Audiencia Provincial se ajusta a derecho, va a generar una «alarma importante» en la sociedad.

Y no hubo que esperar más que unas horas para comprobar que tenían razón. La plaza del ayuntamiento de Pamplona volvió a llenarse al grito de «¡no es abuso, es agresión, nosotras te creemos!». Además, una pancarta con el lema «somos mujeres: no vamos a parar» fue desplegada en la plaza, justo antes de trasladarse a enfrente del palacio de Justicia. En Barcelona, cientos de mujeres se concentraron ayer por la tarde en la plaza Sant Jaume; en Bilbao, uno de los lemas que se podían leer en la plaza Unamuno era «¡no a la cultura de la violación!»; en San Sebastián, miles de personas participaron en una cacerolada que recorrió varias calles con el lema: «No habrá quien juzgue nuestra palabra. Basta ya de justicia patriarcal».

En Galicia, una de las ciudades donde la respuesta fue más rápida fue en Pontevedra. Allí se concentraron un buen número de manifestantes que se autodenominaron la Manada para gritar contra la justicia patriarcal. Hubo palmas, bastante emoción. En Santiago, la concentración en la Praza 8 de Marzo fue multitudinaria. Discurrió por las principales calles de la ciudad hasta llegar al casco antiguo. También acudieron centenares de coruñeses a la zona del Obelisco, donde se lanzaron gritos como «¡estamos fartas de ser violadas!».

En Ferrol, unas 300 personas protestaron ante las puertas del juzgado con lemas como «para cambiar o mundo hai que acabar coa violencia machista» o «se tocan a unha, tócannos a todas». En Ourense, se concentró medio centenar de personas en la Praza Maior y posteriormente colgaron unos muñecos alusivos a los miembros de la Manada en una pasarela peatonal en el río Miño.

La decepción que sobrevoló las calles también tocó los despachos. En su cuenta personal de Twitter, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, rogó que se entienda que «como Gobierno» no puede valorar esta decisión judicial, a pesar de la alarma social que genera con manifestaciones en las calles y remitió a la lectura hoy del auto para saber la razón por la que han llegado a este resultado.

Podemos denunció el «sesgo machista de la Justicia», mientras el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en un mensaje en Twitter calificó de «preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme». Desde el PP, su secretario general en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, apeló a respetar las decisiones judiciales, «gusten más o menos».

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